“Es un paso a la legalización”

Media sanción a la regulación de la hoja de coca en Salta

En una jornada cargada de proyectos, el Senado avanzó con un pedido que lleva décadas para que el consumo ancestral sea legal y un negocio controlado. Se instituyó el día del submarinista.
Imagen: Télam

Como lo había adelantado ya en la sesión anterior el senador Martín Arjona, se dio media sanción en la tarde de ayer al proyecto de ley por el cual se crea en el ámbito de la provincia de Salta, el Registro Público de distribuidores y expendedores de hojas de coca en estado natural.

La iniciativa, que contaba con dictamen de la Comisión Especial para el estudio integral de la regulación del abastecimiento y comercialización de la hoja de coca, tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la importación, acopio, fraccionamiento y venta con fines de uso doméstico de esa hoja de uso ancestral en la provincia.

Una vez promulgada la ley, los expendedores tendrán 45 días para inscribirse en el Registro, y para ello deberán contar con las habilitaciones pertinentes y estar inscriptos tanto en la AFIP como en Rentas de la provincia.

El senador por el departamento Los Andes explicó que con esta ley se inicia el camino a la normalización de la venta de esa hoja, y es “un paso hacia la legalización”. Mientras que uno de los integrantes de la comisión especial y autor de otro proyecto similar pero que incluía hasta su cultivo, Roberto Vásquez, recordó que el tema tomó estado público con el comienzo de la pandemia y el cierre de las fronteras, que generó la escasez de oferta y por lo tanto un aumento sideral en su precio, que llegó a valer hasta $20.000 por kilo.

Asimismo, aclaró que el tema tiene dos aspectos. El primero, del ámbito nacional, para permitir la importación desde Bolivia y el otro, de distribución y comercialización dentro de la provincia, y agregó que con esta ley se busca conocer el nivel de consumo interno y que ese dato le sirva a Dirección General de Aduanas para saber cuánto se puede habilitar.

Por último, subrayó que su efectiva aplicación va a depender de la voluntad del Ejecutivo Provincial en establecer cuál será el órgano de aplicación y su reglamentación.

Ley Eduardo Chañe

También se aprobó un proyecto para crear el Registro Provincial de Pacientes Recuperados de Covid-19 para ser donantes de plasma. Uno de sus autores, el senador por San Martín, Manuel Pailler, solicitó que la ley lleve el nombre del ex periodista y funcionario de la secretaría de Deportes Eduardo Chañe, quien falleció a principios de septiembre por esa enfermedad con un sistema de salud colapsado.

“Fue un ser muy querido por la sociedad, que en su lecho de muerte grabó un video en donde pedía encarecidamente la donación de plasma porque veía en eso la solución para la enfermedad, pero lamentablemente no llegó”, dijo muy conmovido el legislador.

Pailler recordó que si bien no habrá cura hasta que no esté la vacuna, el plasma “es una de las terapéuticas que ha dado mejores resultados, porque son los anticuerpos que generaron quienes ya tuvieron la enfermedad”.

Y sobre el mismo tema se aprobó un proyecto que habilita la circulación sin restricciones para recuperados de la covid-19. Para ello deberán tramitar una tarjeta de libre circulación con código QR emitida por el Ministerio de Seguridad y un certificado de alta médica oficial que otorgarán los centros médicos según las indicaciones que determine el COE provincial.

La tarjeta tendrá una duración de 90 días y se renovará solo con un nuevo certificado de alta médica oficial. Este proyecto obtuvo el voto negativo de Durand Cornejo, que se opuso a algunos de sus artículos por considerarlos una traba burocrática más para las personas recuperadas. “No los castiguemos más con restricciones y papeles burocráticos en lugar de beneficiarlos”, sostuvo.

Día del submarinista

Se aprobó en definitiva el proyecto de ley por el cual se instituye el 15 de noviembre de cada año como “Día Provincial del Submarinista salteño”, en homenaje a los siete tripulantes que perdieron la vida en el Submarino Ara San Juan en 2017.

El legislador Carlos Ampuero detalló que era de distintos departamentos y destacó que prestaban servicios para la defensa de la Nación. Ellos fueron: Roberto Daniel Medina, Jorge Valdez, Ramiro Arjona, Luis Carlos Nolasco, Cristian Ibáñez, Sergio Cuéllar y Marcelo Enríquez.

Lengua de señas

El representante por General Güemes, Carlos Rosso, presentó tres proyectos de declaración para que se garantice en todo el ámbito provincial el uso de la lengua de señas tal y como lo establece la Ley 26522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, en las emisiones de televisión abierta.

Para ello, pidió al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que verifique su cumplimiento en las señales locales de producción propia, en los programas informativos, educativos, culturales y de interés general “para que incorporen medios de comunicación visual adicional en el que se utilice lenguaje de señas para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva”, algo que había comenzado a suceder en 2013 pero se discontinuó a partir del gobierno de Cambiemos.

Asimismo, elevó un pedido al Poder Ejecutivo Provincial para que disponga la obligatoriedad de insertar en todas sus emisiones audiovisuales un recuadro con la interpretación de lengua de señas. Y la misma solicitud la hizo llegar a la Cámara que integra, tanto en sus emisiones en vivo desde el recinto como en las noticias que se generan desde su área de prensa, “para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva a la información generada por esta Cámara”.

Rosso dijo a Salta/12 que espera que Diputados también tome la medida y aseguró que la Asociación de Sordos de Salta (ASORSA) ya dio su visto bueno a la iniciativa y le garantizó que tienen la gente suficiente y preparada para realizar la área.

Código Procesal Penal

También se sancionó el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para darle mayor participación a las víctimas en los procesos. “La intención es que se escuche a la víctima, que pueda participar junto al fiscal”, explicó Silvina Abilés.

De esta manera, y como una demanda de las organizaciones como Familiares de Víctimas de Delitos Graves o la Fundación Cintia Fernández, además de la víctima, podrán actuar como querellantes también sus familiares, socios o asociaciones que acrediten interés en el proceso judicial.

También el Senado volverá a insistir con su proyecto de creación de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Animal y Protección del Patrimonio Cultural, sancionada en 2018 pero modificada por los diputados, por lo que el proyecto original volvió a la Cámara Baja para su revisión.

Por último, se dio media sanción al proyecto de ley del senador Javier Mónico, para crear un Juzgado Multifuero en la ciudad de Rosario de la Frontera. El representante de ese departamento, argumentó que es un derecho que tienen “los sectores más vulnerables de la sociedad de acceder a la justicia de manera igualitaria”.  

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