Paola Tacacho y su familia denunciaron 17 veces a Mauricio Parada Parejas, el hombre que la persiguió durante cinco años y terminó asesinándola a puñaladas en pleno centro de Tucumán. La Justicia nunca actuó frente a los acosos, el ensañamiento y las amenazas de muerte permanentes del femicida, pese a las pruebas, los testigos y los ruegos de Paola. Sólo le otorgaron una perimetral que Parada Parejas jamás respetó. A él lo sobreseyeron, a ella la ignoraron. La Ley de Emergencia en Violencia contra la Mujer se aprobó en 2016 pero nunca fue del todo reglamentada, y las violencias de género siguen creciendo. No hay programas de prevención y erradicación, no hay albergues, acompañamientos, ni estadísticas sólidas de las denuncias por violencias. Hace apenas unos días y en menos de 48 horas asesinaron a dos niñas de 2 y 9 años, mientras volvía a confirmarse que Tucumán es la tercera provincia con mayor registro de femicidios.
Esta semana, la diputada nacional Karina Banfi (UCR–Buenos Aires) solicitó que la Cámara trate un proyecto de ley que presentó en 2017 y obliga a lxs juecxs a aplicar medidas preventivas en casos de violencia de género, dentro de las 24 horas de haber tomado conocimiento de la denuncia o la solicitud de parte. “Este proyecto tiene por finalidad establecer un plazo para la intervención de los magistrados respecto de ciertas medidas preventivas urgentes”, detallan los fundamentos. Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la víctima, la exclusión de la parte agresora de la residencia común “y decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, previa exclusión de la vivienda del presunto agresor”, son algunos de los puntos. Banfi advirtió que “el crimen de la profesora se podría haber evitado si la Justicia actuaba en tiempo y forma ante la cantidad de denuncias que realizó en los últimos años. Hoy, con el femicidio ya consumado, la Justicia es la responsable”.
