La segunda Marcha de la Gorra en la ciudad de Salta, se realizará hoy, a partir de las 16, convocada por organizaciones sociales y sindicales, organismos de derechos humanos, familiares de víctimas de gatillo fácil y agrupaciones políticas, para denunciar la persistencia de las prácticas represivas de la Policía de la provincia. Según un informe del Ministerio Público Fiscal de la provincia, en solo cuatro meses, hubo 409 denuncias por violencia policial y más de 100 policías fueron imputados. 

"Nos plantamos, enfrentando la política represiva y defendiendo nuestros derechos, en un contexto donde, con la excusa de la pandemia, hubo una arremetida contra los barrios populares de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad." Se afirma en la convocatoria a concentrarse hoy en la esquina de la avenida San Martín y la calle Córdoba para marchar. 

La convocatoria recuerda asimismo que en la provincia hubo que hubo que resistir el decreto 255 del gobernador Gustavo Sáenz, que "pretendía darle potestad absoluta a la policía", pero que finalmente se derogó, "gracias a la presión de Organismos de DDHH" y a un amplio arco de acciones y expresiones de rechazo.

En la cuenta del debe del gobernador también le añaden la designación en el Ministerio de Seguridad, de "un ex militar negacionista, que reivindica la dictadura, y sus métodos".

Se reprocha también la instalación de "discursos de odio, de la 'justicia a mano propia'" por parte de los diputados provinciales Gustavo Orozco, Ignacio Jarsún y Omar Exeni, quienes "además, pretenden incorporar el uso de armas Taser, rechazadas de plano por el peligro que representan en un cuerpo policial sin preparación, y con graves antecedentes en materia de respeto a los Derechos Humanos".

Hostigamiento constante

Los pibes que pasan las horas diurnas en la casa de la Red Puentes Salta, repiten historias de malas experiencias con la Policía, contó a Salta/12 Fernanda Sánchez, del movimiento La Dignidad. "Ahí las historias de los pibes siempre son lo mismo con el tema de la policía. Siempre tienen problemas con la Policía". 

La casa Red Puentes es un lugar de atención y acompañamiento a personas que tienen problemas de consumo, muchas de ellas en situación de calle. Sánchez relató que muchos pibes cuentan que "ya no pueden estar en un parque ni siquiera charlando porque van y los reprimen, les dicen que se vayan. Hay muchos que están en situación de calle y que no los dejan estar en un lugar fijo, ellos no tienen un lugar fijo para estar, para dormir, porque la Policía constantemente los está hostigando".

La casa Red Puentes funciona de 8 a 18 en la calle Tucumán al 772. Durante el día los adolescentes y jóvenes realizan distintas actividades, cursos de electricidad, carpintería, de alfabetización, por la tarde hay un taller de música, "ellos mismos se hacen el pancito, cocinan, todo ellos" y comen ahí. Ahora están concurriendo unas 20 personas pero la juventud de La Dignidad estuvo realizando un censo de personas en situación de calle y al mismo tiempo se informaba de la casa, "y están llegando más pibes". 

Julio Molina, de la CTA, dijo que también en esta entidad recibieron denuncias de violencia policial y destacó que la marcha se hace por los casos de gatillo fácil "y todos los abusos que hace la Policía, que viene haciendo acá, que viene haciendo con los hermanos aborígenes en el norte, y los que uno muchas veces no conoce". También en la CTA recibieron denuncias de violencia policial. 

"Desde la Asociación Coca Gallardo este año hemos acompañado todas las cosas que se hicieron para tratar de que el estado policial no tenga tanta fuerza acá en Salta y creo que fue gracias al movimiento de los organismos de DDHH que se pudo dar marcha atrás con este decreto 255 que ya se había hecho ley y lo tuvieron que derogar", sostuvo a su vez Marcela Gutiérrez, de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo.

Gutiérrez señaló que, sin embargo, la eliminación del discutido decreto-ley 255, que otorgab facultades especiales a la Policía, "no ha significado que cese la violencia policial, principalmente en los barrios", y destacó que por eso precisamente es el nombre de la marcha, "porque afecta principalmente a los pibes que andan con gorra y que se los ubica rápidamente por una cuestión de estereotipos como pertenecientes a los barrios populares". La Marcha de la Gorra nació en 2007 en la ciudad de Córdoba para repudiar la violencia institucional ejercida contra los jóvenes por las fuerzas de seguridad.

Entre julio y la tercera semana de noviembre, la Fiscalía Penal de Derechos Humanos de Salta, realizó 101 imputaciones a policías, de ésos pidió la elevación a juicio para 37. En el mismo lapso, hubo 409 denuncias por abusos policiales.