Bajo el título "Ahora o Nunca", un informe elaborado por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) realiza un recorrido sobre la desigualdad social estructural de América Latina y los mitos alrededor de la tributación para justificar la aplicación de un impuesto a la riqueza en toda la región, que podría "recaudar un mínimo de 26.504 millones de dólares al año entre una veintena de países, suficientes para combatir el hambre en personas de extrema pobreza o garantizar la cobertura universal y gratuita a la vacuna contra la Covid-19", asegura el informe.

Una de las  causas por las cuales el efecto de la Covid-19 en América Latina es especialmente peligroso es que impacta sobre la sociedad más inequitativa del mundo en la distribución del ingreso: el 1 por ciento más rico de la región concentra el 41 por ciento de la riqueza, y el 10 por ciento más rico concentra el 72 por ciento. Otra causa que menciona el informe son los altos niveles de informalidad laboral (54 por ciento de los y las trabajadoras de la región). Si a este escenario se le suman 45 millones de nuevos pobres, el cierre de 2,7 millones de empresas formales y una caída del PIB regional de 9,1 por ciento; las posibilidades de revertir la situación son cada vez más lejanas. 

"Las bajas presiones tributarias dan como resultado Estados nacionales con poca capacidad de incidir en la distribución del ingreso, en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales y, por lo tanto, también en la respuesta a la crisis. Ante la pandemia se ha hecho evidente el importante rol que juega el Estado para la garantía de los derechos y la protección de la población no solo para las personas más vulnerables sino para la sociedad en su conjunto", puntualiza el informe. 

Con la visibilidad  que la crisis económica mundial dio a problemáticas sociales que estaban naturalizadas en muchos países, crecieron los reclamos sociales para lograr una mayor equidad ante la creciente desigualdad. Y estos reclamos ponen en el centro de la escena la necesidad de sistemas tributarios acordes a este objetivo. Hubo un consenso general en la comunidad a favor de los mismos: desde economistas que en general se manifiestan a favor de la equidad como Thomas Piketty, hasta organismos multilaterales que no suelen apoyar este tipo de políticas como el FMI o la OCDE. En la práctica muchos países comenzaron a tratarlo: en Argentina está aprobado, pero también Perú, Bolivia y Chile presentaron proyectos de ley al respecto.

Es un mito

Con su tratamiento también renacieron mitos históricamente instaurados para proteger el patrimonio de los ricos:

- Los impuestos a la riqueza reducirán el ahorro, la inversión y, por tanto, el crecimiento: El informe intenta rebatirlo citando a los premios Nobel de Economía Banerjee y Duflo (2020), que establecen que “no hay evidencias de que las rebajas de impuestos de Reagan o el aumento de la tasa marginal de Clinton, o las rebajas fiscales de Bush, hicieran nada por cambiar la tasa de crecimiento de largo plazo”.

- Gravar el capital aumenta la fuga: "En Uruguay aplica un impuesto al patrimonio desde 1967 con modificaciones y variantes en las tasas y en los montos imponibles. Siempre estuvieron grabadas las empresas, las personas físicas y sucesiones indivisas. En ninguna de sus modificaciones de tasa o base imposible se ha podido mostrar una relación con la salida de capitales del país, a pesar de que ha mantenido una política abierta de entrada y salida libre de capitales",asegura.

- Los impuestos a la riqueza duplican el gravamen a rentas que ya habían tributado:  este fenómeno ocurre habitualmente en el sistema tributario. Por ejemplo, el salario de una trabajadora se grava múltiples veces (impuesto a la renta personal, contribuciones de seguridad social, el IVA u otros). "Esto sin embargo no genera rechazos por los grandes detractores de los impuestos sobre la riqueza", determina.

Finalmente, analiza posibles usos de la recaudación potencial resultante de la aplicación del impuesto, enfocadas a combatir el hambre y fortalecer el sistema de salud pública."La baja inversión pública dejó servicios públicos de baja calidad para millones que no consiguen romper las barreras de la desigualdad. Las necesidades son inmensas", concluye el informe.