El metro cuadrado porteño es el segundo más caro en América Latina

Desalojos, hacinamiento y un mercado especulativo: el desafío histórico del acceso a la vivienda

La ONU advirtió que se están multiplicando los desalojos a nivel global en el marco de la pandemia del coronavirus. La preocupación se replica en Argentina, donde distintos especialistas coinciden en que se siguen arrastrando problemas habitacionales estructurales. Sus propuestas para mejorar la situación actual. 
Imagen: Leandro Teysseire

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió recientemente por un “tsunami de desalojos” a nivel global e instó a los gobiernos a que implementen medidas para evitar que las personas se queden sin hogar en el marco de la pandemia del coronavirus. Ante esta situación y en medio del conflicto planteado sobre la toma de tierras, surge una incógnita: ¿cómo se ubica la Argentina en relación al problema mundial del acceso a la vivienda?

“Las prohibiciones temporales de desalojos en muchos países han terminado o están llegando a su fin, y esto genera serias preocupaciones de que pueda seguir un tsunami de desalojos”, señaló a la prensa el relator especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Balakrishnan Rajagopal.

En este sentido, planteó que los Estados “no deben permitir” que las personas se queden sin vivienda, ya que en este contexto de pandemia “perder el hogar puede significar perder la vida”. “Los derechos a la vida y una vivienda adecuada están intrínsecamente vinculados”, resaltó Rajagopal.

En la Argentina, la preocupación se disparó a raíz de que en las últimas semanas se multiplicaron las tomas de tierra en distintos puntos del país, con focos en las provincias de Buenos Aires y Río Negro. 

Por otra parte, el presidente Alberto Fernández confirmó recientemente la extensión del decreto 320, firmado en marzo, que prohibe los desalojos por falta de pago y pospuso los aumentos

“Estamos en medio de una pandemia y hay que entender que todos vamos a perder algo, por eso uno tiene que ser más solidario y más generoso, es decir, poder pensar al otro como persona y poder verse en el otro”, explica a Página/12 Arminda Pérez Prieto, psicóloga social de la Unión Argentina de Inquilinos (UAI).

El escenario actual reveló el problema del acceso a la vivienda como un desafío histórico y eso puede verse claramente en Argentina, donde, a diferencia de la mayoría de los países de América Latina, no se expresa de forma explícita la función social de la propiedad en la Constitución Nacional. “Acá está bastante afianzada la idea de que la salud y a la educación son derechos universales, pero no así el derecho a la vivienda”, plantea a este diario Felipe Mesel, abogado del área Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Panorama general

La Dirección General de Estadísticas y Censos registra que en la Ciudad de Buenos Aires se construyeron entre 2005 y 2018 más de 195 mil viviendas, de las cuales más del 50% son suntuosas y lujosas. En tanto, el Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL) efectuado en marzo de 2020 reportó que el metro cuadrado porteño es el segundo más caro de la región (3.003 dólares promedio), siendo superado solamente por Santiago de Chile (3.453 dólares).

Esta situación contrasta con el problema habitacional de la Ciudad, donde existen unas 138.328 viviendas ociosas, es decir, que más del 9,2% del total de las viviendas porteñas están vacías, según un estudio del Instituto de Vivienda de la Ciudad realizado entre septiembre 2018 y mayo 2019 con la colaboración de organizaciones como ACIJ y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Este mismo trabajo indica, a su vez, que más de 300.000 personas viven en villas miseria y asentamientos de emergencia y que más de 7.500 se encuentran en situación de calle. También señala que el 35% de los hogares alquila su vivienda en condiciones libradas al mercado y pagan de alquiler una importante porción de su salario.

A nivel nacional, la Encuesta Permanente de Hogares llevada a cabo en el segundo semestre de 2019 arrojó que 1,5 millones de hogares viven hacinados, mientras que 1,7 millones son hogares inquilinos y 1,6 millones corresponden a hogares informales (villas y asentamientos).

Medidas de emergencia

En general, los especialistas celebran tanto la nueva Ley de Alquileres sancionada dos meses atrás, como la extensión del decreto que buscó frenar los desalojos. No obstante, advierten que es necesario comenzar a supervisar el cumplimiento de este último, ya que se están multiplicando los desalojos informales, al tiempo que los formales se están acumulando en los tribunales de justicia.

En este sentido, Ricardo Botana, Presidente de la UAI, sugiere que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat implemente en forma conjunta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos espacios de mediación que puedan resolver las diversas complicaciones que surgen a lo largo del contrato de alquiler para evitar que las parten lleguen a instancias judiciales.

Eduardo Reese, Director del área Derechos económicos sociales y culturales del CELS, propone por su parte establecer medidas regulatorias de los alquileres, pero también llevar adelante un programa de alquiler social que amplíe la oferta para los sectores populares y sectores medios.

También considera que es urgente establecer un plan que brinde respuesta a los sectores que se está quedando afuera de su vivienda, y que en gran parte -no totalmente- están engrosando la toma de tierras actuales. Mesel, por su parte, sostiene que en la Ciudad de Buenos Aires se podría haber implementado al inicio de la cuarentena algún programa de viviendas transitorias a corto plazo para las personas en situación de calle.

Políticas públicas de mediano plazo

Reese piensa que el nuevo programa Procrear es parte de la solución gracias a que alcanza a una gran cantidad de familias, aunque señala que está dirigido a personas que tienen trabajo formal y alguna mínima capacidad de ahorro, por lo que también deja afuera a otro grupo de la población más numeroso.

“Hay que poner en marcha programas de provisión de lotes con servicios y de mejoras o ampliación de las viviendas existentes que tengan una fuerte raigambre en las cooperativas populares, mutuales y grupos de familia que han vivido toda la vida de la construcción”, precisa el experto.

Siguiendo esta línea, argumenta que los grupos asociativos tienen la capacidad de reactivar el sector de la construcción en menos tiempo, mejor calidad y menores costos que las grandes empresas. Asimismo, se debería pensar alguna ley específica para estos sectores de la economía popular, ya que suelen tener complicaciones burocráticas para vender sus productos.

Otro sector que habría que intervenir es el mercado de los materiales de la construcción, ya que debido a su carácter oligopólico -está conformado por no más de doce grandes empresas- tiene una gran capacidad para formar precios. “Lo que sale hoy una bolsa de cemento es absolutamente vergonzoso respecto del salario medio en el país”, ejemplifica Reese.

El problema de fondo

Tanto Mesel como Reese resaltan que cualquiera de estas medidas va a caer en saco roto sino se atiende el problema de fondo del acceso a la vivienda, que consiste en intervenir en un mercado inmobiliario de fuerte carácter especulativo.

“Históricamente el Estado argentino ha buscado garantizar el acceso a la vivienda a través del subsidio a la demanda, o sea generando sistemas de créditos hipotecarios para que puedan acceder al mercado del suelo los sectores de la sociedad que de otra manera no podrían. Eso siempre terminó provocando un aumento general del suelo y terminan ganando los que ya son propietarios en lugar de los que acceden al crédito”, advierte Mesel.

“El problema de la tierra es lo más grave porque el especulador no aporta absolutamente nada a la economía. El programa Procrear anterior fue destruido en gran parte por los propietarios de suelo que cada vez que había un sorteo de Procrear levantaban el precio del lote al doble”, agrega Reese y plantea que el Gobierno Nacional debería de ponerse de acuerdo con los gobernadores de las provincias para que estos aumenten los impuestos inmobiliarios.

Mesel opina que en las políticas habitacionales también es importante la gestión democrática, es decir, que haya procedimientos de participación y toma de decisión populares para que todo no dependa de un mercado inmobiliario librado a su suerte.

Finalmente, subraya que no hay que dejar de tener en cuenta la relevancia de la localización de la propiedad, así como la seguridad en la tenencia, que puede expresare como título de propiedad, alquiler social permanente o derecho de uso. “Hay un montón de derechos que no han sido explorados debido a nuestra cultura legal y al imaginario en relación al derecho de propiedad”, concluye el especialista.

Informe: Marcos Bentancourt

Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ