Desde Madrid.El Congreso de los Diputados de España aprobará este miércoles por amplia mayoría los Presupuestos Generales del Estado para 2021. El resultado de la votación tendrá una lectura que irá mucho más allá del consentimiento parlamentario a las cuentas de un ejercicio que estará marcado por la peor crisis económica de la España democrática. También supondrá la confirmación de que se ha configurado una mayoría política plural y progresista que permite vaticinar que Pedro Sánchez podrá acabar su mandato sin grandes sobresaltos. También que el liderazgo del secretario general del PSOE ha marcado una clara ruptura con sus antecesores al frente del partido más antiguo de España.

Se suele afirmar que la votación de los presupuestos es la más importante de cuantas se celebran en el año parlamentario. Sacarlos adelante supone no sólo contar con la herramienta fundamental para llevar a la práctica un programa político, también es garantía de continuidad y supervivencia. En febrero de 2019, cuando Sánchez llevaba unos pocos meses al frente del Gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, su fracaso en la votación presupuestaria por el rechazo de los nacionalistas catalanes le obligó a disolver las Cortes y convocar elecciones. Posteriormente las ganó en dos ocasiones seguidas, pero las dificultades en garantizarse apoyos suficientes para la aprobación de las cuentas le ha venido obligando a gobernar con los presupuestos de 2018, elaborados por el equipo de Mariano Rajoy antes de ser desalojado del poder.

Ahora, tras meses de negociaciones a varias bandas en las que llegaron a aflorar las diferencias entre las dos formaciones que conforman el Gobierno -PSOE y Podemos- Sánchez ha conseguido un apoyo sin precedentes a unos presupuestos si se tiene en cuenta el número de partidos que los apoyarán en la votación. Son diez formaciones, entre las que se encuentran, además de los dos partidos del Gobierno, todas las pequeñas formaciones situadas a la izquierda del PSOE, los nacionalistas vascos del PNV y los separatistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y vascos de Bildu, donde se integra, entre otros, el espacio que durante décadas respaldó la violencia terrorista de ETA. ‘Gobierno Frankenstein’ han denominado desde la derecha esta amalgama de apoyos urdida por Sánchez y su socio Pablo Iglesias.

Sin embargo, donde más ampollas ha levantado la estrategia de alianzas del líder socialista ha sido en su propio partido, concretamente en la vieja guardia que sigue teniendo a Felipe González como referente. El expresidente, a quien respaldaron en sus críticas al pacto presupuestario el veterano Alfonso Guerra, ex vice de González, y los líderes regionales del PSOE en las comunidades de Castilla la Mancha y Extremadura, mostró su desconfianza en las posibles cesiones que Sánchez pudo hacer a los separatistas. Incluso llegó a denunciar la existencia de una estrategia común de los separatistas con Pablo Iglesias para reconocer el derecho a la autodeterminación de algunas de las regiones históricas. Otro expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, terció para recomendar a Sánchez que no escuchara a González.

Durante las negociaciones, que se han prolongado durante meses, las tensiones internas del gobierno salieron a la luz. Mientras que Sánchez era partidario de intentar un acuerdo que incluyera a los liberales de Ciudadanos, una opción que era mejor vista por la vieja guardia socialista y por lo tanto no le causaba problemas en el seno de su partido, desde Podemos se forzó un pacto con ERC y Bildu con el argumento de que un acuerdo por izquierda, aún en su versión independentista, daba más estabilidad al gobierno y permitía además profundizar en el carácter social de los presupuestos. La fuerza de los hechos y la incompatibilidad de Ciudadanos con ambas fuerzas secesionistas acabó inclinando la balanza hacia la izquierda. Para disgusto de Felipe González.