La Corte Suprema de Justicia zanjó un añejo galimatías jurídico. Decidió, en una causa iniciada por el camarista Leopoldo Schiffrin, que es válida la cláusula constitucional que estipula que los jueces nacionales deben jubilarse a los 75 años. 

Revocó el precedente “Fayt, Carlos” del mismo Tribunal, con su formación menemista. El criterio vigente hasta la semana que pasó era que la restricción etaria excedía las atribuciones de la Asamblea Constituyente de 1994. Una interpretación extrema, sofisticada, dudosa, que fue defendida a capa y espada por los cortesanos, hasta ahora.

El fallo “Schiffrin” es materia opinable, este cronista lo considera ajustado a derecho. Lo llamativo es la oportunidad que eligió el Tribunal y el activismo que puso en marcha de inmediato.

El expediente estaba “a sentencia” (en condiciones de resolverse) desde junio de 2012. Se trata de una “cuestión de puro derecho” que no exige analizar pruebas sino apenas analizar la legalidad en disputa. O sea, podía resolverse en meses, un año por exagerar.

La demora fue, pues, deliberada. Los Supremos dejaron frizar el expediente y rodearse de telarañas si los insectos resistieran el frío. Tal vez se quisieron evitar polémicas mientras Fayt seguía desempeñándose como magistrado. O darle tiempo a Elena Highton de Nolasco para ponerse a cubierto de la flamante interpretación  mediante un recurso de amparo. Son especulaciones, incomprobables. Lo cierto es que el Tribunal aplicó cronoterapia durante casi cinco años y, de pronto, se aceleró. Raro, como encendido.

No solo cambió la jurisprudencia, también ordenó (rarísima avis) publicar la decisión en Boletín Oficial. Y urgir a organismos oficiales a poner en práctica prestamente su criterio. Esto, técnicamente, es un exceso porque toda sentencia vale solo para el caso propuesto y no para otros reclamos. Claro que, mientras dure el actual elenco de cortesanos, la jurisprudencia se mantendrá. Pero no es obligatoria para tribunales inferiores en otros pleitos.

Puesto en criollo: por las motivaciones que fuera, la Corte sacudió el letargo y se pronunció de manera muy funcional a los intereses del Poder Ejecutivo que ansía homogeneizar (aún más) el Poder Judicial. Los hechos son más rotundos que las interpretaciones, predicaba Fayt.

El Ejecutivo actuó en consonancia. Le toma meses reglamentar la Ley de Emergencia Social, quiere dormir por medio año más la causa del Correo Argentino pero en cuestión de horas intimó a jueces y juezas de cierta edad a que informaran si existen sentencias a favor de su continuidad con 75 años cumplidos. Much@s  siguieron el camino elegido por Fayt, Highton de Nolasco y Schiffrin. Vari@s consiguieron decisiones firmes que los ratifican en sus cargos. De momento, parecen inmunes al cambio de jurisprudencia pero nada es seguro en el Foro, con la bulimia macrista.

De cualquier manera, hay decenas de magistrados en funciones que pasaron la edad jubilatoria propia o que están a tiro de llegar. 

La ambición macrista es evidente: copar con designaciones afines ese territorio que ya le es, en general, bastante propicio. El Judicial es el poder más conservador del Estado y la mayoría de sus integrantes comparten la ideología oficial. 

Ya hay jueces federales que transpiran la camiseta amarilla y obran como aliados del Gobierno. Abundan también en otros fueros, en todas las instancias. 

El macrismo, que pudo nombrar dos jueces (varones, desde ya) en la Corte sigue con la espina clavada: no consigue remover, violando las leyes vigentes, a la Procuradora Fiscal Alejandra Gils Carbó. 

Mientras maquina nuevas operaciones viciadas para desplazarla, se le facilitó una hendija para designar decenas de magistrados en todo el país. Es ilustrativo el ejemplo del juzgado electoral bonaerense, en el que intenta colar a Juan Manuel Culotta, cuestionado por falta de formación entre otros reproches graves. El hombre es boquense, contertulio del presidente Mauricio Macri. Y, claro que sí, ex alumno del Colegio Cardenal Newman. Un formato decadente y peligroso que podría repetirse para solaz de la Casa Rosada, en sintonía con el sector más reaccionario del Poder Judicial.