"Los que voten esta ley se van a estar exponiendo a un alto costo político”, sentenció la diputada Matilde Bruera (PJ) en relación a la adhesión al régimen nacional de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) que ya tiene media sanción del Senado provincial. Hay un dato por lo menos curioso: el proyecto tiene el visto bueno del Ejecutivo que conduce Omar Perotti, pero casi nadie en el bloque oficialista en la Cámara baja se muestra dispuesto a levantar la mano. También es llamativo que la adhesión cuenta con la aprobación casi completa -hay un solo legislador en duda- del Frente Progresista, Cívico y Social. En rigor, en Santa Fe el trámite lleva cuatro largos años de cabildeos y es una de las últimas provincias grandes que quedan sin adherir. El tema, junto con el Presupuesto 2021, el paquete de leyes de seguridad y la paridad de género en las listas de candidatos del 2023, componen el menú de acuerdos sobre el que oficialistas y opositores pretenden avanzar, aunque por ahora con pocos resultados.
Bruera desconfía de las modificaciones que intentaron promover algunos diputados para suavizar la ley. “Son cambios intrascendentes y finalmente parece imponerse el proyecto más duro para los trabajadores que ya cuenta con media sanción de senadores”, dijo a Rosario/12. Aseguró que el punto que más les interesa a las ART es el que indica que “si a un trabajador le reconocen 10 por ciento de incapacidad en un accidente laboral, ese trabajador sólo cobra si acuerda y no puede ir a juicio por el resto del reclamo”. En efecto, si no acuerda puede litigar pero sin cobrar por ese 10 por ciento que en principio le reconocían.
“Esta ley se lleva puesto el derecho laboral completo tal como lo conocemos. Ese derecho laboral que reconoce desde la década del 40 que las que litigan en un asunto como este no son partes iguales. Ese mismo derecho que marca claramente que al que hay que proteger es al trabajador que es la parte débil en un litigio”, ilustró la diputada y ex Defensora Oficial de la Justicia Federal.
La nueva normativa de las ART impone la obligatoriedad de las Comisiones Médicas y “niega el acceso a la justicia de los trabajadores”, asegura Bruera. Y agrega que esas comisiones médicas obligatorias “no actúan como peritos recomendando tal o cual situación, sino que directamente deciden sobre el conflicto siendo que ninguna está integrada por abogados sino sólo por profesionales de la medicina que poco entienden de leyes”.
Las estadísticas que expone Bruera son bastante claras: “De 100 reclamos que se presentan, no están aceptando más que dos o tres”, aseguró la legisladora que votará en contra de la adhesión cuando se debata el próximo jueves en la Cámara baja.
Además, los sindicatos están denunciando que las ART no cubren la salud de los trabajadores que terminan en las obras sociales y éstas después cuando reclaman los pagos, se los dilatan eternamente. Un dirigente de la UOM contó un caso concreto en Villa Constitución. “Un trabajador perdió un brazo y lo atendió la obra social de los metalúrgicos que le consiguió una prótesis y todo el proceso de rehabilitación. Cuando fueron a reclamar el pago a la ART correspondiente les respondió que sólo reconocían el pago por la amputación del miembro”.
Una de las últimas noticias sobre las ART pinta un panorama preocupante para el futuro de los accidentes laborales y la salud de los trabajadores en Santa Fe: las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART) dejaron de dar cobertura por coronavirus a todos los trabajadores y las trabajadoras, excepto el personal de salud. Para justificar la decisión, se basaron en un artículo del decreto nacional que indica que esa cobertura es obligatoria mientras dure la etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio. La provincia de Santa Fe había pasado a la etapa de distanciamiento en el mes de junio –cuando todavía no había circulación comunitaria del virus– y por ese motivo las ART dejaron de cubrir los tratamientos a los afiliados con covid.
“Planteamos en el Ministerio de Trabajo de Nación que las ART no están cubriendo el coronavirus en Santa Fe”, informó el secretario de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri. “Por normativa nacional, el covid-19 es considerado en la práctica una enfermedad profesional, creando una presunción en tal sentido. Se recibieron reclamos, principalmente de las entidades sindicales, haciendo saber que las aseguradoras, recurriendo a tecnicismos, están rechazando las denuncias de trabajadores contagiados”.
