El juez Roberto Gallardo convocó a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y al ministro de Salud, Fernán Quirós, a una audiencia judicial para que den detalles sobre cómo piensan implementar el comienzo de clases presenciales. Lo hizo como parte de una causa en la cual los demandantes solicitaron suspender el inicio de clases si no hay un mecanismo de testeos de los y las docentes. En esa línea, Gallardo ordenó que el Gobierno porteño informe cómo será el dispositivo de testeos y qué medidas tomarán para garantizar que no haya un agravamiento de los contagios. Desde el Ministerio de Educación porteño primero aseguraron, ante la consulta de Página/12, que entregarían la documentación al juez. Pero luego el gobierno porteño dejó trascender que recusará al juez Gallardo por su “manifiesta parcialidad”.

Este martes, además, los sindicatos se volvieron a reunir con el gobierno porteño que, según había informado, presentaría un protocolo mejorado, pero en diálogo con Página/12 representantes gremiales puntualizaron que el protocolo es "prácticamente igual al que ya existía".

Gallardo interviene en un amparo que reclama que no regresen las clases presenciales si no hay un testeo masivo a los docentes. La presentación la hizo un dirigente del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la CABA (SUTECBA), Carlos Luis Elías. El juez informó, a su vez, a otros sindicatos que pueden tener intervención como UTE-CTERA, Ademys, UDA y Sedeba.

La secretaria general de UTE, Angélica Graciano, explicó a Página/12 que "es un amparo judicial que hicieron los empleados municipales que representan a un sector muy sensible que son los auxiliares de portería. Ellos van a estar a cargo de la higiene y están muy preocupados porque en la limpieza de un baño hay muchas posibilidades de contagio. Por eso el juez Gallardo pregunta acerca de los testeos porque los ofrecen, pero no es condición para concurrir". Luego, Graciano subrayó que los trabajadores "quieren ver el protocolo porque hay reuniones, pero ellos no participan. Nosotros pedimos que participe toda la comunidad: familias, cooperadores, representantes de los auxiliares y de quienes hacen los operativos de comida". 

La secretaria general de Ademys, Mariana Scayola, explicó a este diario que "nos parece bien que se le pida explicaciones a los ministros sobre el protocolo porque no las están dando. El juez Gallardo pide precisiones sobre los testeos, pero lo mismo habría que hacer en relación a la infraestructura, cómo piensan implementar burbujas de 30 personas, qué pasará con docentes que tienen hijos con enfermedades y otras cuestiones que preguntamos y no responden".

Gallardo, antes de tomar una medida, resolvió pedir información y convocar a una audiencia en la que escuchará a todas las partes. Será el próximo miércoles 10 de febrero a las 12, a través de un formato virtual implementado por el Consejo de la Magistratura porteño. El magistrado advirtió que tanto Acuña como Quirós "deberán comparecer a la audiencia fijada en forma personal e indelegable". Además, convocó a participar de la reunión a "todas aquellas personas que pudieran tener un interés jurídico en el resultado del litigio", y dispuso medidas para que se le de difusión a la convocatoria a través de medios de comunicación de la Ciudad.

Gallardo ordenó que en dos días "informen si se ha elaborado un protocolo de testeos de covid-19 a personal docente y no docente de los establecimientos educativos dependientes del GCBA y si está previsto realizar testeos de manera previa al inicio del ciclo lectivo 2021". Ordenó que indiquen de qué forma, tiempos y lugares se harán y que entreguen los documentos correspondientes. También reclamó que informen si harán test a lo largo del ciclo lectivo, y qué cantidad. 

Sobre el nuevo protocolo, la secretaria general de Ademys puntualizó que "la única diferencia que presentaron es que van a dar a cada equipo de conducción un instructivo para elaborar el protocolo. Es decir, siguen trasladando a las escuelas la responsabilidad de la implementación de un protocolo inviable".