La consigna de Memoria, Verdad y Justicia con que el Estado señaliza excentros clandestinos de la última dictadura se aplicó por primera vez  a un hecho de violencia institucional. La Secretaría de Derechos Humanos hizo un acto de señalización en memoria de las víctimas de la Masacre de Monte, que costó la vida de cuatro adolescentes y por la que hay 23 imputados, en su mayoría policías bonaerenses. “Las veo a ustedes y las veo a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Tienen mi compromiso y el de esta Secretaría en esta lucha y en la búsqueda de la Justicia”, expresó el secretario Horacio Pietragalla Corti, quien anunció que la política de señalización por casos de violencia institucional se aplicará en todo el país.

El acto realizado en la localidad de San Miguel del Monte forma parte de una serie de señalizaciones por hechos de violencia institucional que se ubicarán a lo largo del país "como parte de una política federal que pretende impulsar el organismo". 

La Masacre de Monte ocurrió en la madrugada del 20 de mayo de 2019 en el kilómetro 111 de la ruta 3, en San Miguel del Monte, y puso fin a la vida de Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez, Camila López y Aníbal Suárez. La única sobreviviente fue Rocío Quagliarello, de 13 años. Las muertes fueron producto de una persecución y balacera sin motivo por parte de los policías hacia el auto en el que paseaban las y los jóvenes, que terminó chocando contra un camión. La investigación penal tiene 23 imputados entre efectivos de la comisaría local, peritos de Policía Científica y el exsecretario de Seguridad de esa localidad.

“Mientras se sigan violando los derechos humanos en democracia vamos a estar en deuda con las instituciones y los familiares de las víctimas”, expresó Pietragalla ante las madres de las víctimas. “Esta señalización hoy en Monte es un punto de inflexión”, agregó, y destacó que la señalización fue comunicada previamente al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Fernández y al gobernador Axel Kicillof, quienes manifestaron su apoyo a esa política. Matías Moreno, subsecretario de derechos humanos bonaerense, aseguró que “la provincia de Buenos Aires va a trabajar con Nación para terminar con esta deuda que tenemos en la democracia, que es la violencia institucional”.