El defensor general de la provincia, Pedro García Castiella, solicitó el restablecimiento del servicio de Justicia. Por otro lado, la fiscala penal Cecilia Flores Toranzos, emitió su dictamen de inadmisibilidad ante el Juzgado del Tribunal de Juicio Sala I, en relación al amparo constitucional interpuesto por el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia y por la Caja de Seguridad para Abogados de la Provincia. La abogada María Falconier señaló que ese dictamen perdió imparcialidad porque se manifiesta a favor de la feria judicial.
Falconier dijo a Salta/12 que el dictamen "no es vinculante para el juez interviniente, Javier Araníbar". "La fiscal contestó la demanda, cosa que no puede hacer. Se puso como parte y respondió por los demandados. Le faltó contrademandar. Consideró que ese dictamen es inválido porque ha perdido imparcialidad, está a favor de la feria judicial", afirmó. Planteó que cinco mil abogados están diciendo que no hay servicio de justicia y que esto está siendo negado por el Poder Judicial y por el Ministerio Público Fiscal.
La abogada anunció que este viernes habrá un nuevo bocinazo en Ciudad Judicial a las 11.
García Castiella dio a conocer su posicionamiento este martes y planteó la necesidad de propiciar de manera inmediata un programa de restablecimiento progresivo y cuidado del funcionamiento operativo del servicio de justicia y que esto se compatibilice con la adopción de "medidas inflexibles, eficaces e inteligentes conducentes a asegurar la salud tanto de los agentes de justicia como de los ciudadanos en general".
El Ministerio Público Fiscal emitió el dictamen "desestimatorio de la pretensión iniciada por los actores, por ser manifiestamente inadmisible, por distintas razones". Flores Toranzos, advirtió que los actores no calificaron su pretensión como colectiva, más allá de aludir a la defensa de “los derechos individuales y homogéneos de los abogados”, así como tampoco optaron por la vía de la acción de inconstitucionalidad. No obstante, dirigieron su pretensión de impugnar sólo las Acordadas N° 13175 y 13201 de la Corte de Justicia de Salta y las resoluciones N° 1079, 257 y 1173 dictadas por el Ministerio Público.
Flores Toranzos planteó que no surge que la actuación de la Corte de Justicia y del Ministerio Público se haya traducido en actos arbitrarios, ilegales ni inconstitucionales.
En cambio, señaló la fiscala, que hay una situación excepcional en atención a la pandemia causada por el coronavirus, y en este contexto, es que se adoptaron distintas disposiciones para hacerle frente y que se plasmaron en normas cuyos parámetros determinaron la adecuación del funcionamiento de los organismos del Estado.
La fiscala citó la Ley 8188, que encomienda implementar un sistema de horarios rotativos para los agentes de la Administración Pública, Centralizada y Descentralizada, para asegurar un funcionamiento ininterrumpido del servicio a su cargo evitando un inconveniente congestionamiento de personal y que invita a los poderes Legislativo y Judicial, al Ministerio Público, a los Municipios y a las organizaciones privadas a adoptar similares medidas, a fin de evitar la propagación del COVID-19. A su vez, la Ley 8206, prorroga la vigencia de la Ley 8188, que declara el estado de emergencia sanitaria en el territorio de la provincia de Salta.
Para Flores Toranzos la movilización de un gran número de personas, conllevaría "un gran riesgo para la salud pública, la vida e integridad física de aquellos, entre ellos, los justiciables a quienes el servicio de justicia está llamado a proteger". También esgrimió que en relación a la modalidad de trabajo adoptada se están priorizando los recursos tecnológicos disponibles,
Falconier insistió en que el Ministerio Público "no está viendo la realidad. La Corte de Justicia de Salta dispuso que trabajen todos los jueces pero no los juzgados, las causales siguen siendo restrictivas, tienen que ver con órdenes de pago de honorarios, embargos o acciones amparo", sostuvo. Planteó que admitir otras demandas queda a discreción de los jueces. "Mientras no saquen una resolucion que dé por terminada la feria judicial extraordinaria seguimos en ésta", dijo.
La letrada también planteó que la Fiscalía de Estado aún no contestó, "La Provincia es la que tiene que responder. Les dieron 5 días", afirmó.
García Castiella admitió que hay dificultades de acceso impuestas y que la Defensa Pública debe velar por la tutela de los derechos humanos fundamentales entre los cuales se encuentra el acceso a la justicia de los sectores vulnerables por ella representados, impactando también en las personas por ella representadas,
El defensor cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dice que ésta entiende que la justicia "es un pilar fundamental de la democracia que no puede verse suspendido o limitado en su ejercicio y funcionamiento. De este modo, el contexto de la emergencia no puede constituirse en un motivo para suspender procedimientos judiciales que permitan garantizar el ejercicio de los derechos y libertades”
Argumentó el defensor que el servicio de Justicia debe ser paulatino y progresivamente restablecido en nuestra Provincia cumpliendo tanto con el reaseguro del principio de tutela judicial efectiva como así también con las condiciones sanitarias óptimas e indispensables para asegurar el derecho a la salud y la vida de las personas.
