El 29 de octubre fue un día aciago para los que queremos una Argentina para todes, pero de los momentos difíciles hay que sacar conclusiones. Los casos Guernica y Etchevehere ponen sobre el tapete las dos puntas de un tema que no podemos seguir soslayando un minuto más en el debate público, como es el uso y tenencia de la tierra, sea rural o urbana. 

Según el censo agrario de 2018 sólo el 0,06 % de la población de Santa Fe es dueña del 60% de la tierra productiva de esa provincia, y apenas 5678 personas que representan el 2,49% del total de los propietarios son dueños de 80.280.797 hectáreas de todas las tierras del país. Como vemos, la concentración de tierras es impactante y bestial. 

La existencia de tierras fiscales para este escriba no es más que un mito urbano y la que existe no mueve el amperímetro en cuanto a la cantidad. El gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente argentina es invisibilizar el latifundio como si fuera algo inocuo y normal, cuando es una verdadera rémora feudal. El monocultivo de soja con concentración de tierras y rentas es un expulsor neto de productores y destructor de mano de obra asalariada, por eso la Argentina a pesar de ser definido como un país agropecuario es uno de los tres más urbanizados del mundo.

Para empezar a revertir esta insostenible situación, el Estado debe crear algún instrumento de intervención pública en el mercado de la tierra, que sin expropiar (palabra prohibida en la Argentina de hoy) le permita comprar, parcelar y entregar tierra urbana y rural. 

Esto no es nuevo en la historia argentina, ya en 1940 se creó el Consejo Agrario Nacional disuelto por la dictadura en 1980 y que cumplía esas funciones. Nuestros vecinos uruguayos tienen el Instituto Nacional de Colonización Rural creado en 1948 y en perfecto funcionamiento hasta nuestros días. Este maneja hoy unas 650.000 hectáreas en el país vecino, compra tierras y las distribuye entre pequeños productores, peones rurales, pastajeros, etc. 

Con la característica- no menor- de que la entrega merced a un sistema de arrendamientos que lo pueden heredar de padres a hijos, con el objeto de que el beneficiario no la pueda enajenar transformándola en un negocio inmobiliario. Esto es clave. La tierra es un bien finito, hay la que hay, no se puede fabricar más, por eso hay que administrarla y distribuirla con equidad.

La Argentina debe recrear por ley un Instituto Autárquico de tierras (el nombre no interesa, si la función) con el fondeo de un porcentaje fijo de las retenciones e incorporarle todas las tierras fiscales que existan. Este deberá encargarse-sin expropiar- de comprar, parcelar y entregar tierras con el fin de garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de la Nación y el hábitat de sus habitantes. Nadie debería poder acceder a más de una unidad económica, ni enajenar ni subarrendar lo recibido. 

La clave de este tipo de instrumento está en su grado de capitalización, la obligación de su ejecución presupuestaria y la transparencia con que procede. Sin recsursos, se transforma en un ente meramente decorativo que sólo sirve para tranquilizar conciencias.

Y a nosotros no nos interesa salvar las formas sino resolver el problema. 

No tengo dudas que, dadas las actuales circunstancias del país, es el instrumento más apto para generar nuevos productores agropecuarios, reconvertir a las franjas periurbanas a la agroecologia, propiciar el consumo de cercanía y generar arraigo en el interior profundo, mitigando las migraciones rurales descontroladas…. ¡Si se pudo, se puede!..Salud y cosechas.

Máximo Paz-noviembre 2020