El INAI señaló que sus carpetas “son un resguardo a la ocupación ancestral”

Una fiscala acusó a un indígena de “usurpar” su propio territorio

El director de Asuntos Jurídicos del INAI expresó al procurador general de la provincia la preocupación de las autoridades nacionales por el accionar de fiscales en conflictos territoriales que involucran a pueblos originarios.
Nelson Campos con otros referentes comunitarios junto al cartel que testifica el relevamiento del INAINelson Campos con otros referentes comunitarios junto al cartel que testifica el relevamiento del INAINelson Campos con otros referentes comunitarios junto al cartel que testifica el relevamiento del INAINelson Campos con otros referentes comunitarios junto al cartel que testifica el relevamiento del INAINelson Campos con otros referentes comunitarios junto al cartel que testifica el relevamiento del INAI
Nelson Campos con otros referentes comunitarios junto al cartel que testifica el relevamiento del INAI 

Nelson Campos, presidente de la Comunidad del Pueblo Wichí El Algarrobal, ubicada en la periferia de Pichanal en el departamento Orán, fue citado para hoy a las 12 a la Fiscalía Penal de Pichanal, a cargo de Maria Sofía Fuentes, para “prestar declaración de imputación por el delito de S/ Usurpación”, dice la notificación. Se lo acusa de usurpar el territorio de su comunidad, ya relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Provincia de Salta.

La comunidad Honat Le Les (Hijos de la Tierra), de Embarcación (municipio del departamento General San Martín), denunció la incursión en su territorio de personas autorizadas por el titular registral, Jorge Ortega Velarde, para sacar madera. Quienes ingresan son acompañados por policías a quienes el titular registral les paga adicionales para “cuidar” los trabajos, en los que se ven máquinas que abren caminos. El temor de la comunidad, que también cuenta con el relevamiento del INAI, es que el objetivo final sea alambrar su territorio.

La comunidad del Pueblo Guaraní Taperigua Flor del Arete Guasí, de Tartagal (otro municipio de General San Martín), fue violentada por una persona que se dice dueña de las tierras. En este caso la abogada María Cecilia Jezieniecki hizo un descargo ante las autoridades policiales en el que sostiene que las tierras están relevadas por el INAI y afirm que no se puede actuar en contra de la comunidad, algo que había sucedido con antelación.

En los tres casos (los conocidos recientemente), instituciones como la Policía y algunas fiscalías del norte parecieran desconocer lo establecido por la ley 26.160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, que dispone el relevamiento de los territorios de uso ancestral de los pueblos originarios. 

Respecto de la situación puntual de El Algarrobal, el director jurídico del INAI, Julián Fernández Duarte, mantuvo una conversación con el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, con el propósito de determinar políticas que apunten al reconocimiento del marco normativo cuando se trata de comunidades originarias.

“Si bien la carpeta de relevamiento no es un título ni transfiere la propiedad dominial, hace un resguardo de la ocupación y los usos del territorio en el marco de una emergencia territorial que se arrastra desde hace mucho”, dijo Fernández Duarte a Salta/12 al explicar la importancia de estas carpetas.

Añadió que la ley 26.160 es de orden público y “debe ser cumplida a rajatabla”. Además, al haberse hecho los relevamientos en conjunto con los equipos técnicos de la Provincia, las resoluciones no tendrían que ser objetadas. En cuanto a los titulares registrales, dijo que “siguen teniendo el dominio pero el territorio se encuentra resguardado para el uso indígena”.

Denuncia contra El Algarrobal

Hace dos semanas los miembros de la comunidad wichí El Algarrobal empezaron a limpiar parte del territorio reconocido en un relevamiento que data de 2018. “La idea es poder sembrar para poder sobrevivir”, dijo Campos al hablar con este medio.

Fue entonces que “aparecieron los supuestos dueños que vienen hostigando con la Policía”, y mencionó entre ellos a Noelia del Valle Inda y Rodrigo Novotni, a su vez, presuntos autores de la denuncia de usurpación contra la comunidad. Sin embargo, la matrícula 15.076 tiene reconocido como titular registral en la Dirección General de Inmuebles a Jorge Enrique Fares.

“La primera vez que llegó la policía lo hizo sin ningún papel escrito y solo le dijeron a Nelson que estaba acusado por usurpación”, contó Jocha Castro Videla, dirigente del Movimiento Evita en Pichanal. Aseguró que acompañó la semana pasada a Campos y al cacique de la comunidad, Gabino Acosta, a la comisaría para “ver cuál era la denuncia y solo nos dieron los números de expedientes, pero sin más información”. Los miembros de la comunidad volvieron a limpiar su territorio y “llegó la supuesta dueña con cinco policías, esta vez de la Brigada de Investigaciones”. Las autoridades de la Comunidad junto a Castro Videla volvieron a la Comisaría llevando notas del Fernández Duarte, de la diputada nacional Verónica Caliva, del delegado de la Secretaría de Agricultura Familiar, Indígena y Campesina (SAFCI), Ignacio Garzarón, más el relevamiento y su cartografía y la ley impresa pero “no nos recibieron nada”.

A principios de la semana la Comunidad decidió poner un cartel para identificar el territorio demarcado por el INAI como de uso ancestral. El lunes a la noche nuevamente fue la Policía para decirles que el conflicto estaba judicializado. El referente del movimiento Evita junto a Campos y Acosta volvieron a la Comisaría. “Pero ahí directamente nos quisieron pintar los dedos”, dijo Castro Videla. Llamaron entonces a Fernández Duarte, quien tuvo que explicar a la Policía que para identificar solo precisaban el DNI de cada una de las personas. “Recién ahí es que nos dieron la notificación de imputación” contra Campos, contó el referente del Movimiento Evita.

Para hoy, se prevé que en la audiencia de imputación Campos sea representado por el abogado y referente de HIJOS en Salta, Martín Plaza.

Las repercusiones

Los legisladores nacionales del FpV Lucas Godoy, Verónica Caliva y Sergio Leavy, junto a legisladores provinciales y organizaciones políticas y sociales adhirieron a un comunicado en el que denunciaron el accionar de la fiscala Fuentes “que al servicio de intereses espurios pretende desalojarnos de nuestras tierras”, indica el escrito que lleva la firma de los referentes originarios.

“Atento a las distintas acciones policiales y judiciales ocurridas recientemente en las provincias de Salta y Jujuy, tendientes a desafectar de la posesión comunitaria y ancestral campesina e indígena a distintas comunidades originarias de la región, manifestamos nuestra profunda preocupación ante las situaciones de desalojo sucedidas violatorias al artículo 2 de la ley nacional 26.160 y a los instrumentos nacionales e internacionales en los cuales se sustenta. De la misma forma, declaramos la importancia de que el Estado Nacional arbitre los medios necesarios para poder agilizar y ejecutar los relevamientos territoriales aún pendientes y en curso”, señala un Proyecto de Declaración presentado por la diputada nacional por Salta, Alcira Figueroa (FpV). En una publicación en las redes sociales la legisladora denunció que “son terribles los atropellos sufridos por la comunidad wichí Yokwepehen, por la comunidad kolla de Tusca Pacha de Los Alisos (en Palpalá, Jujuy), la comunidad wichí El Algarrobal, y la comunidad originaria Diaguita Kallchaki La Aguada”.

La delegación salteña del Instituto Nacional contra la Discrminación (INADI), en tanto, mantuvo un encuentro virtual y se conformó una Mesa de Diálogo entre comunidades originarias y el gobierno de la provincia. Se informó que la reunión “permitió a las comunidades expresar sus preocupaciones respecto a las problemáticas que viven a diario, como la falta de acceso al agua, a la tierra, a los servicios de salud, de vivienda y educación. Como así también la necesidad de contar nuevamente con las instalaciones del Centro de Recuperación Nutricional del Hospital de Tartagal”.

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