Los nombres de Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun están estrechamente ligados a la gestión Cambiemos. El primero, trasladado a la Cámara Federal a dedo por Mauricio Macri, pasó a la historia por confirmar como autómata los procesamientos contra CFK. El segundo por su responsabilidad en la oficina de escuchas de la Corte Suprema, un colador agujereado al servicio de operaciones contra la oposición, y como autor de la doctrina para justificar detenciones arbitrarias de ex funcionarios.
Junto con Pablo Bertuzzi, Bruglia integró el TOF-4 hasta 2018, cuando Macri dispuso trasladarlos a la Cámara sin concurso ni acuerdo del Senado, en reemplazo de Jorge Ballestero y Eduardo Farah, que habían revocado las detenciones de los dueños de C5N. Allí se encargaron de confirmar las decisiones contra la expresidenta que tomaban Claudio Bonadío y Julián Ercolini. Su independencia fue certificada por la pericia del celular del espía Marcelo D’Alessio, que tenía la confirmación del procesamiento de CFK en la causa de los cuadernos seis días antes de que lo firmara la dupla.
En estos días buscan evitar que el Senado revise sus designaciones. El viernes no asistieron a la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos. El motivo es “sencillo: no podían responder las preguntas que les iban a hacer”, twiteó CFK. La Comisión dictaminó rechazar el otorgamiento de sus acuerdos. Ambos jueces optaron por jugar en terreno propio y pidieron una cautelar que impida actuar al Senado, planteo que ya fue rechazado en dos instancias. La última palabra la tendrá la Corte si decide abocarse por per saltum.
Irurzun es camarista desde 1994 aunque su fama es reciente. Apenas asumió, Macri le quitó las escuchas a la Procuración y se las asignó a la Corte. Ricardo Lorenzetti le asignó la tarea a Irurzun invocando un sorteo que nunca se c´onfirmó. En 2017 le extendió el mandato por tres años y la Corte amplió las facultades de la oficina, que se transformó en una central de inteligencia ad hoc. Su gestión coincidió con un tsunami de filtraciones a la prensa amiga del gobierno. En octubre de 2017 creó la doctrina de las “relaciones residuales” para justificar detenciones arbitrarias de ex funcionarios kirchneristas.
