Trece días después de que la última Junta presentara el documento final que daba por muertos a los desaparecidos, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) terminaba un largo informe sobre una de las organizaciones que mantenían el reclamo por la aparición con vida, la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. En la documentación hallada en el relevamiento ordenado por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño existen documentos referidos a Familiares desde, al menos, 1978. El informe sobre la situación de base de 1983 da una pista acerca de por qué la SIDE siguió con tanta obsesión a esta organización creada en 1976: era la que tenía entonces el despliegue nacional más amplio entre todas las organizaciones de solidaridad.
A veces, la SIDE la llamaba por su nombre; otras, como "Familiares de Delincuentes Subversivos". Lo que no varió jamás fue el interés por saber qué hacían. Un informe fechado el 10 de mayo de 1983 hace un recorrido profundo en los orígenes de la agrupación, sus principales dirigentes, sus principales contactos en el interior y en el exterior, e incluso sus formas de financiamiento y sus contactos con la prensa.
“En el año 1976, ante la ofensiva de las fuerzas legales sobre los grupos subversivos y, como consecuencia de las detenciones y desapariciones que se producen, el Partido Comunista ofrece a un grupo de familiares que acudían a ellos el local de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) para que se organicen y comiencen a funcionar de forma autónoma. De esta forma se crea la autodenominada ‘Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas’”, arranca el informe de la SIDE, que, sin buscarlo, termina confirmando la existencia de los desaparecidos -- algo que en otros cables los espías van a definir como “supuestos”.
Según la SIDE, el objetivo de Familiares no era buscar a los suyos que estaban desaparecidos o procurar la libertad de los presos políticos, sino “desestabilizar al Gobierno de las Fuerzas Armadas a través de un accionar que se encubre invocando supuestas desapariciones y solicitando la liberación de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional” y “desacreditar la lucha antisubversiva”, entre otros.
El informe demuestra que los servicios tenían total conocimiento acerca del modo de funcionamiento de Familiares y de sus contactos, tanto que es difícil no pensar en una infiltración a ese organismo. Describía que la asamblea era el órgano máximo, que elegía por mayoría simple al Secretariado, integrado por catorce miembros y que funcionaban en distintas subcomisiones (detenidos, obreros, estudiantes, profesionales, periodistas, Relaciones Públicas, Prensa y Propaganda, Finanzas y Solidaridad). Entre los miembros del secretariado identificaba a Lucas Orfanó, a Lilia Jons de Orfanó, a Clara Berestetzky de Israel, a Catalina Raymundo de Guagnini, a Ilda Gásquez de Velazco, a Alicia Martini, a Mabel Gutiérrez, a Élisa Bussi de Galletti y a Graciela Palacio de Lois. La SIDE sabía que los martes a las 19 se reunían con los familiares de desaparecidos y que los jueves a la misma hora se encontraban con familiares de presos políticos. “Se intercambia información sobre la situación carcelaria y se concretan tareas”, agregaba el informe.
Lo que le interesa al régimen militar -- y se percibe en la cantidad de partes de inteligencia dedicados a Familiares -- era la cantidad de filiales que tenía a lo largo y ancho del país. “Al mantener el despliegue nacional más amplio entre todas las organizaciones de solidaridad le permite: mantener permanentemente actualizadas situaciones particulares de simpatizantes y adherentes; activar sistemática y coordinadamente desde cualquier punto del país en contra del Gobierno de las Fuerzas Armadas”, diagnosticaba. Según la SIDE, para 1983, la organización tenía nueve filiales en Gran Buenos Aires, cuatro en Buenos Aires y sedes en Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy, Formosa, Misiones y una conjunta en Neuquén y Río Negro, a la que la SIDE solía estar muy atenta. En el informe, consignaban que Familiares tenía presencia también en Santiago del Estero, Chaco y Corrientes, aunque no sabían dónde funcionaban ni quiénes eran los referentes.
En el informe de base de mayo de 1983, la SIDE listó con detalle actividades de Familiares que iban desde el 29 de abril de 1980, cuando realizaron su plenario nacional y hasta el 10 de diciembre de 1982, cuando participaron de la Marcha de la Resistencia. Había dentro de esas actividades desde solicitadas que se publicaron en los diarios hasta presentaciones judiciales o reuniones internas de las organización.
Todo está guardado en la SIDE
Los documentos encontrados en la actual AFI parecen confirmar una sospecha que recorría como un fantasma a las organizaciones de derechos humanos y a los militantes en los años del terrorismo de Estado: la correspondencia podía ser interceptada por los servicios y leída. En el juicio por crímenes en Automotores Orletti, regenteado por la propia SIDE, se probó, de hecho, que se produjeron caídas por la interceptación de las cartas. Hay múltiples ejemplos que apuntan en esa dirección. En el caso de Familiares, habían enviado -- según relata un parte del 21 de diciembre de 1979 -- cartas a sus “corresponsales en el exterior” con una tarjeta para difundir que llevaba la leyenda: “Por un año 1980 sin desaparecidos ni detenidos por razones políticas”. Los servicios guardaron una copia de esa postal.
Por si fuera poco, la SIDE tenía su propia agencia de noticias, Saporiti, que funcionaba en el Palacio Barolo, de Avenida de Mayo. Hasta allí habían ido los integrantes de Familiares el 16 de julio de 1980 para dejar una convocatoria a una conferencia de prensa que harían dos días después en la sede de la LADH de Avenida Corrientes. Querían denunciar hechos de gravedad que sucedían en las cárceles: “Desde enfermedades físicas, casos de locura, malos tratos, incumplimientos de los mínimos principios de consideración humana, hasta suicidios ocurridos en escala progresiva”. La SIDE consiguió la copia para sus archivos.
Los espías tenían buenos oficios para hacerse de material de los organismos, tal como lo muestra el parte del 19 de febrero de 1981, que describe que los organismos planeaban publicar una solicitada cuando Roberto Viola asumiera la presidencia en reemplazo de Jorge Rafael Videla. “La comisión encargada de esta solicitada tiene previsto tener terminado y entregado en la Capital Federal todas las firmas no más tarde del 15 de marzo de 1981 para ser publicada en término”. El texto y la planilla para juntar firmas también constaba en sus registros.
