El 2 de julio de 1975 en pleno centro de Bahía Blanca una patota de civiles armados secuestró a Víctor Oliva Troncoso, un militante chileno exiliado tras el golpe de Augusto Pinochet. Su cuerpo acribillado con 33 balazos y rodeado por ejemplares de El Combatiente apareció horas después en el paraje “El Pibe de Oro”, en las afueras de la ciudad. Sobre su historia y sobre la persecución contra los refugiados chilenos en el sur bonaerense declaró el pastor Aníbal Sicardi, de la Iglesia Evangélica Metodista, en el juicio oral a exmiembros de la Triple A local, responsable de 24 homicidios al amparo del Estado según la acusación del Ministerio Público Fiscal. Las audiencias, que pueden seguirse por el canal de la Universidad Nacional el Sur (UNS) continuarán con la declaraciones del sociólogo Fortunato Mallimaci, que hasta su obligado exilio estudiaba y militaba en Bahía Blanca, y de un familiar de Fernando Alduvino, militante de la Juventud de Trabajadores Peronistas (JTP) asesinado un año antes del golpe de Estado.

El proceso se desarrolla en el aula magna de la UNS, en el mismo edificio donde el grupo paramilitar supo sembrar el terror de los estudiantes. Por los 45 años de demora y la muerte impune de los miembros más notorios, en el banquillo hay sólo cuatro acusados, que siguen las audiencias desde sus casas por videoconferencia. Roberto Aceituno, con arresto domiciliario, es el único acusado por un homicidio: el de David Cilleruelo, asesinado en un pasillo de la UNS el 3 de abril de 1975 por los matones que el interventor Remus Tetu contrató como empleados de “seguridad y vigilancia”. Los otros acusados de integrar la asociación ilícita, todos excarcelados, son Héctor Angel Forcelli, Osvaldo Pallero y Juan Carlos Curzio. En la etapa de instrucción está imputado también el excamarista y exagente de inteligencia Néstor Luis Montezanti, indagado hace más de dos años. La resolución de su situación procesal del exmagistrado, que según el diario La Nación cobra una jubilación de 628.510 pesos, está en manos del juez federal Walter López Da Silva.

Sicardi relató el trabajo de contención de la colectividad chilena que los metodistas hacían junto con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Oliva Troncoso, que había militado en el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y estudiaba filosofía en la UNS, fue secuestrado a plena luz del día e introducido en una camioneta blanca, a metros de “un patrullero que cortaba el tráfico”, según una testigo. Horas después supo del ingreso de una persona asesinada al Hospital Municipal, se presentó pero le costó reconocerlo por lo que pidió que lo viera el pastor Guido Bello, quien confirmó la identidad. Sicardi recordó también el terror generado aquel año por un editorial del diario La Nueva Provincia sobre la presencia de profesores chilenos “subversivos” a los que el diario sindicaba de “infiltrados en la UNS”.

Luego declaró Cayetano Ursino, extrabajador de YPF y militante del SUPE, quien conoció a miembros de la Triple A. Al declarar en 2007 había nombrado a Forcelli entre los responsables de la muerte de Carlos Davit, un militante de la JUP acribillado y colgado de un puente que hoy lleva su nombre. Cuando el fiscal Pablo Fermento le preguntó si ratificaba sus dichos el testigo pidió garantías y contó que un año después de aquella declaración le incendiaron su casa. La ratificó tras la advertencia de que declaraba bajo juramento y que podía ser imputado por falso testimonio.

Tres testigos declararon sobre los asesinatos de José Surace, Julio García y Gabriel Ganuza, militantes de la JUP y estudiantes de geología secuestrados la madrugada del 6 de diciembre de 1975 de un pensionado en calle Zapiola. Rodolfo García recordó que esa noche iban a juntarse a estudiar pero él finalmente no fue. Se explayó sobre el clima de efervescencia de aquellos años, la militancia en el centro de estudiantes de geología y el terror que sembraron los matones en los pasillos de la UNS. Gladys Elvira, exnovia de Surace, recordó por videoconferencia desde Viedma que esa tarde “escuchamos por radio que había explotado una bomba” y “José contó ‘esta noche hay redada seguro”. Cerca de la medianoche la acompañó a su departamento y horas después fueron los secuestros. Atilio Casadei, compañero de pensión y testigo directo, contó que preguntaron los nombres de los cuatro y a él decidieron no llevarlo; que los molieron a golpes y robaron varios relojes. El último testigo fue el maestro y dirigente sindical Orlando “Nano” Balbo, por entonces no docente en la Universidad del Comahue, en Neuquén, donde conoció y padeció a la patota de Tetu, también interventor de esa casa de estudios.