La política de altas tasas de interés, atraso cambiario y contención del gasto desplegada por el Gobierno de Mauricio Macri para contener las subas de precios y atacar el que, según el diagnóstico oficial, es el principal problema de la economía, no arroja resultados y profundiza el escenario recesivo. La Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza estimaron que la inflación se ubicó en marzo entre 2,9 y 3,6 por ciento. La medición del Indec estuvo un escalón más abajo y su IPC marcó un alza del 2,4 por ciento. Con esas perspectivas, la inflación acumulada en los primeros noventa días del año alcanza al 7 por ciento. Si esa tendencia motorizada por tarifas, alimentos e indumentaria continúa, las subas de precios finalizarían 2017 en un rango del 25 al 30 por ciento. Esos registros están en línea con los anotados durante la última etapa del gobierno anterior pero, en esta oportunidad, el poder adquisitivo de los ingresos y el nivel de empleo se encuentran en retroceso. En ese contexto, la estrategia antiinflacionaria comandada por el Banco Central genera fricciones al interior del Gabinete así como cuestionamientos de aliados empresarios y políticos. 

 En marzo la inflación estuvo impulsada por la entrada en vigencia de la segunda parte del incremento en la tarifa eléctrica, pero también colaboraron el ajuste en las cuotas de los colegios privados, los precios de la ropa y las subas en los alimentos. Altas tasas de interés, atraso cambiario, apertura comercial y techos para las paritarias no lograron contener la dinámica de precios pero agudizaron el escenario recesivo: lesionan el dinamismo del mercado interno y atentan contra la inversión productiva. En un año electoral, la meta del 17 por ciento dispuesta por el BCRA pasa de ser un objetivo improbable a una obsesión que lesiona la economía. 

 “No hay que pensar que esto es una crisis. Luego del pico inflacionario de 2016 cuando llegó al 40 por ciento después de la devaluación, los aumentos vuelven a la inflación crucero que viene teniendo hace 7 años el país: entre 20 y 25 por ciento, sacando los picos de 2014 y 2016”, consideró ayer el diputado del Frente Renovador Marco Lavagna. “La inflación es una máquina de generar pobreza, le pega a lo que tiene menos y, en términos productivos, afecta a las pymes, pero el gobierno no tiene cómo afrontarlo salvo subiendo las tasas de interés, que genera recesión”, sostuvo el legislador en diálogo con Radio 10 al señalar que “hay sectores que pueden invertir porque hay mejoras, como en el área de energías renovables, pero que no genera empleo, para eso hay que reactivar las pymes, que dependen del mercado interno”.

 A pesar de estar “preocupado y atento” por la magnitud de los aumentos de precios, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, respalda la estrategia monetarista del Banco Central. Ante la ausencia de resultados, el funcionario eligió comparar los registros actuales con los del gobierno de CFK y aseguró que hoy los aumentos del IPC “son bastante más bajos que los que teníamos en todos los meses del kirchnerismo”. La contundente afirmación del titular del Palacio de Hacienda no se ajusta a la realidad ni siquiera considerando el índice Congreso difundido por representantes del PRO, Coalición Cívica, UCR y Frente Renovador. Tampoco lo acompañan las series del índice de precios que elabora el órgano estadístico de la Ciudad de Buenos Aires. 

En el caso de la inflación que difundían Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y Pablo Tonelli entre 2011 y 2013, sólo en dos oportunidades la medición superó el 2,4 por ciento. En 2014 lo hizo durante siete meses y en 2015 en ninguna. Entre los registros porteños se observa algo similar. Entre mediados de 2012, cuando comenzó a publicarse la información, y 2013 solo una vez el IPC fue mayor al 2,4 por ciento. En 2014 los datos se ubicaron por encima de la marca del Indec en cinco oportunidades y en 2015 solo fue en diciembre. En cambio, la inflación de 2016 fue para todas las mediciones de precios la más alta en dos décadas.