Competencia desigual por el agua y por la tierra

La Noble Cachi

El modelo countries + vid se instaló rápidamente en el Alto Valle Calchaquí como paradigma incuestionable de progreso. Casi veinte años más tarde surgen con claridad sus contradicciones. 
Vista desde Fideicomiso Las Carreras hacia La Aguada, Cachi AdentroVista desde Fideicomiso Las Carreras hacia La Aguada, Cachi AdentroVista desde Fideicomiso Las Carreras hacia La Aguada, Cachi AdentroVista desde Fideicomiso Las Carreras hacia La Aguada, Cachi AdentroVista desde Fideicomiso Las Carreras hacia La Aguada, Cachi Adentro
Vista desde Fideicomiso Las Carreras hacia La Aguada, Cachi Adentro 
Imagen: Gentileza Analía Brizuela

El paisaje cambió en Cachi con el nuevo siglo. Nuevos actores y viejos conocidos tejen una trama que pretende imponerse, sin más, sobre otra social preexistente. El último período de oro del turismo en la región llevó muchas novedades. Entre ellas, curiosos migrantes conocidos como “de amenidad y estilos de vida” interesados en comprar tierras de dimensiones y valores inimaginables en sus lugares de origen. Los cacheños se cruzaron con ellos en lo cotidiano y en espacios donde turistas o viajeros no pisaban con frecuencia. Aparecieron íconos de la burguesía rioplatense como la hija del fundador de Clarín, Guadalupe Noble, y millonarios extranjeros como el suizo Donald Hess. Completaron el variopinto desarrolladores de viñedos, de modelos turísticos-urbanos, y pocos nuevos ricos de Salta capital.

Más allá del pago chico, el proceso llegó a la vidriera mediática por sus aristas menos estéticas y amables. Lo visibilizó la brutalidad de una topadora que el 17 de diciembre de 2010 borró del mapa las humildes viviendas de un puñado de familias campesinas. Vivían por las inmediaciones de la escuela de Las Pailas desde mucho antes que Carlos Alberto Robles se hiciera cargo del ordenamiento territorial en reemplazo del anterior dueño, Antonio Ramón Rodó.

Para imaginar dónde se desarrolló el primer modelo inmobiliario country + vid en Cachi, hay que trazar una línea recta desde la puerta de Finca San Miguel hasta el Camino de las Carreras y luego subir por el angosto valle que riega el Río Las Arcas hasta el final, donde se encuentra el sitio arqueológico Las Pailas. Sobre esas 410 hectáreas con riego, la burbuja inmobiliaria comenzó en 2001. En tiempos de Rodó las subdivisiones del catastro no superaban la docena. Así lo indica el plano catastral del departamento Cachi de 1990. En tiempos de Robles, el espacio se subdividió exponencialmente. En 2020 los catastros ascienden a ciento cincuenta. Es de imaginar la presión por el riego al convivir dos usos: el productivo (pimentón, vid, frutales, alfalfa) y el no productivo con fines estéticos (regar grandes jardines en hoteles y lujosas casas).

El hilo del desalojo de 2010 es crucial porque marca un antes y un después. Siguiendo el Boletín Oficial salteño, la edición 18.486 anuncia un desdoblamiento. Se trata del catastro 2414 originalmente de doce hectáreas donado en octubre de 1983 por la familia Rodó (Antonio y su madre) con destino a la Escuela de Las Pailas. La administración de Juan Manuel Urtubey anunció la prescripción adquisitiva de una fracción de ese inmueble. La interpretación del artículo 2 sugiere que el Estado decidió conservar las dos hectáreas dónde se encuentra la Escuela, y se desprendió de las diez restantes. Quiere decir que esa superficie se sumó a lo que aún restaba comercializar río abajo. Allí se encontraban las familias, desalojadas por orden judicial pocos días más tarde. Así fue como el modo arrendatario del patrón bueno (Antonio Rodó) fue brutalmente borrado del imaginario.

Desde 2012 las comunidades se organizaron como un colectivo Diaguita Calchaquí agrupados según los lugares con conflictos. El Código Civil y Comercial vigente desde 2015 no introdujo cambios sobre el regimen registral que data del siglo XIX. El engranaje jurídico que permitió a las comunidades reclamar por sus derechos territoriales se completó en 2006 con la Ley 26.160. El resto de las piezas provienen de la Constitución Nacional de 1994 y la Ley 24.071 que vincula a la Argentina al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Por eso en 2012, el relator de la ONU informó la “canalización inconsulta del río comunitario por parte de los terratenientes, impidiendo el acceso a los miembros de la comunidad” y la “discriminación por parte de la directora de la escuela” en Las Pailas.

Después del desalojo, la Comunidad Diaguita de Las Pailas construyó una Biblioteca. En 2014, Carlos Robles colocó un portón sobre el camino justamente en ese hito. “La gente de la comunidad protestó y Robles hizo viajar a un grupo de policías desde Salta capital”, relató la abogada de la Comunidad en ese conflicto, Verónica Huber. Hubo enfrentamientos con piedras y la policía detuvo a quienes se quedaron cerca del portón (entre ellos, un menor de edad). Robles judicializó la causa que finalmente prescribió en diciembre de 2019. Fue el inicio de un proceso de penalización de incidentes.

Si Carlos Robles introdujo en el entramado social cacheño la novedad de los countries, si el turismo colocó a Cachi en la mira de curiosos migrantes, Guadalupe Noble instaló en Cachi la novedad de los discursos sociales del post capitalismo. Esos raros migrantes nuevos llegaron (y llegan) en busca de paisajes prístinos, ideales, puros donde desarrollar estilos de vida soñados.

La hija de Roberto Noble fijó residencia en 2004. Desde entonces su habilidad consiste en convertir lo disperso en una masa crítica. Abrazan la proyección y la vidriera nacional que ella les ofrece. Por eso, a poco de su llegada, las familias más acomodadas de Cachi y pueblos vecinos (antiguos terratenientes y comerciantes bien posicionados) comenzaron a codearse con los recién llegados en reuniones que ella organizó en la Hostería del Automóvil Club Argentino.

En octubre de 2012, cuando presidió la Comisión Patrimonio Cachi, organizó el evento Encuentro de Miradas. Lo propuso como “el disparador y aliciente de una nueva perspectiva, donde el patrimonio cultural y natural adquiera un papel central en el diseño de la Argentina por venir”. Lo interesante es la aparición de otros actores en la escena: la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural, la asociación civil “Basta de Demoler”, y la fundación “Naturaleza para el Futuro. A Guadalupe Noble la acompañan entonces otras dos mujeres claves en el proceso futuro. Liliana Guitián, ex diputada provincial y muy comprometida con los paisajes culturales, y la arquitecta Silvia Fajre, experta en gestión cultural y patrimonial. Dato curioso, las comunidades en conflicto nunca fueron invitadas.

En 2019 Noble formó Grupo El Abra y Guitián es la vicepresidenta de la Fundación Runas, que tiene relación con la Unión Europea desde 2015, cuando ejecutó el Plan Plurianual de Agua Potable. Fue un proyecto que “apuntó a entablar alianzas estratégicas para lograr acciones consensuadas de desarrollo territorial sustentable en los municipios de Cachi y Guachipas”. Las dos asociaciones civiles confluyen hoy en el proyecto “Gobernanza ambiental para colaborar con la mitigación del cambio climático”. También cuenta con financiamiento de la UE.

Luca Pierantoni, Jefe de Cooperación de la UE en Argentina, describió el proyecto como un plan de desarrollo local ambicioso que busca prevenir el impacto del turismo en el Alto Valle Calchaquí. Sin embargo, evitó opinar sobre las comunidades con conflictos territoriales en Cachi porque aún “no hubo monitoreo externo”. Pierantoni comentó además que Liliana Guitián tiene una calificación muy positiva por su gestión en 2015. El Jefe de Cooperación estuvo en Cachi a mediados de de marzo. Participó en un encuentro organizado en el Museo Arqueológico. Sin embargo, las comunidades en conflicto tampoco fueron invitadas. Héctor Fabian, presidente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta y oriundo de Cachi, opinó que el proyecto “es uno más en una larga lista que posiciona a las comunidades como objeto de estudio”.

Desde Julio de 2019, la Dirección de Pueblos Originarios de Cachi está vacante, confirmado por Américo Liendro, intendente de Cachi. Surgió por pedido expreso de la ex-vice presidente de la Nación, Gabriela Michetti, que visitó Cachi en diciembre de 2018. Fue invitada a atender demandas de la Asociación de Propietarios de Fincas de los Valles Calchaquíes porque se consideraban “perjudicados por grupos de personas que se autoproclaman como comunidades originarias, cuando muchas de ellas no cumplen con los requisitos para ser”.

La territorialidad registral libra una agresiva batalla contra la territorialidad ancestral de los cacheños. Las montañas que también tienen dueños registrales, resultan claves para borrar los testimonios materiales de la presencia física de seres humanos antes que ellos. Poco importa si ayer usaban puntas de flecha, un hacha de piedra, pico y pala, un tractor, o si actualmente tienen celulares o una radio comunitaria. Fueron y son tecnologías.

Si hablan castellano o cacán, si completaron estudios universitarios, si son mestizos, poco importa. La batalla es contra la cosificación del ser humano, de sus actividades, espacios y lugares de vida. Como discurso que mediatiza experiencias, el turismo acrítico se encarga de generar esa transformación simbólica en la mente de muchos. Y por ahora, las comunidades de Cachi la padecen con la complicidad de las administraciones provincial y municipal.

*Periodista. Magister en gestión y desarrollo de destinos turísticos, en UVQ

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