La Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo y la Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales se expidieron mediante un comunicado ante la presentación de un proyecto en la Cámara de Diputados para incorporar el uso de la pistolas Taser en la Policía de Salta. La iniciativa parlamentaria es de los diputados del oficialismo provincial Ignacio Jarsún y Omar Exeni y fue ingresada el jueves último.

El uso de pistolas Taser "sería un retroceso en materia de derechos humanos", aseguró la referenta de la Asociación Coca Gallardo, Marcela Gutiérrez, quien consideró que en Salta las fuerzas de seguridad "tradicionalmente" han violado los derechos humanos. "Con las Taser pueden causar la muerte, es un peligro", afirmó.  

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, también se pronunció contra la implementación de las pistolas Taser, evaluó que la Policía salteña "no está capacitada". La funcionaria lleva adelante la investigación de múltiples denuncias contra la Policía por violencia institucional.

Gutiérrez, por su parte, sostuvo que el gobierno salteño en vez de gastar dinero en más armas para las fuerzas de seguridad que se van a usar para acallar la protesta social, debería invertir más presupuesto para salud, vivienda, educación y trabajo. 

Indicó que entre 2001 y 2012 Amnistía Internacional denunció al menos 500 muertes en los Estados Unidos a causa de la implementación de pistolas Taser. También señaló que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas recomendó “abandonar el uso de armas eléctricas Taser” ya que “causa un severo dolor que constituye una forma de tortura y, en algunos casos, puede incluso causar la muerte”, según un informe de 2008. 

"El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) denunció al Estado argentino por las armas Taser ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En Colombia se produjo el asesinato de un ciudadano a manos de la policía bogotana", ejemplificó Gutiérrez. 

Para la referenta, el gobernador Gustavo Sáenz y el ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro "han demostrado que no tienen interés en respetar los derechos humanos". El comunicado de las organizaciones sostiene que la fuerza de seguridad provincial está "a cargo de un militar negacionista y pro dictadura", equipararon el uso de las Taser con el que se hacía de la picana como método de tortura "que realiza descargas eléctricas sobre las personas y, además las Taser no dejan marcas".

"Nos oponemos rotundamente al uso de las pistolas Taser en todo el territorio nacional, y llamamos a los organismos de DDHH, organizaciones sociales y políticas a sumarse al repudio", aseveraron las organizaciones. 

El diputado Jarsún dijo a Salta/12 que el proyecto para la implementación de las Taser fue presentado el jueves. "Recién tomará estado parlamentario el próximo martes", aclaró. "Hay que empoderar a las fuerzas de seguridad, no a los delincuentes", afirmó el legislador. Argumentó que la iniciativa "toma fuerza con lo que sucedió en Buenos Aires donde un policía fue asesinado por no sacar su arma reglamentaria". 

Respecto al comunicado de las organizaciones en rechazo de su propuesta, Jarsún dijo que "hoy los delincuentes tienen más derechos humanos que los laburantes, que los tipos de bien, de familia". Consideró que "los defensores de los derechos humanos deberían estar de acuerdo, porque con las Taser se puede evitar matar, hay muchísimas situaciones que podrían no pasar a mayores con estas pistolas paralizantes". 

Jarsún señaló que el proyecto debe ser analizado por la Comisión de Seguridad, de Legislación General, de Hacienda y Presupuesto y por la de Derechos Humanos. Dijo que es preciso mejorarlo llamando a especialistas y que prevé la capacitación de personal policial antes de la implementación.

"El uso de armas Taser, es un claro retroceso en materia de derechos humanos. Sumado a ello, el uso discrecional de las mismas, en manos de unas fuerzas de seguridad que han demostrado ser propensas al maltrato y la tortura y poco respetuosas de los derechos humanos, es impensable", insistieron desde las organizaciones. "Repudiamos dichos estigmatizantes, en un contexto donde se criminaliza la protesta social y se prioriza el gasto en armar a la policía,  en vez de dar soluciones a los legítimos reclamos", añadieron.