En la Argentina, muchas personas con discapacidad, especialmente mujeres, son sometidas a esterilizaciones forzadas y no consensuadas. La Ley 26.130 establece que se trata de un método anticonceptivo que, como cualquier otro, debe ser elegido por la persona, con o sin discapacidad, que lo va a emplear, y que debe dar su consentimiento informado. Pero el artículo 2 de la norma sólo habilita a personas sin restricción judicial de la capacidad jurídica, y mayores de edad, a dar el consentimiento para las esterilizaciones. Si la persona fue declarada incapaz judicialmente, la práctica debe ser solicitada por su representante legal y autorizada por el Poder Judicial. Esto lesiona el derecho de las personas con discapacidad a una vida libre de violencias basada en género, y a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con lxs demás, según reconoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La iniciativa #BastaDeEsterilizacionesForzadas, que impulsan la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), CLADEM Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), FUSA Asociación Civil y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), en el marco del “Proyecto DeSeAr con inclusión“, promueve la modificación de los artículos 2 y 3 de la ley, como un paso fundamental para erradicar estas prácticas. “En la Argentina, al igual que en otras partes del mundo, las esterilizaciones forzadas y no consensuadas son aceptadas socialmente porque se considera que las personas con discapacidad son vulnerables y dependientes y, por ende, incapaces de criar a sus hijos/as”, advierten las organizaciones en un documento conjunto. “También se alega, sin fundamento, que las esterilizaciones pueden ser efectivas para proteger a las personas con discapacidad de la violencia sexual. Cualquiera sea la justificación, se argumenta que la esterilización forzada o no consensuada se realiza ´por el propio bien´ de la persona.” Pero, además, la ley vigente tampoco es efectiva para prevenir situaciones en las que se esteriliza a personas con discapacidad sin su consentimiento, ya que no contempla sistemas de apoyo para la toma de decisiones autónomas ni salvaguardas para evitar la sustitución de la voluntad.