El debate sobre el financiamiento de la actual crisis pone otra vez en la vitrina las típicas recetas de ajuste que naufragaron en la crisis de la deuda europea de 2010 o en las innumerables debacles económico-sociales de América latina. Es un debate sesgado. No cabe duda que el coronavirus ha impactado en las cuentas fiscales, pero como de costumbre se escamotea que el déficit fiscal tiene dos variables: gasto y recaudación. 

La ortodoxia centra sus recetas en el previsible diagnóstico de gasto excesivo (“vivir por encima de nuestras posibilidades”), mientras borra la otra pata de la ecuación que podría resumirse con otra frase más imaginativa y generosa: “se recauda mucho menos de lo que se necesita para el desarrollo económico-social”.

En su primer informe anual sobre el Estado de la Justicia Fiscal del mundo, la organización que lidera desde 2003 la lucha en este terreno, Tax Justice Network (TJN), aclara las cosas. Según el informe, los países dejan de recaudar 427 mil millones de dólares anuales debido a la evasión y elusión fiscal de multinacionales y grandes fortunas. 

Unos 245 mil millones corresponden a las multinacionales y el resto a las grandes fortunas.

En la presentación internacional del informe, que tuvo entre los expositores a la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el director de Tax Justice Network, Alex Cobham, calificó a este sistema impositivo global de “disfuncional y roto”. 

En una mezcla de inglés y español con tonalidad andaluza-canaria, Cobham dialogó con Cash sobre el impacto económico de este sistema "roto" y el lugar que ocupa Argentina en este esquema internacional.

– TJN viene denunciando las gravísimas falencias del sistema fiscal internacional desde su fundación en 2003. En informes previos hablaban de una pérdida de ingresos fiscales de 500 mil millones de dólares por la evasión y elusión fiscal de las multinacionales. En el actual hablan de 254 mil millones. ¿A qué se debe esta diferencia?

- El Estado de la Justicia Fiscal 2020 es el primer estudio que utiliza los datos del informe país por país publicado recientemente por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Ese informe nos permite medir cuál es la actividad real de las multinacionales en cada país para calcular cuánto están evadiendo o eludiendo a nivel impositivo. Tax Justice Network propuso este informe país por país en 2003. La OCDE lo resistió durante mucho tiempo y solo terminó aceptándolo a instancias del G20 en 2013, aunque licuó la propuesta en el camino. Este año, por primera vez, la OCDE publicó los datos país por país que le proporcionaron las mismas multinacionales. 

- ¿Cuáles son las maniobras de evasión y elusión?

- Como se sabe, el truco impositivo favorito de las grandes corporaciones es declarar ganancias en un paraíso fiscal con bajos o nulos impuestos y recargar el costo de sus operaciones en los lugares donde desarrollan su actividad real para disminuir su carga tributaria. ¿Cómo lo hacen? Mediante los precios de transferencia, es decir, pagando altísimos precios a sus filiales offshore por distintos tipos de servicios, sea patentes, publicidad, autopréstamos o lo que inventen los estudios jurídico-contables que organizan su planificación tributaria.

- ¿De qué manera el informe país por país revela esas operaciones?

– Los datos que presentan las multinacionales a la OCDE incluyen la cantidad de empleados de una empresa en cada jurisdicción, su valor de facturación, las ganancias antes y después de impuestos, el capital y las utilidades acumuladas. Si una empresa tiene todas sus ganancias en un lugar que tiene dos empleados y todos sus costos operativos donde está produciendo y comercializando un producto, queda claro que hay una distorsión tributaria enorme gracias a la planificación tributaria de los estudios jurídico-contables. Queda también claro cuánto tendrían que pagar de impuestos y cuánta recaudación pierden los estados.

- ¿Por qué entonces esa diferencia entre los 500 mil millones que calculaban antes y estos 245 mil millones que estiman ahora para la evasión de las multinacionales?

– Los datos de la OCDE registran solo a las multinacionales con un volumen anual superior a los 750 millones de dólares. Estos grupos representan alrededor del 10 o 15 por ciento de los grupos multinacionales y un 90 por ciento de los ingresos. Pero excluye a muchas multinacionales y tiene un sesgo que afecta en especial a países en desarrollo en los que muchas compañías operan con márgenes mucho menores. De entrada, nuestra estimación de 245 mil millones de pérdidas de recaudación fiscal debería ser un 10 o 15 por ciento más elevada si incluimos el conjunto de las corporaciones. Pero además, el cálculo de este primer informe anual se hace sobre las pérdidas directas del abuso fiscal corporativo mundial. A esto habría que sumar las pérdidas indirectas, es decir las de ingresos fiscales debido a que los gobiernos reducen las tasas impositivas corporativas como parte de una “competencia fiscal” con otros países para atraer inversiones, lo que termina en la denominada “carrera a la baja”. 

- ¿En qué consiste?

- Esta carrera a la baja es un despropósito porque las multinacionales no se guían por las tasas corporativas para invertir en un lugar. El que pierde es el Estado que termina resignando ingresos fiscales con todo tipo de reducciones impositivas y exenciones. Nuestro cálculo es que esas pérdidas indirectas son entre cuatro y seis veces más elevadas que las directas. Algunos estudios estiman que en algunos países en desarrollo el costo es 15 veces más grande. Con lo cual la evasión y elusión corporativa real supera el billón de dólares anuales.

– Usted publicó en 2017 un estudio para el Instituto Wider, dependiente de Naciones Unidas, sobre la evasión y elusión corporativa a nivel mundial. Allí Argentina figuraba entre los cinco países del mundo con mayor pérdida de ingresos fiscales a manos de las multinacionales, solo superados por Estados Unidos, China, India y Japón, países que tiene un PIB mayor. Hablaban de 21 mil millones de dólares, más del 4 por ciento del PIB nacional. ¿Se mantienen estas cifras en el actual informe?

– La estimación que hicimos en aquel informe se basaba en la metodología propuesta por el FMI para lidiar con un escenario en el que había mucho menos información que la actual. Era una estimación que sumaba pérdidas directas e indirectas. Como los datos de la OCDE solo contabilizan a multinacionales con facturación superior a los 750 millones de dólares, muchas corporaciones que operan en Argentina quedan fuera del radar. Lo positivo de esta información limitada es que los datos son muy sólidos y provienen de las mismas multinacionales: no hay mucho margen para el debate. En el caso de Argentina, las pérdidas directas en recaudación de este primer informe anual suman 2,3 mil millones de dólares. Ahora a esto habría que sumar las pérdidas indirectas. Y la diferencia entre tasa nominal y tasa efectiva, es decir, la que se paga una vez que se contabilizan las exenciones impositivas y otros beneficios. La suma puede fluctuar entre 7 mil y 37 mil millones. El cálculo estimativo que hicimos en 2017 de 21 mil millones se encuentra a mitad de camino de estas dos cifras.

- ¿De qué manera se puede reprogramar el sistema impositivo para dar respuesta a las necesidades sanitarias y económico-sociales de la población?

– Hay tres cosas que podemos hacer para empezar. Primero instamos a los gobiernos a que impongan un impuesto a los beneficios excesivos para aquellas multinacionales cuyas ganancias se han disparado durante la pandemia. Es el caso de las empresas digitales que ya eluden en su práctica habitual miles de millones de dólares de impuestos. En segundo lugar, un impuesto al patrimonio podría garantizar que los que tienen espaldas más grandes puedan contribuir de un modo decisivo. En tercer lugar, debemos elaborar un convenio fiscal de la ONU para introducir reformas fiscales mundiales. Solo así se puede garantizar una gobernanza fiscal transparente y democrática que respete los intereses fiscales de los países en desarrollo.

– Los países centrales son los que más pierden ingresos impositivos en términos nominales pero son también los grandes responsables de la evasión y elusión global. ¿Se puede pensar que a partir de la actual crisis y con una presidencia de Joe Biden se pueda empezar un cambio?

– El progreso tiene muchos más zigzags de lo que uno desearía, pero existe. Con el gobierno de Obama-Biden, Estados Unidos promulgó la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) que fue crucial para que la OCDE finalmente avanzara con la propuesta que habíamos hecho en 2003 para el intercambio automático de información bancaria que abarca hoy un universo de más de 10 billones de euros. La gran ironía es que Estados Unidos no participa de este sistema. Con el FATCA Estados Unidos exige que los países le suministren información sobre las cuentas de estadounidenses en sus países, pero se niega a ofrecer el mismo servicio al resto del mundo, con lo que se convierte en uno de los paraísos fiscales más atractivos para aparcar dinero ilegal. 

– En 2008 hubo una crisis internacional como no se vivía desde el crac del '29. Sin embargo solo hubo cambios cosméticos. ¿Por qué será diferente en esta crisis?

– Hay dos vías por las que vemos la posibilidad de un cambio. Por un lado, la opinión pública. Hoy el rechazo a los abusos impositivos está en su máximo nivel. Una reciente encuesta de siete países desarrollados (Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Holanda, el Reino Unido y Polonia) mostró que entre el 87 y el 95 por ciento estaba a favor de terminar con los abusos impositivos de las grandes corporaciones. Con la pandemia esta presión de la opinión pública ha creado una oportunidad en los próximos 12 a 18 meses para tener avances tangibles en este terreno. Estos avances necesitarán darse en un marco internacional. El próximo febrero, el panel FACTI de la ONU publicará sus recomendaciones finales para los cambios que se necesitan en la arquitectura internacional. Ellos ya han identificado la ausencia de una convención impositiva de la ONU como un problema esencial. Esto va a requerir la acción concreta de los gobiernos. Necesitamos una coalición de países progresistas como Argentina para poder neutralizar el lobby de los multimillonarios y las multinacionales. Estamos encantados que Mercedes Marcó del Pont participó en el lanzamiento internacional de nuestro primer informe del estado mundial de la Justicia Fiscal. Y fue muy interesante lo que mostró durante su exposición respecto a lo que se puede hacer a nivel nacional y regional. Es decir, tampoco hay que quedarse de brazos cruzados a esperar un acuerdo internacional.