El Congreso de Guatemala suspendió la aprobación del presupuesto del país para 2021, que había generado protestas donde manifestantes incendiaron la sede del Parlamento y pidieron la renuncia del presidente conservador Alejandro Giammattei, por no priorizar la lucha contra la pobreza. La ONU pidió que se investigue la represión a las protestas, ya que dos manifestantes perdieron un ojo a causa del impacto de gases lacrimógenos lanzados por la Policía.

"Con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del Organismo Legislativo 2021", informó el presidente del Parlamento, el oficialista Allan Rodríguez, en un mensaje a la nación por el canal del Congreso.

El Congreso, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines a Giammattei, aprobó el martes de la semana pasada un presupuesto de casi 12.800 millones de dólares. Varios sectores de la ciudadanía reclamaron porque el gasto no priorizaba el combate a la pobreza, que afecta al 59,3% de los casi 17 millones de habitantes, según cifras oficiales, y dejaba de lado la educación y la salud, en momentos en que la pandemia deja más de 4.000 muertos y casi 120.000 contagios en el país. Sin embargo, privilegió el desarrollo de infraestructura, beneficio que recae en las firmas constructoras.

Con esta suspensión, ahora los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto, según la ley. De lo contrario, seguirá vigente el que regía este año, por unos 10.390 millones de dólares.

El sábado, miles de guatemaltecos se manifestaron pacíficamente para pedir la renuncia de Giammattei, pero otros se dirigieron a la sede del Parlamento e incendiaron varias oficinas tras romper ventanas para ingresar.

El domingo, cientos volvieron a las calles a protestar, aunque este lunes, tras la detención del trámite del presupuesto, ya no se registraron protestas.

La ONU pide una investigación

 La ONU confió este lunes en que las autoridades de Guatemala lleven a cabo una investigación imparcial sobre lo sucedido en las protestas del pasado sábado, en las que el vicepresidente del país, Guillermo Castillo, denunció un "uso excesivo de fuerza policial" contra los manifestantes.

"Confiamos en que las autoridades lleven a cabo una investigación imparcial e independiente de los hechos", señaló el portavoz Stéphane Dujarric en su conferencia de prensa diaria.

Dujarric subrayó que "los derechos fundamentales de libertad de expresión y asamblea pacífica deben ser respetados" y dijo que Naciones Unidas llama a todos los actores a "trabajar juntos" y con medios pacíficos y legales para dar respuesta a los problemas que vive Guatemala.

Las fuerzas de seguridad detuvieron el sábado a más de 30 personas por diversos motivos durante las manifestaciones, según confirmaron tanto el Organismo Judicial como el Ministerio de Gobernación (Interior).

Además, los cuerpos de socorro han indicado que al menos 40 personas fueron atendidas por heridas, y docenas afectadas por los gases lacrimógenos, sin que se contabilizaran muertos en las protestas.

Este lunes, el Hospital Roosevelt, el más grande de Guatemala, confirmó que dos manifestantes perdieron un ojo a causa del impacto de gases lacrimógenos lanzados por la Policía Nacional Civil (PNC).

Los incidentes se registraron en el marco de una masiva convocatoria para manifestarse este sábado en contra del presidente, Alejandro Giammattei, y el Congreso guatemalteco tras la aprobación del presupuesto del Estado para 2021.

En tanto, una agrupación de países y organizaciones formado para dar asistencia a Guatemala, conocido como G-13, expresó este lunes su preocupación por la situación y dijo estar dispuesto a apoyar el diálogo de cualquier forma posible". Entre los donantes están Estados Unidos, Alemania y Francia.

El presidente Giammattei dijo en un comunicado la noche del domingo que las protestas eran de grupos "minoritarios que buscan forzar un verdadero golpe de Estado".

La crisis 

El manejo de la crisis sanitaria por parte de Giammattei, un médico de 64 años, fue criticado por su propio vicepresidente Guillermo Castillo, la oposición y sectores sociales, que denuncian carencias en los hospitales y deficiencias para atender a los sectores más afectados por los confinamientos.

El vicepresidente Castillo, que el viernes ofreció a Giammattei dimitir juntos "por el bien del país", pidió el domingo al Ministerio Público que investigue tanto la quema de oficinas del Congreso como el accionar de la policía frente a los manifestantes.

El país, donde se suceden las denuncias por corrupción así como demoras en la designación de jueces, ya vivió en 2015 la renuncia del presidente Otto Pérez por un caso de fraude aduanero.

La indignación social de estos días responde también a la opacidad con la que se han manejado los recursos destinados a la pandemia de coronavirus, así como el rechazo que despierta la creación de un superministerio dirigido por una persona cercana al mandatario.

El Congreso había aprobado préstamos por más de 3.800 millones de dólares para atender la pandemia, pero apenas un 15% de esos recursos llegó a los guatemaltecos, según datos oficiales y de ONGs fiscalizadoras.