Entre 2012, año del fallo F.A.L., y la actualidad, en la Argentina se iniciaron 1.388 causas por aborto y 33 eventos obstétricos fueron criminalizados, según las cifras oficiales de 13 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que expuso esta semana la abogada Paula Litvachky, directora ejecutiva del Cels, en una de las jornadas de exposiciones en el Senado por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), a partir de un estudio que realizó el organismo junto con el Centro Universitario San Martín (Cusam), de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam). “¿Quiénes son las mujeres alcanzadas por el derecho penal?”, planteó Litvachky. “Todas pertenecen a sectores sociales vulnerabilizados, no tienen trabajo remunerado, tienen bajo nivel de instrucción formal y viven en condiciones habitacionales muy precarias. La mayoría tienen menos de 30 años y muchas tienen hijos. Algunas de las que compartieron sus historias dijeron quedar embarazadas producto de una violación, y por desconocimiento o temor no accedieron a una ILE.”
Reveló también que el 33 por ciento de esas mujeres fueron denunciadas por personal de salud. “No hay duda de que estamos ante una política esencialmente selectiva. Lo que vemos en la criminalización del aborto es un dispositivo de castigo que funciona como en casi ningún otro fenómeno criminalizador”, advirtió, para confirmar una práctica heteropatriarcal sistemática del control de los cuerpos y de los derechos reproductivos sobre todo el colectivo de personas con capacidad de gestar, bajo los códigos de la clandestinidad y la amenaza. “Muchas mujeres sufren en sus vidas estas dos respuestas a la vez”, lamentó la abogada, que interpeló sobre cómo garantizar en forma igualitaria el derecho a la salud y a la vida de las mujeres y personas gestantes. “¿El Estado terminará con una política de desigualdad y exclusión que esconden hipocresía y falta de atención a quienes más la necesitan?”, preguntó a lxs senadorxs. “La estrategia de la criminalización es incompatible con la libertad de las mujeres. Estamos ante una evidente cuestión de autonomía; el derecho penal no puede modificar la voluntad de decidir sobre el propio cuerpo. Hoy, con esta política, el Estado persigue y desampara. Este es el verdadero proyecto de descarte.”
