Unas diez trabajadoras del Servicio de Nutrición del Hospital San Vicente de Paul de Orán expresaron durante esta semana su preocupación ante la secretaria general de la Seccional Orán de ATE, Julia Pizola, tras haber recibido la comunicación de que algunas debían dejar de prestar servicios. 

Según informó el gremio, la medida alcanza a trabajadoras cuyas retribuciones se hicieron por modalidades irregulares como el “recibo prestado”, es decir, a nombre de otro trabajador o trabajadora del Hospital que cuenta con estabilidad laboral. 

La preocupación alcanza a trabajadoras que fueron contratadas antes de la pandemia, cuyo contrato vence el 31 de marzo. Ese mismo día vencen también otros muchos de los denominados Contratos Covid, una figura a la que el Estado recurrió para contar con trabajadores de salud que en el momento de mayor pico de la pandemia ayudaran al personal de planta. La mayor cantidad de contagios del coronavirus ocurrió entre agosto y octubre.

Los trabajadores y trabajadoras que ingresaron durante el pico de la pandemia sostuvieron en esos días críticos un sistema de Salud que arrastra el problema de déficit de personal. Con la covid-19 no solo dejaron de asistir a los centros sanitarios aquellos trabajadores que se encuentran en los llamados grupos de riesgo, sino también quienes se contagiaron o quedaron aislados por ser contacto estrecho de un caso confirmado con la enfermedad.

“Se incorporaron primero cinco compañeras que entraron como pasantes y se capacitaron en el servicio. Pero hay otras dos compañeras que ingresaron como monotributistas. Una de ellas trabajó por 7 años cobrando con recibo prestado y recién en 2020 recibió el monotributo”, dijo Pizola a Salta/12. El problema es que con los Contratos Covid se incrementó la precariedad laboral de muchas personas. Ahora Pizola teme que queden sin trabajo desde el 31 de marzo, fecha que hasta ahora el gobierno nacional estableció como plazo final al prorrogar la emergencia sanitaria por la covid-19.

Al ser consultada sobre la situación, la gerenta del Hospital, Gabriela Laime, sostuvo que son tres las cocineras monotributistas que quedarían afuera. Afirmó que al asumir en la gestión, el 5 de enero último, “les dijimos que debíamos hacer un corte contable a fin de pagarle toda la deuda a los monotributistas”. Sostuvo que recién ahora se pudo pagar septiembre y es preciso hacer el análisis porque “en el Hospital no hay presupuesto para pagarles”. Sin embargo, reconoció que al asumir se dio con el cobro de salarios mediante la modalidad de “recibo prestado”. Pero apuntó a los jefes de los distintos servicios del Hospital que le dicen a la gente que siga yendo a trabajar sin que exista ninguna relación contractual al menos en conocimiento formal de la gerencia.

“Queremos que contemplen las necesidades de los hospitales del interior porque estas personas son necesarias todas”, refutó Pizola por su parte. 

La médica y sindicalista afirmó que la misma jefa del Servicio de Nutrición hizo un informe positivo sobre las trabajadoras que quedaron sin empleo y que, según entendieron, serían diez (en caso de que sus contratos venzan el 31 de marzo), y no tres. “Si esas trabajadoras se van, el servicio queda desmantelado”, añadió Pizola. 

Indicó que las autoridades deben recordar que hay cargos que no fueron cubiertos en el Hospital tras las renuncias, jubilaciones y fallecimientos de trabajadores, y que es necesario contar con una resolución “seria y definitiva” sobre la situación laboral de quienes tienen un contrato precario. Ante ello solicitó al ministro de Salud, Juan José Esteban, que contemple estas situaciones y permita la continuidad laboral a quienes fueron contratados durante la pandemia. 

Según se pudo saber, las trabajadoras se reunirán hoy a las 8 junto con Pizola en el Hospital, para decidir un plan de lucha.