Fiscalía y querellantes piden prisión perpetua para dos policías acusados de un homicidio, en el marco de un caso de violencia institucional, cometido en 2014. La audiencia preliminar contra Omar Dal Lago y su hijo Omar Jesús tiene fecha para el 6 de noviembre, cuando el juez Hernán Postma analizará la prueba que busca llevarlos a juicio por el crimen de Michel Campero, en Granadero Baigorria. La causa tuvo un intrincado camino judicial, en el que la versión policial apuntó a un hecho de legítima defensa, pero a mediados del año pasado la Cámara Penal le dio un giro y procesó a uno de los policía implicados en el homicidio. Esa decisión llegó un mes después de que la propia Corte provincial anulara el sobreseimiento del agente que, junto con su padre --que ya estaba imputado-- quedaron formalmente acusados de "homicidio calificado por ser cometido abusando de su cargo y función como miembro de la fuerza policial y por uso de arma de fuego".

El crimen de Campero, de 18 años, ocurrió el 6 de enero de 2014, durante una persecución que iniciaron Dal Lago padre, que era jefe de la Brigada de Orden Urbano en Rosario, y su hijo, en su auto particular y estando franco de servicios, tras el supuesto robo de una moto, propiedad de uno de ellos, expresa la acusación de la querella. La causa corresponde al anterior sistema procesal penal, por lo que pasó por varios juzgados y fiscalías. Ahora, quedó en manos del fiscal de Violencia Institucional Gonzalo Fernández Bussy, que presentó la acusación; al igual que la querella del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), que representa a Marisabel Bauer, mamá de Michel.  

En el inicio de la investigación, los policías fueron imputados por el delito de homicidio calificado, pero meses después fueron sobreseídos por haber alegado legítima defensa, ya que dijeron disparar para repeler tiros. La Cámara Penal ordenó que se revisara esa decisión y en 2016 Dal Lago padre fue procesado por "exceso en la legítima defensa", mientras que su hijo seguía desvinculado. Con un recurso de la querella, el caso llegó a la Corte, donde el año pasado se anuló el fallo y se ordenó que vuelva a la cámara, donde se abrió el camino para la acusación contra ambos, como coautores. 

En su acusación, la querella plantea que el hecho fue cometido "por dos funcionarios policiales, que habrían ejecutado a la víctima con la finalidad de ejercitar justicia por mano propia", ya que "salieron a perseguir a Campero luego de un supuesto robo de una moto, propiedad de uno de ellos. Entablaron la persecución en su auto particular, desde donde efectuaron varios disparos en dirección a la víctima, quien huía junto a otro muchacho que se trasladaba en otra moto. La secuencia finalizó con Campero perdiendo el control del rodado, producto de la herida de bala mortal, cayéndose al piso después de haber rozado la parte de atrás de un colectivo al tratar de cruzar una esquina. Allí recibió un nuevo disparo de parte de los agentes". 

Además, hablan de un proceso en el que "opera la criminalización de la víctima a partir de un relato policial que no es puesto en crisis por el sistema de justicia. Ambos policías declararon haber disparado en legítima defensa, ya que según ellos, les habrían disparado primero". A la víctima se le encontró "un encendedor a gas réplica de pistola, la cual podrá tener capacidad intimidatoria para el común de las personas, pero difícilmente pueda ejercer ese efecto sobre un funcionario policial acostumbrado a tener contacto con armas". Y agregaron que "de ese objeto nunca pudo haber salido disparo alguno, lo que implica una inexistencia de agresión ilegítima previa".

Para la querella, "no existen elementos que justifiquen haber efectuado disparos. No está probado que el conductor de la otra moto haya estado armado o que haya hecho disparos. Nunca se identificó a este sujeto y no hay testigos que puedan dar cuenta de aquello. Los imputados pretenden atribuirle la portación de una pistola 9mm que fuera encontrada, en dudosas circunstancias, en un charco de barro y agua a unas cuadras del lugar donde Michel impactó contra un colectivo. Pareciera que pretenden dar a entender que ese arma fue arrojada en el lugar por quien acompañaba a la víctima, aunque esto no es más que un ardid distractivo y engañoso, ya que no puede darse por acreditado", dice la acusación de los querellantes Ricardo Lamas y Valentín Hereñú.