Los reclamos en las unidades penitenciarias bonaerenses, el fin de semana pasado, tuvieron un disparador con algún aporte de integrantes del servicio penitenciario: la interrupción de las visitas familiares el día anterior al que estaban pactadas. Las visitas habían sido suspendidas desde hacía 8 meses, en el marco del aislamiento obligatorio, y el propio Servicio Penitenciario Bonaerense había informado unos días antes que se reniciarían, y el día anterior el mismo SPB resolvió interrumpirlas. 

Un comunicado de la Comisión Provincial por la Memoria detalla que "esta resolución, sumada a la nula respuesta judicial frente a justos reclamos y pedidos de las personas detenidas, la demora en resolver morigeraciones y libertades, la suspensión de salidas transitorias y laborales, la nula atención sanitaria y de medidas adecuadas frente al COVID-19 explican lo ocurrido". El comunicado reclama que se investigue la participación de penitenciarios que promovieron o colaboraron en los incidentes.

En el comunicado, la CPM informó que intervino como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, organismo creado por ley bonaerense, en las unidades donde se produjeron reclamos y represión: en la UP1 (L.Olmos, próximo a La Plata); 9 (La Plata); 10 y 45 (Melchor Romero, próximo a La Plata); 24 y 31 (Florencio Varela); 37 (Barker, próximo a Tandil); 40 (Lomas de Zamora) y 48 (San Martín).

Los integrantes de la CPM "presentaron habeas corpus colectivos y se reclamó la presencia de los jueces y fiscales en los lugares". Además, "se presentaron centenares de habeas corpus individuales y denuncias penales, dando cuenta de las torturas, malos tratos y graves lesiones que provocaron discapacidades temporales y permanentes."

Las visitas representan para las personas detenidas una necesidad tan vital como la alimentacion, la salud, el espacio, todas cuestiones que están históricamente vulneradas. El termómetro en las cárceles, lo saben quienes se dedican a sus diferentes aristas, está regido por las condiciones en que se encuentran estas aristas, por lo general precarias y desvirtuadas. Por eso, la suspensión de las visitas un día antes de que se reiniciaran tras 8 meses de interrupción puede considerarse como una resolución con resultados previstos.

Las imágenes demuestran que no sólo se trata de una inferencia. Las de la foto de abajo corresponden a la Unidad 31 de Florencio Varela, Sector A, Pabellón 7.

La escena muestra a los detenidos subiendo a los techos ante la presencia de oficiales del SPB que hasta los ayudan. El video que sigue es más elocuente.

El comunicado de la CPM señala que "distintas comunicaciones y testimonios de personas detenidas dieron cuenta que los hechos ocurridos el fin de semana fueron incluso promovidos por funcionarios penitenciarios que habilitaban a los detenidos a subir a los techos o, extrañamente, implementaron medidas que lo facilitaron. La justicia debe investigar que pasó."

Según fuentes acreditadas la participación de penitenciarios estaría vinculada a sectores del SPB cercanos al anterior gobierno y al regreso como director penitenciario de Fernando Díaz, jefe del SPB durante la terrible masacre de Magdalena.

Pero luego la represión siguió con violencia. Agentes penitenciarios destrozaron las aulas universitarias en las unidades 31 y 48 (San Martín). Además, "trasladaron a estudiantes universitarios de manera arbitraria; este acto demuestra que, en la práctica, no existe la decisión del SPB de promover el acceso a la educación. La CPM presentó habeas corpus reclamando se garantice el reintegro de estas personas a las unidades donde estaban alojadas."

La CPM denunció "golpizas gravísimas y se iniciaron traslados violentos, sin las pertenencias" y sostuvo que en la Unidad 31, la directora provincial del Ministerio de Justicia presente en lugar impidió el ingreso del equipo de la CPM para entrevistar a los detenidos del pabellón universitario esgrimiendo razones de seguridad, pese a que  habilitó el ingreso de integrantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente del mismo Ministerio."

El comunicado también reclamó a los jueces. "Gran parte de la responsabilidad debe atribuirse a jueces que no contemplan la grave crisis que se vive en los lugares de encierro al momento de resolver."

Además de la CPM, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, un organismo creado por ley y dedicado a nivel nacional a monitorear, controla y hace seguimientos de lugares que alojan a personas privadas de libertad, a nivel nacional, emitió un alerta en un comunicado en el que "rechaza los hechos de violencia que ocasionaron heridas a personas privadas de libertad y agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense y llama a las autoridades a retomar el diálogo interinstitucional para adoptar medidas que garanticen condiciones dignas de detención".