Fernanda tiene 37 años y es auxiliar de enfermería. En seis meses se recibirá de enfermera profesional y quiere especializarse, pero solo podrá hacerlo si logra que la Justicia la habilite a tener un DNI argentino con su identidad de género. Un trámite que tiene pendiente desde que salió de estar presa, en 2016, en el marco de una causa por presunta venta de estupefacientes. “Estuve 2 años y nueve meses”, cuenta a SOY, “y yo no tenía nada que ver, chica. Nada. Si supieras el martirio que pasé. Pero llegué a acostumbrarme. Esto tiene para rato, pensé, no voy a hacer nada deprimiéndome y llorando”. Fernanda salió del penal con un 10 de conducta y una preventiva vencida hacía 9 meses. Y cuando salió, volvió a trabajar en la zona roja platense, como siempre en una situación de extrema vulnerabilidad.

Tiempo después decidió “darle un giro” a su vida. Ahorró lo suficiente como para pagar algunas cuotas, hizo traer su título secundario apostillado desde Perú y se anotó en Enfermería. A pesar de que Migraciones pidió su expulsión del país (por ser inmigrante y estar procesada por un delito de más de 3 años de pena mínima) ella apuesta todo por quedarse. Desde marzo trabaja en un centro médico privado y también estudia. “Hoy en día si tengo que dejar de comer para pagar la cuota, lo hago”, afirma. “Me queda tan poco que me emociona... apenas meses. Cuando me dieron mi título de auxiliar me acuerdo que pensé: ‘¿Viste lo que estás haciendo sola?’”.

IMPUTACIONES ARBITRARIAS

El primer operativo fue el 3 de enero de 2014. Agentes de la DDI de Drogas Ilícitas venían haciendo tareas de vigilancia desde hacía tiempo a raiz de las múltiples denuncias (anónimas) de vecinxs del barrio. Ese mes aprehendieron a 40 personas con operativos en plena noche, en distintos puntos de la zona roja y allanamientos en domicilios privados. La mayoría ni siquiera se conocían entre sí, pero caían como moscas por el mismo delito y con secuestros que muchas veces -según denuncian las defensas- eran plantados por la misma policía. Hacía 2 años que el país había promulgado la ley de Identidad de Género, pero lxs operadorxs se encargaron de violarla sistemáticamente. “Los sujetos”, “los travestidos” y los nombres asignados al nacer son las únicas referencias a las imputadas. La excusa, la de siempre: se escribe lo que dicen los papeles (lo que la policía escribe en los papeles). Porque lo real es lo notarial. Y nada más.

“La única conexidad entre las chicas es su identidad de género. Hay criminalización de su identidad, del trabajo sexual y de las usuarias de drogas bajo el ropaje de ‘comercialización’”, asegura Aramis Lascano, abogadx y activista de RESET-Políticas de Drogas y Derechos Humanos. Dice que la causa es “una seguidilla de razzias judicializadas, algo que no es habitual. De 40 imputadxs pasaron el colador 24 y ahí empezó todo: detención, preventiva y adentro”. En el pedido de elevación a juicio aprobado por el juez César Melazo (que desde 2018 está preso bajo sospecha de integrar una asociación ilícita) puede leerse cómo varias fueron acusadas a base de puros prejuicios. Como Shirley, que pasó más de 3 años presa porque la Justicia leyó alusiones a la droga en mensajes de texto como “vendí poca comida hoy” o “paso a las 4 que tengo que comprar pollo para mi pollada”. Nunca se les ocurrió investigar para saber que Shirley, que jamás negó ante la Justicia ser usuaria de drogas, vendía comida para sobrevivir.

“La mayoría de las imputaciones son arbitrarias, cruzadas por interpretaciones sesgadas de la realidad de las chicas y por cómo se construyen los procedimientos y la hipótesis policial. Hay violaciones a los DDHH, requisas vejatorias, maltrato”, enumera Aramis. En 2016, con la causa ya elevada a juicio, el Tribunal N° 2 platense empezó a recibir pedidos de juicio abreviado que presentaban las defensas oficiales: una estrategia para evitar llegar al debate oral, quizá la única instancia del proceso en el que las 20 trans y travestis podían haber contado su versión de los hechos. Los jueces se negaron a homologarlos, advirtiendo que por la cantidad de imputadxs (24 en total, 20 chicas trans y 4 personas cis) se hallaban ante un presunto delito federal.

Entonces cambiaron la carátula: agravaron la “tenencia con fines de comercialización” por la “participación de 3 o más personas”. En 2018 la CSJN remitió la causa al fuero federal, cristalizando “la hipótesis policial transformada en hipótesis judicial”. De paso la Justicia provincial podía decirle adiós a un expediente plagado de irregularidades, de las que era responsable por ser escribana de la policía. A esa altura ya estaban todas en libertad, pero pasaron a ser acusadas de un delito federal: a varias se les inició un trámite de expulsión del país y a todas les negó el derecho a tramitar un DNI argentino, situación que persiste al día de hoy.

“La resolución de esta causa es una llave que abre puertas que están cerradas para las chicas. Que todavía esté en trámite repercute negativamente en el acceso a derechos para todas”, advierte Aramis. En 2019 RESET, junto al colectivo de abogadxs La Ciega, pidió presentarse como amicus curiae a través de un escrito que señala las múltiples “violaciones al plazo razonable de juzgamiento” y cómo esto tuvo “una directa implicación en la calidad de vida” de las acusadas. Advierte que la causa “no solo exhibe la desproporcionalidad entre los (posibles) daños y las penas y la criminalización de consumidoras/es de drogas ilegales” sino también que expone “el fracaso y las consecuencias devastadoras de las políticas prohibicionistas” en materia de estupefacientes y “la intersección entre género, raza y clase en el impacto diferencial de las políticas de drogas”. Todavía el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata no hizo lugar al pedido. El expediente duerme la siesta eterna mientras la vida sigue, para muchas, a los tropiezos.

"A ESTA LA MATARON, ESTA SE MURIO"

“Shirley pintaba increíblemente, hablaba italiano, sabía muchísimo de arte y de historia”, sonríe Marina al recordar a su amiga la Bom Bom, que fue y todavía es una presencia fuerte en la comunidad LGTB+ platense. Además era costurera, y cosió con sus propias manos el vestido que usó para casarse con Luciana, otra travesti de nacionalidad argentina: se amaban, sí, pero el fin último de ese matrimonio era un horizonte de estabilidad para Shirley: su DNI argentino. No alcanzó. En 2018 murió por una sumatoria de enfermedades, muchas de las cuales se habían intensificado durante el encierro. Marina revela que hasta después de muerta siguió siendo violentada: el ambulanciero se negó a tocar el cuerpo por temor a contagiarse una enfermedad, y la casa velatoria solo aceptó anotarla bajo el “nombre registral”. Sus amigas, que la habían acompañado hasta último momento en terapia intensiva, la montaron como una diosa para darle la despedida que merecía.

Al igual que Mabel, otra de las imputadas, Shirley murió esperando una resolución judicial. Vicky Valdez logró regresar a Perú y allí fue víctima de un transfemicidio. Fernanda, desde la humilde y acogedora habitación que alquila en una pensión de La Plata, pide que le den una oportunidad: “Estoy acá y me quiero quedar, quiero hacer una vida acá. Tener un trabajo, un título, más adelante quién sabe, por ahí construir mi casa. Y aparte de eso quiero hacerle un bien a la población. Por eso me estoy quedando. Ojalá que algún día lo puedan entender”.