Entrevista a Alicia Ramos

"El 25N nos encuentra en un contexto grave y con retrocesos institucionales"

En la semana del Día Internacional de lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, la integrante de la Multisectorial de Mujeres, criticó las políticas de género del gobierno provincial y fijó posición sobre el proyecto de aborto legal.  

Alicia Ramos es una de las históricas activistas salteñas por el reconocimiento del derecho de las mujeres en todos los ámbitos de su vida. La educadora se radicó en Salta a mediados de los 70, cuando su vida corría peligro en Córdoba a raíz de su militancia universitaria.

Madre de cuatro hijes, desde los 80 comenzó su militancia dentro del PJ local, donde más de una vez realizó críticas por la manera en que se reproduce la mirada machista a la hora de elegir sus autoridades. Por esas luchas internas, en 2001 le permitieron conformar una lista para el Concejo Deliberante de la ciudad, lugar que ocupó durante dos años y que le permitió, a través de un proyecto de ordenanza de su autoría, que se cree el Área Municipal de la Mujer.

Más adelante llegó a ser la primera presidenta del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, y en 2018 decidió jubilarse, pero nunca dejar de militar en la Multisectorial de Mujeres de Salta, otro espacio que co-creó junto a otras referentas provinciales.

En diálogo con Salta/12 criticó a la gestión de Gustavo Sáenz por la falta de representatividad femenina y de políticas institucionales de género en su gobierno. Espera un 25 de noviembre, Día Internacional de lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, distinto, pero cargado de proclamas y con el aditamento de haber conseguido que se vuelva a tratar la Ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), esta vez con apoyo estatal.

-¿Cómo ves el 25 de noviembre próximo?

-A mí me están preocupando varias cosas en la provincia, el otro día en un encuentro por Zoom lo plantee y usé una nota de Salta/12, de Maira López, del 4 de octubre sobre la desigualdad de género en los cargos de Poder del Ejecutivo salteño. Yo citaba esa nota porque ella trabaja una investigación de una politóloga, Luciana Módica, donde plantea que el gobierno no incluyó una oficina que atienda de forma exclusiva los asuntos vinculados al género.

Además, Módica aclara que más allá del acercamiento a la temática que realice la Secretaría de Derechos Humanos, esto muestra un desinterés político, por lo que para mí el área debería ser priorizada e institucionalizada.

A esto lo venimos denunciando desde la Multisectorial de Mujeres desde el comienzo de esta gestión, porque nosotras también llegamos a la conclusión a través de estudios que realizamos con Violeta Carrique y Josefina Arancibia, sobre la situación de la violencia contra las mujeres.

Nosotras usamos como fuente el mensaje que transmitió el gobernador a la Asamblea Legislativa, y nos centramos en una de sus primeras medidas que fue la modificación de la Ley de Ministerios. Nos dimos con que aparece el Ministerio de Desarrollo Social con una función relativa a entender en la formulación e implementación de políticas referidas a cuestiones de género, y al Ministerio de Seguridad le da la tarea de brindar orientación y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia.

Este inciso incluye delitos contra la integridad sexual de la mujer, violencia doméstica pero no conceptualizada ni considerada como violencia de género, que aparece en el inciso siguiente, en donde dice que el Ministerio de Seguridad deberá diseñar planes de atención multidisciplinarios para la debida asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, por lo que nosotras desde el comienzo de su gestión notamos el retroceso en cuanto a políticas públicas y que atañe a la falta de institucionalización que se reflejaron en las notas.

La mera existencia de oficinas, áreas o agencias en idioma más moderno, no garantiza políticas públicas suficientes y eficaces pero generan un espacio desde donde intervenir con respecto al Estado, y a donde demandar desde el punto de vista de las organizaciones y los feminismos.

Hay una muestra de no comprender lo que es la conceptualización de la violencia de género, y está centrada en un Ministerio como el de Seguridad. La violencia de género requiere un abordaje desde la seguridad diferente, esto lo reclamamos desde el 2010 cuando se modificó la Ley Orgánica de la Policía provincial. Para eso necesitamos un escalafón especial para la policía que entiende sobre esos temas. El perfil de la persecución del delito no es el mismo que el que requiere la violencia.

Hace unos días salió una resolución nacional muy interesante en donde se resuelve conformar una Mesa de Seguridad en Género y Diversidad para establecer un espacio de diálogo e intercambio entre el Ministerio de Seguridad y las carteras específicas de cada provincia, para diseñar políticas públicas en materia de derechos y garantizar el respeto por los derechos humanos en el accionar de las fuerzas de seguridad.

¿Quién va a ir a esa mesa desde la provincia si no existe ninguna instancia que pueda aportar desde este lugar? Lo mismo pasa con el Consejo Federal que está representado por el ministro Ricardo Villada. Entonces, a mí no me va a representar el funcionario de la provincia, si no hay contacto con las organizaciones barriales, las referentas mujeres y los feminismos. Pero a su vez, no estoy viendo a la oposición sentar su posición sobre estos temas, el Frente de Todos en Salta no está planteando una posición clara, como la que tiene Nación al respecto. Entonces, todos estos puntos nos van a encontrar el próximo 25 de noviembre a las mujeres y diversidades unidas en este contexto bastante grave, que se profundizó por la pandemia y por esos retrocesos institucionales.

-¿Se están organizando?

-Bueno, estamos en una situación de tanta emergencia, las viejas desde la casa y las jóvenes desde el territorio, con tanta desigualdad y abandono por parte del Estado, como lo que pasó con el desalojo en Los Pinos, de San Lorenzo, que tenemos mucho para demandar. Necesitamos políticas urgentes con perspectiva de género y con la participación desde su planificación de las organizaciones de mujeres y diversidades.

Así que a pesar de la pandemia y lo difícil de juntarse para generar consensos, tenemos mucho que decir, porque en este momento los únicos que están en territorio son las organizaciones sociales, pero eso no es suficiente, salva la emergencia, pero se necesita el Estado para prevenir la violencia, su atención cuando se produjo el hecho, y la reparación de la situación.

Otra cosa, seguimos en emergencia en la provincia, nos hemos cansado de pedir el seguimiento de las acciones, qué se hace, dónde, cuánto cuesta y qué resultados se obtuvieron, es decir, un Estado en serio. En cambio, a nivel nacional estamos viendo la muestra de la voluntad política con la creación y la dotación de presupuesto al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, que es una dirección de asumir y compartir la lucha contra esas violencias.

-Hablemos de la ILE, nuevamente se presenta el proyecto pero esta vez con el aval explícito del Presidente.

-Si se trata de poner en contexto la demanda de la ILE tenemos que recordar algunas cosas, desde el punto de vista normativo, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos a partir de 1985 y la incorporación en la Constitución del 94 de los tratados internacionales, desde allí comenzaron a tratarse leyes y programas.

En las provincias se avanzó con leyes, por ejemplo, como acá en 2004 la 7.311, de Sexualidad Responsable, a la que le hicimos críticas porque uno de los artículos condicionaba en la educación a que las unidades educativas debían educar “conforme al proyecto educativo institucional específico”, evidentemente era el modo de ocultarlo. Pero si nos preguntamos por los resultados que hubo desde ese momento, está clara la respuesta.

Bueno, toda esa lucha y esos avances y retrocesos nos fueron llevando históricamente a la demanda de la interrupción voluntaria del embarazo. Vinieron el Programa de Salud Sexual, después el de Educación Sexual Integral (ESI) y llegaron otras leyes complementarias como la de anticoncepción quirúrgica, la de parto respetado, se aprobó la de inclusión educativa de las estudiantes madres, que hasta ahí las expulsaban.

Más tarde, el matrimonio igualitario, la de identidad de género y la ley madre para nosotras, la 26.485, para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Todo esto tiene una historia de avance en conquistas de derechos y en la conciencia social respecto de esos derechos.

Y hay un hito fundamental que es la Campaña Nacional por el aborto libre y gratuito, que entiendo que ya cumplió 15 años. Las jóvenes, la marea verde, asumiendo la defensa de nuestros derechos a apropiarnos de nuestro cuerpo, a la autonomía y la decisión soberana del cuerpo, pero no como cosa única, sino como una postura feminista que incluye una práctica en un montón de medios. Fue un salto cualitativo en las luchas de las mujeres.

En el medio estuvieron todas las peleas judiciales para hacer lecturas e interpretaciones de casos puntuales para que se respete el derecho al aborto, para avanzar en nueva normativa y sentar jurisprudencia en casos de violación o de enfermedad. Entonces, se presenta un nuevo proyecto de ley, que todavía hay que debatirlo y nosotros estudiarlo en profundidad, pero lo que veo en una primera lectura es que estas cosas que te acabo de mencionar, esa historia de luchas, están contempladas.

Quienes han redactado el proyecto conocen la realidad, y lo digo porque hay artículos que hablan del plazo que le impone al Estado para realizar el aborto sin esperar los plazos de la justicia, que es de 10 días; del trato digno; de la privacidad y confidencialidad, de la autonomía de la voluntad para decidir, del acceso a la información de calidad y la atención post aborto. Eso a mí me alegró mucho.

Creo que establece condiciones habilitantes que a nosotras nos preocupan tanto, porque hay veces que tenemos leyes muy lindas pero que después no se pueden aplicar. Te dice cómo hacerlo, le da una realidad. Pero además me sugiere que es una verdadera garantía del derecho a decidir, porque del mismo modo que legaliza la interrupción, también agrega la Ley de los 1.000 días, de Atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, que garantiza que las personas gestantes puedan tener todes les hijes que quieran en el momento que quieran y es su decisión.

Yo no sé si se va a aprobar, hay mucha gente que no va a cambiar de pensamiento, sobre todo los anti derechos, que hacen un reduccionismo con el discurso de educar más en ESI ¿Si se hubiera aplicado con la filosofía con que fue creada en todas las escuelas, hubiera incidido favorablemente en la reducción de los embarazos no deseados? Y bueno, yo pienso que sí, pero no se aplicó, hay un montón de variables y ellos lo redujeron a “dejen de repartir anticonceptivos o dejen de hablar de aborto”, hablamos en otro idioma, porque nosotras hablamos en el idioma de derechos, de género y de autonomía para decidir.

-¿Cómo fue tu inserción en la vida política y en la militancia activa por los derechos de las mujeres?

- En términos de lucha de género me referencio con la organización a la que pertenezco, la Multisectorial de Mujeres, que ya desde los 90 nos reuníamos y peticionábamos. Yo a esa etapa la caracterizo como de reconocimiento de derechos, después viene la de exigibilidad y ahora estamos en una mucho más amplia, porque hay una transformación de aquellas luchas del feminismos en demandas sociales.

A Salta yo llegué a causa de la dictadura, más o menos en el 77, me tuve que ir de Córdoba, ya estaba recibida y militaba en una agrupación universitaria de la Facultad de Filosofía en la carrera de Ciencias de la Educación, y me vine con mi pareja de ese momento y dos hijos.

Pero soy peronista, afiliada al PJ a partir del 83, ahí ya planteaba pero no escuchaban, de hecho me generaban tanta contradicción que un día me dije “si yo tengo que elegir, sigo militando como feminista”. Pero no era solo en el peronismo que pasaba eso, nos juntábamos mujeres de distintos partidos, por eso se llamó Multisectorial, y la primera Ley de Cupo provincial nos encuentra así, nucleadas de esa manera.

Después tuve un cargo electivo de concejala, en el 2001, con el “que se vayan todos”, creo que el contexto hizo que miraran hacia otras personas, y ahí impulsé la ordenanza de creación del Área Municipal de la Mujer.

Con la irrupción del kirchnerismo en nuestro país me he identificado con ese proyecto, y por supuesto, una postura feminista requiere básicamente de sociedades más igualitarias. En su momento decir “soy feminista” era una mala palabra, a mí me costó hasta que entendí que era una postura ante la vida, por eso no era cuestión de cambiar la palabra por su connotación negativa, sino que era parte de la lucha.

Y ahora integro la organización Todas con Cristina, que surgió cuando la atacaban tanto, que la sacaron en una tapa de la revista Noticias. En esa organización la pandemia nos benefició a las del interior, porque nos facilita participar en las plenarias, que son muy importantes en cuanto al intercambio y de la que participa gente muy valiosa. 

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