Por medio de dos decretos publicados ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional cristalizó las modificaciones a derechos de exportación y reintegros industriales y agropecuarios. “El objetivo es promover y diversificar las exportaciones de alto valor agregado, fomentar la industria y el empleo de calidad en todo el país, e incentivar la inversión en tecnología”, expresaron desde el Gobierno.

Vía los decretos 789 y 790 en el Boletín Oficial (BO), cuyas especificaciones entraron en vigencia con su publicación, se detalló que las modificaciones implican la reducción tanto de las alícuotas de bienes finales industriales al 0 por ciento, como las de insumos elaborados industriales al 3 por ciento.

“Esta medida beneficia a más de 20 sectores industriales, entre los que se encuentra el automotriz, que podrá reducir la alícuota de vehículos para las exportaciones incrementales extra-Mercosur; el de alimentación animal; de carnes; calzado; caucho y plásticos; construcción; editorial; electrodomésticos; electrónica; entre otros”, precisaron desde el Gobierno.

Por otra parte, los reintegros de exportación elevan las alícuotas de bienes finales industriales a un piso del 7 por ciento, y las de insumos elaborados industriales a uno del 5 por ciento; y alcanza a más de 20 sectores entre los que se destacan las industrias de equipamiento médico, informática, instrumentos musicales, juguetes, laboratorios, luminaria, metalmecánica, muebles, químicos, textil e indumentaria, y vitivinícola. De la misma forma, se analizó el incentivo de exportaciones industriales estratégicas para algunos sectores particulares.

Estas medidas se encuadran en la batería de anuncios que realizó la semana pasada el ministro de Economía, Martín Guzmán, que incluye una serie de compensaciones y estímulos para pequeños productores de soja y cooperativas, con una inversión de hasta 11.500 millones de pesos para ese sector; y que contempla además la inclusión de un esquema de derechos de exportación para el complejo sojero.

Para el sector minero, prevé la reglamentación de la Ley de Solidaridad Social y de Reactivación Productiva, que estableció un tope del ocho por ciento para los derechos de exportación de los metales; mientras que para el área de la construcción contempla el trabajo sobre dos proyectos de Ley para establecer beneficios impositivos para el estímulo de la inversión en proyectos nuevos, y la mejora de la sustentabilidad y la cobertura del sistema de créditos hipotecarios.