Cuando el Plan Cóndor está cumpliendo 45 años de su puesta en marcha, un tribunal argentino acaba de condenar a prisión perpetua a cuatro represores que actuaron en su principal base, el centro clandestino Automotores Orletti, por el secuestro y los tormentos que sufrieron dos niños, que fueron llevados a ese lugar con su madre después del asesinato de su padre y luego trasladados a Uruguay, para ser posteriormente abandonados en una plaza de Chile. Los represores Eduardo Rodolfo Cabanillas, Eduardo Alfredo Ruffo, Miguel Ángel Furci y Honorio Carlos Martínez Ruiz también fueron condenados por el Tribunal Oral Federal 1 por cuatro homicidios y otros cuatro casos de secuestros y tormentos.

Anatole Julien Grisonas nació el 25 de septiembre de 1972 en Uruguay. Su hermana, Victoria Eva, el 9 de mayo de 1975 en Buenos Aires. Sus padres, Roger Julien y Victoria Lucía Grisonas habían emigrado al país huyendo de la persecución de la dictadura uruguaya. Pero el 26 de septiembre una patota apareció en su casa de San Martín, mató a su padre y se llevó a Victoria Lucía con sus dos hijitos al centro clandestino conocido como Orletti, que era regenteado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Anatole y Victoria Eva fueron trasladados después a la casona del Servicio de Información de Defensa (SID) en Montevideo, donde también estuvo alojada ilegalmente María Claudia García Iruretagoyena de Gelman. Se estima que los chicos estuvieron allí hasta diciembre de 1976 y después fueron trasladados en un vuelo clandestino a Chile, donde fueron abandonados en la Plaza O’Higgings de Valparaíso. Su abuela paterna logró dar con ellos recién en 1979, cuando ya habían sido adoptados por una familia.

“Es la primera vez que se juzga el paso de les niñes Julien Grisonas por centro clandestino Automotores Orletti y se condena por sus secuestros y por el tormento que significó haber estado allí”, explica a PáginaI12 la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Sol Hourcade. “Éste es un quinto juicio que reconfirma la responsabilidad de los imputados por lo sucedido en Orletti”, agregó.

El de los Julien Grisonas es un caso emblemático de la coordinación represiva del Plan Cóndor, que, por estos días, cumple 45 años desde su reunión fundacional en Chile. Si bien los casos de Victoria Grisonas y de Roger Julien habían sido contemplados en los juicios anteriores por crímenes en Orletti, nunca se había reparado en la situación de sus dos hijos, que fueron secuestrados, apropiados y atormentados allí adentro. La Justicia logró probar que pasaron más de 70 personas por el centro clandestino de Venancio Flores, entre los que había niños y niñas así como embarazadas.

En el proceso que estuvo a cargo de los jueces José Michilini, Ricardo Basílico y Sabrina Namer, también hubo condenas por cuatro homicidios: los de Carlos Híber Santucho, María Rosa Clementi, Eduardo Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena Hernández. A Santucho lo secuestraron el 13 de julio de 1976, mientras buscaba a su hija desaparecida, María del Valle Santucho. Fue sometido a feroces torturas por el simple hecho de pertenecer a la familia Santucho, del líder del PRT-ERP. Con él, estuvieron secuestradas su hermana Manuela y su cuñada Cristina Navajas de Santucho, que estaba embarazada y fue vista posteriormente en el Pozo de Banfield.

Clementi era ayudante de cocina en la embajada de Cuba. La secuestraron el 3 de agosto de 1976. Seis días después se llevaron a los diplomáticos Cejas Arias y Galañena Hernández. La SIDE montó una operación psicológica con una carta falsa que decía que habían desertado para irse al “mundo occidental”. Sus restos fueron recuperados recién entre 2012 y 2013.

La acusación de la fiscalía así como de los querellantes como el CELS y la Secretaría de Derechos Humanos contempló también el secuestro y homicidio del estudiante de Derecho y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) Ricardo Manuel González, cuyo cuerpo apareció fondeado en un tambor relleno de cal y cemento --metodología clásica de los represores de Orletti--. Sin embargo, los jueces resolvieron absolver a Cabanillas, segundo jefe del centro clandestino, por este hecho. El 1 de marzo próximo se conocerán los fundamentos de la sentencia.

La condena sí contempló los secuestros y torturas a Rosa María Zlachevsky y Judit Jacubovich --que habían sido testigos en los anteriores juicios de Orletti, pero no víctimas-- y por los que soportaron Orlinda Falero Ferrari y José Luis Muñoz Barbachán. Todos ellos sucedidos en 1976, tiempo en el cual Orletti estuvo operativo.

Cabanillas (78) y Ruffo (74) seguirán en prisión domiciliaria: el primero en su casa de San Martín de los Andes y el segundo en su departamento de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, Furci (72) y Martínez Ruiz (72) seguirán detenidos en distintas unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en Ezeiza.