Desde Santa Fe.

El Tribunal Oral de Santa Fe otorgó esta semana el arresto domiciliario a un represor de la dictadura preso por los "homicidios calificados" de cuatro militantes montoneros, en 1977, que le escribió una carta a Mauricio Macri y lo anotició: "Cumplí con mi deber de defender a la Nación". Se trata del ex sargento del Ejército Jorge Alberto Balla, detenido en octubre de 2015 junto a otros ocho imputados en la causa: el ex militar Luis Alfredo Gómez y siete policías de la provincia, pero el único que se alojaba en la cárcel de Las Flores porque los demás ya habían vuelto a su casa. El Tribunal habilitó la salida de Balla por consejo de una junta médica que evaluó su estado de salud, dictaminó un cuadro de "alto riesgo" y le recomendó un "tratamiento psiquiátrico". El fiscal Martín Suárez Faisal no planteó "objeciones", aunque solicitó la "vigilancia electrónica" del autor de la misiva, a quien la Cámara Federal de Rosario y luego la Cámara de Casación Penal ya le habían rechazado el pedido de excarcelación por riesgo de fuga.

Antes y después de conceder la libertad domiciliaria a Balla, dos vocales del Tribunal se inhibieron de intervenir en el juicio. El juez José María Escobar Cello se apartó el mismo día que sus colegas María Ivón Vella y Luciano Lauría resolvieron el incidente, pero luego lo siguió la doctora Vella, según revelaron fuentes seguras. Uno de los policías investigados es Mario Daniel Aquino, que operaba en el Comando Radioeléctrico y luego pasó al escalafón de la justicia federal. Lo dijo el mismo Aquino en la indagatoria: "En el Comando estuve hasta el año 1980, luego vine a prestar funciones en el Juzgado Federal como chofer del juez Miguel Angel Quirelli", quien era un orgánico de la dictadura.

El juez Reinaldo Rodríguez elevó la causa a juicio oral en noviembre del año pasado, por lo que ahora ‑ante la inhibición de Escobar Cello y Vella‑, el Tribunal deberá integrarse con jueces de Rosario o Paraná. Además de Balla, Gómez y Aquino están imputados otros seis policías del Comando Radioeléctrico: Rodolfo Reible, Carlos Albornoz, José Martellini, Ricardo Brunel, Rolando Martínez y Abel Romero, que irán a juicio posiblemente el año que viene. La acusación ûcon diferentes grados de responsabilidad‑ es por el "homicidio calificado" de los dirigentes montoneros. 

La junta que evaluó el estado de salud de Balla se integró con tres médicos: Mabel Padró (por el tribunal), la psiquiatra Gabriela De Paoli (por el Ministerio Público) y su colega Hugo Provera (por la defensa). El dictamen advirtió sobre un cuadro de "alto riesgo", recomendó que el paciente  cumpla "su detención en el domicilio particular" que es "un ambiente propicio" que puede "favorecer la mejor evolución" y sugirió un "tratamiento psiquiátrico", en el que "el especialista tratante" presente "informes mensuales" sobre el caso y se realice una nueva junta médica "en seis meses".

El fiscal Suárez Faisal no planteó "objeciones" a que Balla regrese a su casa, pero solicitó al Tribunal que garantice el "tratamiento psiquiátrico" de éste y lo incluya en el "Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica" del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación".

El Tribunal otorgó entonces el arresto morigerado a Balla bajo la condición de "no ausentarse de su domicilio sin causa justificada o autorización previa", ordenó incorporarlo al Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica -como requirió el fiscal‑ y convocó a una nueva junta en "seis meses de concedido este beneficio", es decir en octubre de 2017.

En su carta, Balla le pidió a Macri que "se revea esta injusticia" ser juzgado por los crímenes de 1977. "Sólo cumplí con mi deber de integrar el Ejército para defender a la Nación", escribió.