Periodistas de la ciudad de Orán denunciaron que muchos vecinos fallecidos a raíz de la covid-19 van a nicho, no a fosa, “y eso no corresponde. Tienen que ir a la tierra”, fue la respuesta a esta inquietud del gerente del Hospital San Vicente de Paul, Guido Flores, quien advirtió sobre la necesidad de controlar el tratamiento que se les da a las personas fallecidas por la pandemia. 

Ante el desconocimiento sobre el manejo de los cuerpos de las personas que fallecieron a raíz de la covid-19, los concejales del Frente para la Victoria informaron que solicitarán informes este viernes al Comité Operativo de Emergencia (COE) de San Ramón de la Nueva Orán, ciudad cabecera del departamento Orán.

El concejal Jorge Ferreyra explicó a Salta/12 que además de la duda respecto del protocolo que se sigue para el tratamiento de los cuerpos en Orán, dado que no hay servicio de cremación, está el interrogante sobre las autorizaciones para realizar los velatorios.

Señaló que el servicio de cremación más cercano para quienes tienen sepelio pago está en General Güemes, a poco más de 218 kilómetros. Pero para quienes no cuentan con sepelio pagado de antemano, “ese servicio ronda los 80 mil pesos”. La tasa de letalidad del virus en Orán supera ampliamente la media nacional. Frente a esa realidad se desconoce si se realizó un estudio ambiental con fin de “saber dónde se van a poner esos cuerpos”.

Flores se refirió también a los incumplimientos del distanciamiento social y las medidas preventivas en los velorios que se están haciendo en Orán. “El distanciamiento en velatorios debe ser fundamental. No podemos negar que se vele a un ser querido. Primero se había manejado que sean de 3 a 5 horas pero si no se entiende lo del distanciamiento se va a complicar. Tiene que estar más direccionado. Es un tema extra hospitalario que debería ver el municipio”, dijo en declaraciones al Diario El Oranense. Desde la Municipalidad no hubo respuestas a las consultas de Salta/12.

Ferreyra recordó el fallecimiento de una militante social trans en cuya despedida se reunió mucha gente sin ningún tipo de prevención. Pero afirmó que no es el único caso. “Nos llaman mucho la atención los diferentes tipos de velorios que se autorizan y no sabemos quién”, dijo el edil, añadió que por eso esperan obtener las respuestas con el pedido de informes que presentarán el viernes. 

El Pacto Fiscal y la retracción en Salud

Estos días hubo trabajadores de la salud del Hospital San Vicente de Paul que aseguraron que continúa siendo insuficiente la ayuda de la Nación, dado que de la cantidad de trabajadores enviados solo 5 son médicos, y de ellos solo 3 quedan en la institución sanitaria.

La secretaria general de ATE en Orán, Julia Pizola, reconoció que existe el malestar pero en el marco de un Hospital que también viene con una restricción de arrastre que tuvo su último retoque en 2018 y 2019, cuando el ex gobernador Juan Manuel Urtubey firmó el Pacto Fiscal con el ex presidente Mauricio Macri. 

La letra del pacto prohibía incorporar a planta permanente a los agentes estatales con situación laboral precaria. El 30% de las vacantes en la estructura de la salud del departamento Orán, unos 300 trabajadores según las estimaciones de Pizola, no fue cubierta y, por el contrario, “se dispuso un ejército de precarizados”.

Antes de la pandemia “teníamos un relevamiento de que nos hacían falta 100 enfermeros y cerca de 80 profesionales de la salud. Una entiende el esfuerzo de Nación. Pero hay mucho malestar porque llegó a destiempo”, dijo Pizola. Agregó que a esta situación se suma que la cadena de contagios entre los trabajadores “no se corta” y esta situación continúa preocupando.

En el medio, además, ante la falta de estímulos para quedarse en el interior, hay quienes en busca de mejores condiciones para vivir y capacitarse se instalan en Salta Capital y, si son de planta permanente, se “llevan el cargo”. Esto implica que las ya restringidas estructuras del interior de la provincia queden cada vez más descubiertas.