“Para reprimir no dudan ni cinco minutos pero para cuidar a una piba no alcanzan ni 18 denuncias por violencia ni una perimetral. Eso son.” “Y llega el día en el que un caso te llega más cerca, ¿quién dice que mañana no soy yo?”. “Yo también me vi muerta, lo hablamos, me dijo que era valiente porque estaba viva, porque pudo salir de ahí. Le dije que ella estaba viva, que él iba a caer. ¡No pude hacer nada y ella lo pedía a gritos! Sólo siento dolor y culpa. Perdón amiga.” Los mensajes en Twitter se acumulan como botellas al mar, advertencias que todas hicieron en algún momento, redes afectivas de las que tanto se habla pero que no tienen de dónde sujetarse si del otro lado no hay un Estado presente brindando instancias efectivas, herramientas previas a la sangre derramada. El policía bonaerense con antecedentes por abuso sexual, violencias de género y femicida Matías Ezequiel Martínez, pudo asesinar a Úrsula Bahillo, y muchos meses antes golpearla, perseguirla y hostigarla, porque los pedidos de auxilio en redes sociales y las denuncias de Úrsula acompañada por su familia también fueron botellas arrojadas a una cloaca. Es “esa siniestra repetición”, de la que habla el colectivo NiUnaMenos, en “la inacción de la Justicia, la advertencia de la víctimas sobre el riesgo que corre su vida, la sordera general”, reproducida en el “Me mandé una cagada” que mensajeó Martínez a un pariente, en los apretes arma en mano a ex parejas, en su permanencia en la policía pese a la cantidad de delitos que se le imputaban, en la evidente protección de sus compañeros de armas, y en la consiguiente represión policial desatada sobre les adolescentes que se manifestaron frente a la comisaría de Rojas para clamar justicia por Úrsula. El disparo que casi le arranca un ojo a Nerina, las heridas provocadas a sus compañeres, la escalada de detenciones arbitrarias cuando la rabia popular pedía a gritos Basta de convertirnos en despojos. 

Es el in crescendo, sostiene la abogada Sofía Caravelos, asesora en políticas de género del Ministerio de Justicia provincial, de las lógicas represivas policiales. “Lamentablemente, creo que tiene que ver con una envalentonada de violencia por parte de la policía, y en eso no me parece menor la figura de (el ministro de Seguridad) Sergio Berni. Hubo muchos gestos de su parte que volvieron a instalar esta idea de la resolución de los conflictos a través del poder de la violencia.”

El 9 de enero, “hicimos la denuncia con mi esposo contra Matías Ezequiel Martínez, porque la recontra mató y amenazó a palos”, relató desgarrada Patricia Nasutti, la madre de Úrsula, a una multitud que se movilizó a la comisaría para sostener su vigilia. Los números en cascada potencian la indignación y el desamparo: entre enero y diciembre de 2020, la Línea 144 recibió 108.403 comunicaciones, el 90 % por violencia doméstica. El 98 % de las personas que se comunicaron son mujeres, el 90 % de les agresores son varones, con vínculo de parejas o ex parejas. Los datos sobre denuncias o comunicaciones previas arrojan que 2.995 personas en situación de violencias tenían medidas de protección vigentes. Desde Correpi hablan de 1 cada 5 femicidios perpetrados por varones de las fuerzas de seguridad. El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) relevó que entre 2010 y 2020, en el AMBA al menos 48 mujeres fueron asesinadas por parejas o ex parejas policías. Según el Observatorio MuMaLá, en enero se registraron 26 femicidios en la Argentina: el 12 por ciento fueron cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad, en actividad o retirados.  “Le decimos al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que investigue hasta las últimas consecuencias estos crímenes, y todas las denuncias por violencia machista contra agentes de las fuerzas de seguridad de la Provincia. Urgente implementación de la Ley Micaela. Como así también el desarme de aquellos miembros, en actividad o retirados, que cuenten con denuncias previas”, exigió la organización en un comunicado.

Además de unas catorce denuncias por violencia de género efectuadas por parejas anteriores, según trascendió, Martínez tenía una audiencia el 18 de febrero en el Juzgado en lo Correccional N° 1, por una causa de 2019 por amenazas calificadas a una ex pareja, y en el departamento judicial de Mercedes se tramitaba otra por el abuso sexual de una sobrina de 13 años de la mujer amenazada. En la UFI N° 5 de Sergio Terrón, el fiscal que investiga el femicidio de Ursula, tenía pendientes otras dos causas del 9 y del 28 de enero, iniciadas por la joven y su madre, por los delitos de amenaza y desobediencia, y una tercera en el Juzgado de Paz a cargo de Luciano Callegari. La última causa judicial que inició Úrsula fue el 5 de febrero, en la UFI N° 3, por el incumplimiento de Martínez de la restricción de acercamiento. Recién el 8 de febrero, el día que la asesinó, el juez Callegari enviaba un oficio a la Comisaría de la Mujer para efectivizar el pedido de perimetral, las rondas periódicas durante quince días, y la entrega de un botón antipánico que nunca llegó. En Rojas, como en buena parte de los municipios provinciales, los dispositivos antipánico escasean y en su versión tech para celulares, la seguridad depende de que las víctimas afronten gastos extra para la carga permanente de datos móviles. Es difícil hablar de Justicia reparativa cuando la comprensión del mundo es patriarcal y endeudadora. “La situación ameritaba una intervención mucho más clara y decidida que una medida perimetral”, subrayó la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, sobre “una muerte que se podría haber evitado. Se debía parar al que iba a ser un femicida. El Estado sigue sin llegar como se debe”, reconoció. La pregunta, publicó en redes la abogada Luciana Sánchez, "no es si se pueden prevenir los femicidios, sino por qué no se previenen los femicidios donde las víctimas previamente avisaron, muchas veces. No lo digo yo, lo dice la Corte IDH en Campo Algodonero”.

Caravelos ratifica los desastrosos abordajes de la Justicia a las violencias. “El 78 por ciento de las causas penales por violencias de género que se tramitan en el fuero penal de la provincia de Buenos Aires son calificadas como delitos leves y en su mayoría terminan archivadas, cuando configuran lesiones, amenazas, desobediencia y violación de domicilio”, enumera. “La Justicia no tiene ninguna tabla bien construida de indicadores de riesgo que den cuenta de que esos casos en realidad no son leves, sino una escalada de violencia.” Según la abogada, la policía bonaerense, junto con Asuntos Internos, estaban realizando un trabajo en la temática de violencias de género “que queda muy desdibujado con la gestión patoteril de Berni”.

En su libro La guerra contra las mujeres, la antropóloga Rita Segato sostiene que es posible afirmar, “a partir de las evidencias, que la manutención del patriarcado es una cuestión de Estado y, de la misma forma, que preservar la capacidad letal de los hombres y garantizar que la violencia que cometen permanezca impune es cuestión de Estado.” Las organizaciones feministas y les familiares de víctimas de femicidios y sobrevivientes que este miércoles se movilizaron a Plaza de Mayo, a la Gobernación bonaerense en La Plata, y a la Casa de la Provincia de Buenos Aires intentan desarmar esa truculencia estructural. Reclamaron por un sistema preventivo, por espacios de cuidados, por patrocinio jurídico gratuito, por evaluaciones de riesgo con perspectiva de género, por medidas perimetrales que no signifiquen un confinamiento para las víctimas, por pulseras de control para los agresores, por capacitaciones en género genuinas en la Justicia y en las fuerzas de seguridad. Al cabo, por una mirada institucional temprana que cobije y dé respuestas eficaces, despatriarcalizantes y antirrepresivas.