Este viernes el Senado aprobó el Aporte Solidario (alias impuesto a las grandes fortunas). El jueves 10, cuando el presidente Alberto Fernández cumpla un año de mandato, se debatirá en Diputados la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), con miras darle media sanción. Las dos normas sintetizan a su modo, el periplo del Gobierno. Por un lado, un tributo equitativo para aminorar los daños de la pandemia, el hecho maldito del 2020 distópico. Por otro, una bandera de campaña reafirmada en los discursos inaugurales del Presidente en el Congreso (asunción y apertura de sesiones ordinarias).

Ambas llegan con delay, otra característica recurrente de la etapa, notoria en los Zoom, en los medios audiovisuales, con frecuencia en la gestión oficial.

El inicio queda remoto, desdibujado tras un año que pareció un lustro. AF brillando en la oratoria, proponiendo medidas reparadoras en lo social, cauto en la administración de los equilibrios fiscales, con ampliaciones de derechos progresistas. Tres meses y un cachito duró dicho tramo, dominado por el propósito de cerrar el canje de deuda con los acreedores privados con una quita importante y un plazo sin pagos por varios años. El objetivo se consiguió, “comprando” tiempo que equivale a gobernabilidad. Alto logro del Gobierno, obtenido pese al apoyo descarado del establishment argentino a los bonistas y el desprecio mediático al ministro de Economía, Martín Guzmán. Las tratativas se prolongaron por un período mayor al imaginado doce meses atrás.

La tarjeta alimentaria lanzada casi después de jurar por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, consagró la primera medida social vasta, estable, para conjurar el desolador legado del presidente Mauricio Macri. Racional en la inversión y buen refuerzo para las jefas de hogar.

Los remedios gratis suministrados por el PAMI a los jubilados, proveen un alivio institucionalizado no sujeto a discrecionalidad de los funcionarios.

El primer episodio del mandato duró un suspiro, no volverá.

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Abril y después: La cuarentena nacional resuelta en marzo, la adopción de medidas urgentes capitalizando la ventaja de observar qué pasaba en los países centrales construyeron el peor trance de la economía y el mejor del liderazgo presidencial. Decisionista y articulador al mismo tiempo, Alberto Fernández buscó asesoramiento de científicos, dialogó con gobernadores e intendentes. Concibió escenografías y comunicación minuto a minuto con los mandatarios provinciales, mecanismo sin antecedentes, virtuoso federalismo de emergencia.

El Presidente y el ministro de Salud, Ginés González García, evitaron el colapso hospitalario, temido al principio. Se mejoró la infraestructura en tiempo récord. Se atendió de modo universal, no abandonando a los pobres ni discriminando entre subsistemas público, privado o de Obras Sociales. Se nacionalizó el fragmentado sistema federal de salud.

La legitimidad pública de Fernández trepó exponencialmente. En subibaja, la actividad económica cayó a pique: abril arrojó las peores cifras de un pésimo año.

Con arcas fiscales exhaustas (Macri y su equipazo lo hicieron) se concibieron medidas paliativas audaces, tendientes a evitar cierres de empresas, despidos. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), atado con alambre en un suspiro, registró y ayudó a 9 millones de personas. Surtida extracción social, con anclaje en informales, desocupados, cuentapropistas de todo el país. Pobres heredados, nuevos empobrecidos por el parate económico. El reparo priorizó a las provincias más humildes, a jóvenes sin primer empleo, a mujeres. Un mapa de la desigualdad dentro de la desigualdad. El salvavidas que se concibió para una vez y se reimplantó dos veces más. El IFE 4, necesario acaso, se suspendió.

La prohibición de los despidos sin causa, la doble indemnización acentuaron al protección legal a los trabajadores formales, quienes junto a los empleados públicos sufrieron menos que sus compañeros de clase. Sufrieron menos, se subraya: padecieron también, en promedio.

El Programa de Asistencia el Trabajo y la Producción (ATP) casi literalmente les salvó la vida a numerosas empresas que pudieron pagar salarios. El gran capital zafó del naufragio gracias al Gobierno. Las grandes corporaciones callaron sus críticas a los subsidios, los embolsaron con alegría e ingratitud. Apostrofan contra los 164 impuestos que ningún contribuyente paga, no contabilizan las fortunas a fondo perdido que el Estado les facilitó.

Es verosímil, lindante con lo seguro, que muchos grandes capitales “hicieron diferencia”, ahorraron ATP y los usaron para especular contra el peso, hacer subir la cotización del dólar en el mercado ilegal, apostar a la devaluación. La maniobra enturbió el período sin pagos a acreedores externos que el Gobierno había logrado remando en dulce de leche.

Paradojas te da la vida, piensa uno: el salvataje expandido era imprescindible. Al mismo tiempo, se acentuó la desigualdad preexistente.

Se robusteció el paquete de crisis mediante el congelamientos de tarifas de servicios públicos, moratorias amplias. Como en todos los órdenes, se evitaron tragedias pero no se pudo parar la caída de la economía.

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El fin del intervalo: En el intervalo de gran prestigio y poder AF era valorado por amplios sectores de la opinión pública. Mantenía trato amable y cotidiano con el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Macri había pasado a la clandestinidad, sumido en silencio. La gente común acataba masivamente las reglas de cuidado, no salía de sus casas. Se aplaudía al personal de salud, cada noche. Ahora se nota que fallaron previsiones referidas a la pandemia. Se supuso que el “pico” y el subsiguiente descenso llegarían en invierno. Luego no se previó que el gran foco de contagio en el AMBA se mudaría a casi todas las demás provincias. El autor de esta nota no califica para saber si esas circunstancias podían ser conocidas de antemano. Se circunscribe a señalar que se tomaron decisiones en base a proyecciones equivocadas.

AF discontinuó las negociaciones con Larreta sobre la restitución de parte de los fondos nacionales que Macri le concedió con excesiva munificencia. Por ahí, era momento de apurar un acuerdo consensuado, por una cifra menor a la que ahora se legisla. Pero pactada, quién le dice pagada desde hace meses, sin conflicto, ni judicializaciones, ni intervención de la Corte Suprema de Justicia.

El Consejo Económico Social no se legisló, una oportunidad perdida que ahora se quiere reflotar.

El Gobierno se obstinó en sostener la Reforma Judicial, una movida intrincada, ajena a la sensibilidad y al interés de gente común agobiada por la salud y la economía personales o familiares.

El oficialismo perdió el manejo de la agenda pública a mano de una oposición salvaje dotada de rotundos fierros mediáticos.

Muchas personas se cansaron, la paciencia colectiva disminuyó. La prolongación del encierro, no laburar, la recesión agravada, los chicos sin asistir a la escuela… Las carencias acuciantes de millones de argentinos se tradujeron en malestar, desobediencias y demandas.

Las recidivas de contagios en el Interior, consecuencia en parte de relajamientos ciudadanos, configuraron el escenario invernal.

La reapertura de la economía no generó reactivación generalizada. La actividad mejora de modo heterogéneo, paulatino, muy dispar entre distintas ramas de la producción.

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Vicentin, una clave: En esta reseña la fallida expropiación de Vicentin funciona como símbolo y como ejemplo. Sucesión de errores no forzados del Gobierno, un proyecto ambicioso que se cayó tras zigzagueos, imprevisiones, fallas de cálculo. Hace sistema con el velatorio de Diego Armando Maradona que (claro) debió resolverse en pocas horas. De nuevo, faltó organización, cálculo, un equipo que tuviera en cuenta la situación única, el tiempo disponible, la pasión popular, la posición de la familia. El voluntarismo primó sobre un análisis de situación.

El desenlace fue turbulento, medió violencia de la Policía porteña sin ser la causa exclusiva del desmadre. La templanza de la multitud adolorida fue clave para evitar una tragedia. La gente dio el ejemplo, de pacifismo y unción.

En el Senado se reparó otro error reciente del Gobierno, un potencial perjuicio para los jubilados. El mecanismo previsto para armonizar la fórmula de actualización de las jubilaciones con el aumento de diciembre era manifiestamente injusto. Considerarlo pago a cuenta afectaba los intereses de los jubilados. La actualización semestral del coeficiente también los damnificada. Las críticas de dirigentes del oficialismo, de periodistas afines u opositores, de los senadores del Frente de Todos motivaron una corrección. Cuadros y funcionarios kirchneristas se atribuyen la iniciativa, en la Rosada replican que el propio Presidente enmendó el proyecto que había firmado unos días antes.

Este cronista piensa que la bancada oficialista, conducida por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desempeñó un rol protagónico en la corrección. Algo similar sucedió con el impuesto a las grandes fortunas que motorizó el bloque de Diputados sin contar durante meses con el aval del equipo económico.

El modo de zanjar esas divergencias, cabe acotar, no fue una guerra como imagina la oposición sino un debate interno sobre decisiones políticas. Una secuencia lógica, deseable en estos casos, en una coalición de gobierno.

En casi un año, el antagonismo entre “Cristina y Alberto” tan narrado por el establishment y sus medios, no hizo llegar la sangre al río. Las divergencias, existentes e inevitables, se tramitan de modo razonable. Menudo desafío conciliar una fórmula presidencial que no reconoce precedentes en la historia argentina por el peso específico de Cristina Kirchner, sideralmente superior al de cualquier otro vice.

En las semanas recientes, el diálogo mermó, los protagonistas conocerán los motivos.

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El anuncio de la vacuna: Esta síntesis no se ciñe a la cronología pero la toma en cuenta. El Gobierno recobró bríos y preeminencia al anunciar la vacunación. Se enredó fijando plazos para un acontecimiento de fecha incierta, reincidiendo en las fallas de comunicación.

La mejor agenda en medio de la pandemia es la que apunta a las principales preocupaciones ciudadanas. Enfilan hacia ese rumbo la vacuna, la posibilidad de reanudar clases en las escuelas, los refuerzos económicos a la Asignación Universal por Hijo (AUH), al importe de la tarjeta alimentaria, la canasta navideña si se instrumenta. La suba a los jubilados siempre ayuda algo, aunque es necesario discutir si alcanza.

La inflación de fin de año desnuda un flanco débil de la acción económica: siguió muy alta pese a la merma de la demanda y a congelamientos varios.

La recaudación impositiva creció durante tres meses consecutivos, lo que indica actividad. Se anotaron más de 600 mil contribuyentes en la moratoria impositiva 2020 cuyo plazo de inscripción fue prorrogado. La oposición denunciaba que es un traje a medida para el empresario Cristóbal López. No está solo, caramba. Hay cientos de miles de personas humanas o empresas dispuestos a acogerse a un plan de pagos generoso… nadie se inscribe sin pensar que le conviene seguir funcionando.

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Un atisbo de oportunidad: Según información de organismos públicos, el empleo registrado en la industria superó los niveles pre pandemia. Buena nueva que no da para extasiarse por dos motivos. Para empezar, el exiguo nivel posterior al industricidio macrista. Para añadir: las ramas de servicios muestran un panorama distinto, siguen deprimidas.

Los indicadores de empleo, nivel adquisitivo del salario y baja del PBI iluminan la floja y capciosa discusión sobre el ajuste 2021. Si “ajuste” conlleva despidos en sector privado y público, caída del Producto, cierres de empresas, concursos, quiebras, malaria entre los autónomos… el ajuste ocurrió y viene ocurriendo. A paso redoblado desde 2018 por lo menos. Dos años de política macrista y uno de pandemia seguidos.

En el reportaje publicado en Página/12 hace una semana, Martín Guzmán estimó un crecimiento de 5,5 puntos del PBI y del nivel de ocupación. El rebote no empardaría ni ahí la debacle de este año pero puede cambiar las proyecciones, las expectativas. Alberto Fernández imagina crecimientos mayores, son estimaciones en ambos casos.

La vacunación eficaz valdrá para catalizar el proceso, sin garantizarlo. El resto precisará intensa acción estatal para aprovechar si, efectivamente, cambia el viento. Una revisión autocrítica, no flagelante, del año impiadoso debería motivar al Gobierno a seguir remozando el Gabinete, para relanzarse.

El piso de derechos sociales y económicos que dejaron los tres gobiernos kirchneristas sobrevivió al tsunami macrista. Jubilaciones universales, AUH, convenciones colectivas, derechos laborales, programas Progresar y Potenciar jóvenes, entre otros. Las políticas sociales novedosas tienen que construirse sobre esa base institucional.

Nada llegará sin acción política eficaz, incentivo a la demanda, protagonismo estatal, control a las apetencias de los sectores de privilegio.

Se insinúa la posibilidad de imaginar un futuro menos asfixiante, más parecido al que se pensaba en diciembre de 2019. Arrancando desde el subsuelo, apuntando hacia arriba, empezando a dejar atrás el año de la peste.

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