Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), y más tarde el distanciamiento social por la pandemia, las mujeres migrantes sufren obstáculos inmensos para subsistir y acceder a derechos básicos. “Las políticas sociales para cumplir el ASPO no han sido para todxs igualitarias”, señaló esta semana la abogada Zulema Montero, presidenta de la asociación civil Yanapacuna y referenta de Ni Una Migrante Menos, en el conversatorio por el Día de las Mujeres Migrantes, que conmemora el femicidio de Marcelina Meneses y su bebé.

Según Montero, apenas un 20 por ciento de la población migrante accedió al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que exige tener dos años de residencia en el país, y advirtió que desde el comienzo de la pandemia el Registro Nacional de las Personas (Renaper) no emitió documentos. “Pese a los reclamos que hemos hecho, no recibimos respuestas. No nos toman en cuenta en las plataformas de los ministerios, en las políticas públicas”, lamentó. “Esta situación nos lleva a que la mujer migrante ha sido más vulnerable y los hechos de violencia han sido innumerables.” 

El universo de las migrantes está atado a la economía informal, viviendo al día, en su mayoría con trabajos independientes o no registrados, “lo que equivale a decir que no tenemos sueldos que nos haya permitido subsistir durante la pandemia”, remarcó la abogada, que junto con otras organizaciones asiste a personas migrantes que no reciben ayuda económica por parte del Estado. “Hemos estado asistiendo sobre todo a la comunidad senegalesa y a las mujeres migrantes, muchas jefas de hogar con hijxs que dependen de ellas, porque han sido víctimas de violencia por parte de sus esposos y quedaron solas, con toda la carga económica sobre sus hombros." Durante el encuentro del que participaron Dolores Fenoy, Kathia Díaz, Luis Roa y Verónica Jaramillo, volvió a plantearse la necesidad de tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) sin las trabas burocráticas actuales y la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017, dictado durante el gobierno de Mauricio Macri, para volver a la Ley de Migraciones original, que garantiza los derechos de lxs migrantes en la Argentina. “Pedimos que se derogue porque están involucradas las mujeres”, concluyó Montero. “No cabe que siga aplicándose este decreto en un gobierno popular al que apoyamos.”