Parece una película de ciencia ficción pero no puede ser más real: a principios de diciembre, el agua comenzó a cotizar en la Bolsa de Wall Street. Mientras en el mundo más de 2 mil millones de personas no acceden al agua potable, la cotización en el Mercado fue de 486,53 dólares por acre pie, medida que equivale a cerca de 1,2 millones de litros. “No se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos básicos comercializados. El agua es de todos y es un bien público”, alertó días después de conocerse la noticia, Pedro Arrojo-Agudo, relator especial de la ONU sobre el derecho al agua potable y al saneamiento.

En Argentina, la pandemia de Coronavirus puso de manifiesto las desigualdades en el acceso al agua, un bien imprescindible para la vida. En la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país en términos de Presupuesto Per Cápita, el 15% de la población vive en asentamientos a los que no llega el agua potable ni la red cloacal.

“La Ciudad de Buenos Aires es un caso llamativo, porque además de ser el distrito más rico de nuestro país, es una ciudad que tiene un presupuesto per cápita similar al de Madrid o al de Roma. Sin embargo es la expresión de la desigualdad de nuestra región. Antes de la pandemia, esta ciudad con presupuesto europeo dejaba sin acceso al agua potable a uno de cada siete porteñas y porteños”, dijo María Eva Koutsovitis, ingeniera civil especializada en hidráulica.

El 7 de abril, a pocos días de haberse decretado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, María Eva, junto a otras mujeres de las Villas de la Ciudad, presentaron una acción de amparo con cautelar, exigiéndole al gobierno porteño que garantizara el acceso al agua en los barrios populares. El 5 de mayo quedó grabado en sus memorias: la Justicia le ordenó al Gobierno de la Ciudad que otorgara 150 litros diarios por habitante.

“También le ordenó que elaborara un plan de contingencia y un protocolo en relación al agua potable, la covid y los barrios populares. Fue un fallo histórico que operativizó en igualdad de condiciones el acceso al agua potable y jerarquizó la participación ciudadana”, dijo Koutsovitis.

Pese a la orden judicial, el Gobierno se declaró incompetente y tuvieron que presentar otros escritos para aclarar que, acorde lo establece la Constitución de la Ciudad, la competencia para garantizar el acceso al agua potable es de los gobiernos locales. El resultado: todavía no se cumple la orden y las villas siguen sin agua en plena pandemia.

“Son las mujeres las que se encargan de estar alertas cuando llega un camión cisterna y quienes acarrean los baldes buscando agua. Todavía esperan que se cumpla una resolución de la justicia que tiene 8 meses”, explicó la ingeniera.

Según el sociólogo José Seoane, director de la sede argentina del Instituto Tricontinental, “la reciente integración del agua como una mercancía en el mercado del futuro de materias primas de Wall Street supone un paso más en el proceso de mercantilización de los bienes comunes de la naturaleza, que caracteriza las transformaciones neoliberales de las últimas décadas, particularmente en este caso, iniciada en los años 90 en la Cumbre de Dublin”. Lo que supone esta medida es, según Seoane, una intensificación de las políticas y las dinámicas empresariales en relación a la apropiación privada de las fuentes de agua particularmente en el sur del mundo, con sus consecuencias de despojo, desmantelamiento y destrucción de las condiciones de vida de las poblaciones.

El investigador, experto en extractivismo, señala además que “esta medida es particularmente grave en el contexto de la pandemia teniendo en cuenta que el acceso al agua constituye uno de los elementos centrales de las políticas sanitarias para enfrentar la expansión del virus y sus efectos más nocivos sobre las poblaciones”.

Dagna Aiva, coordinadora de salud de la junta vecinal de la Villa 21-24 de Barracas e integrante del Frente Salvador Herrera de la CTA Autónoma lo siente en carne propia: “Vivir sin agua significa no poder lavarte las manos, no poder cocinar, no poder bañarte cuando tenés ganas o lo necesitás, no poder compartir con amigues, no poder estar en una pileta cuando hace este calor; significa que nuestros derechos fueron y son vulnerados. No tenemos el derecho humano básico que es acceder al agua potable”.

Para conseguir agua, las vecinas y vecinos esperan los camiones cisternas, a los que les cuesta llegar por sus grandes tamaños y las angostas calles de las villas. “Las familias no pueden comprar carne, menos van a comprar agua. A veces buscan en otras casas o esperan al camión”, contó Dagna.

En los lugares donde no se accede al agua potable, explicó Koutsovitis, también titular de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la UBA (FIUBA), las tasas de contagio crecen exponencialmente: “En las comunas 4 y 8 de la Ciudad de Buenos Aires, donde 1 de cada 3 habitantes no accede al agua potable, los contagios por covid-19 se multiplican varias veces en comparación con lo que sucede en el norte de la Ciudad.”

“Durante la pandemia hubo un peregrinar de los baldes vacíos que le costaron las vidas a Ramona, a Gladys, a Bety y a tantas otras compañeras y compañeros de los barrios humildes de la ciudad”, dijo la especialista y agregó: “la lógica del Gobierno porteño ha sido mercantilizar la sed. Pedimos tanques para los hogares y nos dijeron que no había presupuesto, pero sí pusieron dispensadores gastando 90 millones de pesos, en edificios públicos que están conectados a la red formal”.

Para Emilio Taddei, investigador del Conicet, “es un hecho emblemático que en medio de la pandemia, en donde el agua cobra una nueva dimensión vital para enfrentar el virus, pase a cotizar en Wall Street: es una condensación de los procesos de financiarización en esta etapa del capitalismo neoliberal”, explicó.

Si bien en América Latina, el proceso de privatización del agua comenzó en los ‘90 con la desregulación y cotización de las empresas en el mercado financiero, esta nueva medida constituye una vuelta de tuerca porque ahora es el bien mismo cotizando en los mercados a futuro, dijo Taddei.

La cotización se construye sobre la base del índice NQH2O, que es la relación entre la utilidad hídrica y la disponibilidad. El precio actual de 486,53 dólares por acre está fijado en función de un territorio específico, que es el de las 4 cuencas del Estado de California. “Es la capacidad del neoliberalismo para utilizar las crisis en pos de profundizar aún más la mercantilización de la vida”, explicó Taddei, quien alertó que si bien en esta primera medida, el agua comenzó a cotizar en los Mercados a futuro de Estados Unidos, seguramente no tardará en llegar a América Latina.

“Hay una relación entre este proceso y la presión que van a ejercer empresas y gobiernos sobre las poblaciones de los países de América Latina para, de alguna forma, naturalizar este hecho político. La respuesta va a tener que ver con la capacidad de la resistencia de los pueblos”, agregó el investigador.

“La financiarización del agua implica que deja de vincularse la necesidad con la demanda efectiva y pasa a ser especulación de los grandes sectores financieros. Esto es sumamente grave porque como lo hemos vivido en el pasado inmediato, entre el 2008 y el 2012, cuando el desplazamiento de la especulación financiera fue derivado justamente a estos mercados, conllevó a un incremento sustantivo del precio de los alimentos agravando procesos de hambruna y de crisis alimentaria particularmente en el sur del mundo que nada tenía que ver con la demanda de los pueblos respecto de los alimentos”, explicó José Seoane.

Por eso, según Seoane, se plantea con más urgencia garantizar salidas alternativas con un carácter común, democrático, de acceso soberano al agua y a todos los bienes de la naturaleza. En Chubut, este 4 de diciembre se cumplieron 18 años de marchas ininterrumpidas contra la mega-minería a gran escala. Las movilizaciones comenzaron en Esquel y desencadenaron en el plebiscito que parió la ley 5001, que es la que está vigente y es la que se busca modificar desde la Gobernación.

“Cuando el gobernador anunció el avance de este proyecto, el pueblo salió a la calle, de las ciudades más grandes hasta los pueblos más chicos. Bajo ningún punto de vista hay consenso ni licencia social pero el lobby mega-minero intenta demonizar la lucha del pueblo”, explicó a Las12 Claudia Barrionuevo, dirigente sindical de Chubut, provincia que durante todo noviembre llevó adelante la movilización conocida como el chubutaguazo, en defensa del agua.

En Mendoza la defensa del agua también es una lucha histórica y permanente: “Defendemos nuestro bien común como un bien de todos y todas y no como un recurso utilizado por los intereses mega-mineros saqueadores y contaminantes”, dijo Celeste Avogadro, referenta en la lucha ambiental y presidenta de Unidad Popular de Mendoza.

En 2007 -contó Avogadro- se sancionó la ley 7722 conocida como ' la ley guardiana del agua' que marcó un antes y un después en la protección de este recurso natural. “Dicha ley prohíbe la utilización de sustancias químicas tóxicas como el cianuro que se utilizan en la minería metalífera y fue una conquista que nos tocó volver a proteger en 2019, cuando el gobierno provincial de Rodolfo Suárez buscó modificarla y la resguardamos en históricas movilizaciones a las que llamamos 'el parientazo' con más de 500 mil vecinos y vecinas a diario en las calles”, recordó Celeste.

Y es que “defender esta ley y nuestra agua es fundamental porque las cuencas que nacen en Mendoza (Tunuyán, Diamante, Atuel y Desaguadero) atraviesan ocho jurisdicciones provinciales (San Luis, La Pampa, Rio Negro y Buenos Aires, entre otras) hasta llegar al Mar Argentino”, explicó.

No sólo se lucha en Argentina contra los proyectos megamineros, sino también -explicó Taddei- “contra los incendios forestales inducidos por los empresarios agropecuarios y particularmente contra los incendios de los humedales porque la cuestión del agua es central y nuestro país tiene una vasta cantidad de humedales, que son los reservorios más importantes de la reproducción del agua dulce, entonces las resistencias contra los incendios en Santa Fe, en Entre Ríos, en Córdoba, son luchas que tienen que ver con la preservación de ese bien común”.

Y es que el agua es el principio fundamental de la vida, “esto se sabe desde la antigüedad, lo observaba claramente Aristóteles cuando estudiaba los seres vivos de distinto tipo y se sabe que todos los seres vivos tienen en su cuerpo, entre 70 y 80 por ciento de agua. Que se cotice en la Bolsa implica en principio una privatización de la vida y esto quiere decir que entraríamos en una época en que un pequeño grupo de grandes empresas serían dueñas de nuestros cuerpos, algo que filosóficamente incluso es denegatorio del capitalismo mismo porque en principio en el capitalismo hay algunos supuestos que debieran subsistir como es el derecho a la vida y aquí se está negando el derecho a la vida”, dijo Susana Murillo, doctora en Ciencias Sociales de la UBA.

La también investigadora del Instituto Gino Germani explicó que el agua es un bien infinito, pero que la mano del hombre hace que pueda llegar a dejar de serlo: desforestando, cambiando cursos de ríos y arroyos para regar zonas específicas o porque en los ríos y lagunas se arrojan deshechos y materiales que tornan al agua un alimento malsano. “Hay que modificar el modelo agro bio tecnológico que está destruyendo poblaciones enteras en este momento. Esto es particularmente grave en el norte del país como Chaco y en el Amazonas y está relacionado también con la epidemia del coronavirus”, concluyó Murillo.