A través de sendos comunicados la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS) y la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM), las dos entidades que agrupan a la totalidad de las unidades académicas dedicadas a enseñanza de la comunicación en el país, expresaron su apoyo a la decisión adoptada por el gobierno nacional a través del DNU 690/20 resolviendo declarar como "servicios esenciales y estratégicos en competencia" a la telefonía móvil, la conectividad a Internet y la televisión, congelando las tarifas hasta el próximo 31 de diciembre. El pronunciamiento de las dos redes constituye en contundente respaldo del mundo académico vinculado a la comunicación a la decisión del presidente Alberto Fernández.
En ambas declaraciones se resalta el carácter de derecho humano que reviste en la actualidad el acceso a estos servicios lo cual, sostiene FADECCOS, "requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables a la totalidad de los y las habitantes de la Nación", para lo cual "el Estado debe arbitrar los recursos normativos para su efectivo cumplimiento".
Según REDCOM "hoy, los derechos a la educación, a la cultura, al trabajo, a la libre expresión y a la asociación, entre otros, se ejercen en su mayoría mediados tecnológicamente y para ello se utilizan servicios comunicacionales que son prestados en condiciones monopólicas en algunos casos, oligopólicas o con profundas asimetrías entre prestadores en otros, y con enormes inequidades de calidad, costo y alcance en función de la radicación geográfica de los usuarios y usuarias".
"La definición de servicio público es reconocida por los principales países del mundo sobre el entendimiento de que es el Estado quien debe velar por la continuidad, adaptabilidad y universalidad de los servicios que afectan a la totalidad o a la gran mayoría de la población", sigue diciendo REDCOM en su declaración. En tanto FADECCOS subraya que "en las condiciones actuales no está garantizado el piso de conectividad que permita a la ciudadanía acceder a servicios de calidad y a precios justos en todo el territorio nacional".
Ambas entidades solicitan que se avance en la regulación los servicios de telecomunicaciones, teniendo en cuenta, dice FADECCOS, que existe una "tremenda brecha entre conectados y desconectados", principalmente si se observa que "en los más de 4400 barrios populares y villas del país, los que viven alejados de los grandes centros urbanos o la mayoría de usuarios de telefonía celular que sólo pueden acceder a servicios prepagos, caracterizan una situación de desigualdad e inequidad que requiere ser subsanada". Situación que, afirman en ambos casos, se ha visto agravada por la pandemia de la covid-19.
Se advierte también que no solo existen diferencias respecto de las consecuencias que sufren los ciudadanos en su calidad de usuarios, sino que "entre los proveedores de servicios TIC hay una enorme diversidad y desigualdades marcadas" (FADECCOS). Porque, sostiene REDCOM, "la liberalización y concentración de la comunicación en Argentina fue profundizada por el gobierno de Mauricio Macri alterando las leyes 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y 27078 Argentina Digital en un sentido acorde a los intereses empresarios y en desmedro de la ciudadanía" y, "de ese modo, se convirtió a la TV paga en Servicio TIC extrayéndola de las regulaciones audiovisuales de límites a la concentración, tarifa social, cuotas de pantalla, must carry, etc.".
Haciendo su propio diagnóstico del mapa comunicacional del país, FADECCOS sostiene que "el sector registra por una parte una fuerte concentración de grandes prestadores, uno de ellos en particular con presencia significativa de mercado, pero por otra parte más de 1200 Pymes y cooperativas que prestan servicios a poco más de un 30 % de la población distribuida en el 70% del territorio nacional" agregando que "esto genera asimetrías y necesidades diversas que deberán contemplarse".
Por último las dos entidades demandan que se trabaje en forma rápida para asegurar tarifas justas y razonables, tanto de los mayoristas hacia los prestadores como hacia el usuario final, buscando asegurar la mejor calidad del servicio, cobertura que apunte a la universalidad y garantice, dice REDCOM, "una prestación básica universal".
FADECCOS señala que durante el tiempo que dure la vigencia del decreto presidencial se genera "una oportunidad para gestar una regulación inteligente que considere las necesidades y posibilidades de los prestadores, que fije reglas claras que garanticen la prestación de servicios universales, regulares, continuos y de calidad". Y REDCOM solicita que se invite "a las empresas y cooperativas prestadoras, a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras y a las de usuarios y usuarias para avanzar en una reglamentación participativa que contemple las preocupaciones de todos los sectores afectados pero que, sobre todo, vele por los derechos de la ciudadanía". También que impulse "la articulación productiva de esta iniciativa con las experiencias de conectividad comunitaria y popular y con políticas orientadas a la equidad digital en sus vinculaciones virtuosas con el sistema educativo público".
