La jueza Capuchetti rechazó la cautelar solicitada por el fiscal

Primer revés para la denuncia de Carlos Stornelli contra Miriam Lewin

La jueza Capuchetti, al asumir en su cargo, en 2019, junto a Stornelli.La jueza Capuchetti, al asumir en su cargo, en 2019, junto a Stornelli.La jueza Capuchetti, al asumir en su cargo, en 2019, junto a Stornelli.La jueza Capuchetti, al asumir en su cargo, en 2019, junto a Stornelli.La jueza Capuchetti, al asumir en su cargo, en 2019, junto a Stornelli.
La jueza Capuchetti, al asumir en su cargo, en 2019, junto a Stornelli. 

La jueza federal María Eugenia Capuccheti rechazó el insólito pedido del fiscal Carlos Stornelli de impedir la creación de un observatorio para proteger a la ciudadanía de noticias falsas y maniobras de desinformación en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que encabeza Miriam Lewin. La magistrada consideró que el fiscal no aportó ninguna prueba “que evidencie siquiera hipotéticamente” el alegado perjuicio a la libertad de expresión, remarcó que las fake news constituyen “una gran preocupación de los gobiernos de todo el mundo”, recordó que los organismos internacionales recomiendan implementar medidas positivas para contrarrestarlas y citó a la Comisión Europea como ejemplo de las iniciativas para promover la alfabetización mediática e informacional.

La denuncia para bloquear la creación del Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales (Nodio) fue presentada el martes por los diputados macristas Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Graciela Ocaña y Jorge Enríquez, entre otros. El fiscal Stornelli, procesado por espionaje y extorsión pero aún activo en el Ministerio Público, pidió en tiempo récord la indagatoria de Lewin por considerar delictivo el anuncio. Alertó sobre “un posible abuso de autoridad y/o violación de los deberes de funcionario público”, presunta “censura previa” y un ataque a la “libertad de expresión”.

Fake news, amenaza global

Capuccheti, al analizar el pedido de cautelar, comenzó por contextualizar los hechos. “Es claro que hoy resultan una gran preocupación de los gobiernos de todo el mundo y de las organizaciones internacionales las acciones deliberadas de desinformación a través de los medios digitales, especialmente en época de elecciones”, remarcó. Citó una declaración conjunta de los relatores de libertad de expresión de la ONU, la OEA y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre la desinformación deliberada y la información errónea o manipulada con intención de dañar, la alarma por el uso indebido de las redes sociales y la preocupación de que los Estados limiten la libertad de expresión. Y recordó que la Comisión Europea creó en 2018 un grupo de expertos para contrarrestar la difusión de noticias falsas y desinformación en línea, promover la alfabetización mediática e informacional, y desarrollar herramientas para empoderar a usuarios y periodistas, entre otros fines. En resumen, “el desafío de abordar la problemática de la desinformación en línea que el Observatorio cuestionado tendría como objetivo es evidente y bastante común en diversas partes del mundo”, concluyó.

La pretensión de Stornelli

Luego analizó la presentación de Stornelli. “El fiscal, en rigor de verdad, no se encuentra cuestionando una norma o un acto en particular sino que su pretensión se dirige a evitar que cualquier organismo estatal --subrayó las tres palabras-- dicte un acto administrativo que pudiera tender a llevar adelante las actividades del Observatorio”, del cual ni siquiera precisó si fue creado.

Tras analizar los delitos invocados, la jueza reparó en que Stornelli “nada hizo para explicar por qué entiende que los hechos ocurrirían del modo en que lo dictan sus predicciones” y consideró que su pedido se relaciona más con “una preocupación de un posible uso incorrecto de las facultades” de la Defensoría “que con un perjuicio real originado en un delito”. Lejos de la alegación de que el Estado se arrogaría “la potestad de definir o calificar qué noticia o expresión pública tendría o no tal alcance malicioso”, el fiscal no aportó “ningún elemento que evidencie siquiera hipotéticamente el perjuicio alegado”, remarcó Capuchetti. Los perjuicios invocados por Stornelli se basan "en una apresurada interpretación de la norma cuestionada que incluso omite individualizar”, concluyó.


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