El proyecto de ley que eleva el mínimo no imponible a 150 mil pesos mensuales del mal llamado Impuesto a las Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia y a una parte de los jubilados tuvo un apoyo inmenso.
Es una medida regresiva en términos tributarios que ha tenido un consenso muy amplio, de derecha a izquierda del tablero político.
Cada una de las principales corrientes que integra el Frente de Todos avaló inmediatamente sin ninguna observación.
La alianza opositora macrismo-radicalismo adelantó que acompañará la iniciativa oficial.
Fuerzas de izquierda saludaron el anuncio y, como es esperable, piden más.
Todas las centrales sindicales salieron a festejar la medida.
Casi todos los medios de comunicación aplaudieron porque periodistas y analistas de la escala superior de la pirámide salarial se beneficiarán.
Se requiere de un considerable esfuerzo de contorsión intelectual y político para promover una estructura impositiva progresiva al tiempo de respaldar una medida que, en términos de equidad tributaria, va en dirección opuesta.
Progresivo
Semejante nivel de aprobación a esa medida es uno de los más notables triunfos del pensamiento conservador, como el que asocia la inflación a la emisión monetaria sin ninguna otra consideración sobre las particularidades de la oferta y la demanda de dinero en la economía argentina.
La evidencia empírica es contundente respecto a que no existe esa relación lineal de emisión y suba de precios. Del mismo modo, los antecedentes de sistemas tributarios de otros países que tienen sesgos de progresividad muestran que el tributo a los ingresos personales es uno de sus pilares.
En 2018, en Argentina representaba apenas el 2 por ciento del PIB. En Uruguay, 4,3; en México, 3,4 y en Brasil, 2,8. El promedio de los países de la OCDE (desarrollados y algunos emergentes) es 8,3 ciento, con máximo de 24,4 en Dinamarca.
En 2020, alcanzó a 2.303.600 personas, 25,6 por ciento del empleo registrado. Estos contribuyentes tienen un ingreso que supera el doble del salario promedio y forman parte de los deciles 9 y 10, es decir, del 20 por ciento con mayores ingresos según el Indec.
La imposición sobre personas físicas en Argentina es relativamente baja y esa es, de hecho, una de las principales críticas que hacen los organismos internacionales a la estructura tributaria local.
Informes de Cepal y OCDE advierten acerca de este punto, señalando que la recaudación (tanto en Argentina como en el resto de América latina) es muy inferior a la de otros países desarrollados. Esto se debe a un mínimo no imponible relativamente alto para lo que es el mercado de trabajo del país.
En la mayoría de los países esa base para impuestos a los ingresos sobre personas físicas es inferior al ingreso salarial promedio, mientras que para Argentina está bastante por encima.
Que en el debate tributario doméstico sea una batalla perdida en cuanto a la progresividad de su estructura no debe inhibir la reflexión acerca de cuáles son las bases de ese impuesto, como también los aspectos políticos y económicos que motivaron la actual decisión de aliviar la carga a un sector de trabajadores y jubilados.
Argumentos
La coincidencia para apoyar la actual propuesta tiene su motivo: periodistas que definen líneas editoriales pagarán menos y recibirán un sueldo de bolsillo mayor; las empresas podrán mostrar que abonan salarios más elevados; y los sindicalistas, que pelearon y consiguieron ingresos mayores para los trabajadores de su sector.
Los economistas mediáticos se olvidarán, en una repentina amnesia selectiva, de su obsesiva preocupación por las cuentas fiscales porque sus clientes estarán satisfechos con que el Estado haga ese aporte para mejorar la situación relativa de los deciles medios y altos de la pirámide salarial.
Decir que el salario no es ganancia o por qué el trabajador tiene que pagar impuestos ha sido la más efectiva estrategia de confundir el debate. Es obvio que el salario no es ganancia entendida como la de una empresa; es la retribución a la fuerza de trabajo. Lo que se oculta con esa sentencia es que lo que se grava es el ingreso de una persona (no la ganancia), que puede ser bajo, medio o elevado.
Si se transita una línea de impulsar una medida regresiva en términos tributarios, al menos sería un aporte para mejorar el debate público modificar el título para definirlo como impuesto a los ingresos personales. La cuestión semántica no es irrelevante puesto que con la actual denominación se habilita la confusión.
Este tributo tiene el objetivo de alcanzar personas desde ingresos medios y altos en forma progresiva. Que existan sectores que están eximidos, como el Poder Judicial en un obsceno privilegio, o que se requiera actualizar la escala para que sea coherente al interior del tributo, no implica que no haya que pagar nada.
Que exista una inequidad tributaria no significa que se tenga que crear otra en lugar de ocuparse de solucionar la primera.
“Debemos tener un sistema tributario más progresivo. Hoy paga más en proporción a su ingreso de Ganancias una enfermera o un barrendero que una empresa minera o un bingo”, afirmó Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados.
Puede ser entonces que las mineras o las empresas de bingo deban pagar mucho más impuestos de lo que hoy lo hacen.
Poder Judicial
El impuesto a las Ganancias sobre Personas Físicas fue, es y será el que le aporta mayor progresividad al sistema tributario. La progresividad se genera por partida doble.
Por un lado, porque excluye a las personas con menores ingresos mediante el mínimo no imponible. En el caso de los asalariados, aunque fluctúa con el tiempo, cerca del 80 por ciento de los trabajadores formales no paga el impuesto, y si se incluye en la base de cálculo a los asalariados informales la proporción llega al 90 por ciento.
Por otra parte, al interior de quienes quedan alcanzados, la aplicación de tasas marginales crecientes aporta un segundo factor de progresividad, al gravar proporcionalmente más a medida que se obtienen mayores ingresos.
Es cierto también que la cuestión de la equidad tributaria queda en cuestión debido a las debilidades de la actual estructura del Impuesto a las Ganancias. Esta contiene exenciones, como la mencionada a los ingresos de jueces, que distorsionan el cuadro impositivo y, por lo tanto, la discusión sobre justicia tributaria.
En esta instancia, precisado el carácter regresivo de subir en esa magnitud el mínimo no imponible, irrumpe un aspecto coyuntural en referencia al salario real de trabajadores y el poder adquisitivo de las jubilaciones.
Ante esa situación resulta provocador en cuanto a equidad que un asalariado castigado durante cuatro años de gobierno de Macri y en el año de la pandemia del coronavirus, que ahora aspira a recuperar poder adquisitivo, tenga que pagar más de ese impuesto mientras que magistrados no destinan ni un peso a cumplir con ese tributo.
Un documento de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el Presupuesto 2021 precisa el monto exacto de la exención de Ganancias a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial nacional y de las provincias: 41.285 millones de pesos. También están exentos los intereses de los títulos públicos, que suman 85.956 millones de pesos.
El camino adecuado a transitar sería cerrar esas filtraciones y no profundizarlas. Para ello se requiere plantear un debate integral del régimen. Se trata de pensar, en definitiva, un sistema tributario progresivo, sustentable, transparente, simple y equitativo.
Salario neto
En un contexto laboral muy complejo para el universo de trabajadores formales, por la presión a la baja del salario debido al ejército de reserva de un desempleo elevado, la intervención del Gobierno resulta clave para equilibrar un poco la relación desigual con el mundo empresario.
La elevación de la base imponible hasta 150 mil pesos implicará resignar recursos fiscales por unos 40 mil millones de pesos, según estiman los autores del proyecto.
Ese dinero mejorará el salario neto de los trabajadores, al tiempo que aliviará un poco la tensión de las negociaciones paritarias. La inicial orientación del aumento de 29 por ciento, como la acordada por la Bancaria, con cláusula de actualización en septiembre próximo –mes previo a las elecciones de medio término-, constituye la base de las paritarias 2021.
En las salidas de grandes crisis, como en la actual, se requiere de la participación del Estado para impulsar la mejora del salario real. El antecedente último fue luego del estallido de la convertibilidad. El gobierno de transición de Eduardo Duhalde determinó aumentos de salarios por decretos, política que continuó el gobierno de Néstor Kirchner que impulsó además paritarias libres.
De ese modo, el salario real pudo recomponerse hasta alcanzar en el 2007 el nivel que tenía en 1998, cuando comenzó una recesión que se prolongó cuatro años.
Fue ese impulso del Estado que permitió la recuperación del salario real vía decretos y fortaleciendo a la parte sindical en las negociaciones paritarias. Acción que resulta fundamental porque en ese escenario el sector empresario busca también recuperar márgenes de rentabilidad perdidos en la crisis, lo que presiona sobre la tasa de inflación haciendo más complicado avanzar con el aumento del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.
Ahora, con algunos matices, se repite el mismo escenario de salida de una gran crisis, con un Estado que resigna recursos fiscales para incrementar el ingreso disponible de trabajadores formales y jubilados, al tiempo que orienta el sentido de las paritarias y ha definido una fórmula de movilidad previsional que promete ganarle a la inflación.
Demanda
Este tipo de intervención del Gobierno resulta fundamental para generar las bases para un crecimiento sostenido de la economía. La demanda doméstica (pública y privada) es el principal motor del crecimiento, representando por lo menos el 70 por ciento del Producto Interno Bruto.
El incremento de los ingresos de los sectores populares es clave para comenzar un largo recorrido de recuperación, primero de la devastación neoliberal dejada por la alianza macrismo-radicalismo, y después del impacto fulminante de la pandemia.
Como se apuntó arriba, a fines del año pasado, el Impuesto a las Ganancias involucraba a unas 2,3 millones de personas. Con la propuesta de Sergio Massa, 1.267.000 de trabajadores y jubilados dejarán de pagar, quedando sólo el 10 por ciento del total alcanzados por ese tributo.
"La recuperación del ingreso es clave para el crecimiento de la economía este año. Sacarle el Impuesto a las Ganancias a más de 1 millón 250 mil personas es mejorarles la capacidad de compra y recuperar el ingreso”, afirmó Massa.
En el proyecto de ley se precisa el impacto en los principales sectores económicos de la cantidad de trabajadores que dejarán de pagar:
* Cerca de 179.000 (58 por ciento) de la industria manufacturera.
* 133.000 (65 por ciento) del transporte, logística y almacenamiento.
* Aproximadamente 106.000 (74 por ciento) del comercio mayorista y minorista.
* Alrededor de 48.000 (46 por ciento) del sector financiero.
* Casi 27.000 (54 por ciento) del rubro de la construcción.
El proyecto de ley cierra con la siguiente sentencia: "Esto representa un esquema altamente progresivo donde el esfuerzo fiscal de 40 mil millones de pesos en el año se va a destinar al "bolsillo" del trabajador y trabajadora, jubilado y jubilada que destina la mayor parte de su ingreso al consumo, generando una política virtuosa de mayor consumo y demanda".
Elecciones
A las mencionadas cuestiones de la equidad tributaria y de la necesidad de mejorar el ingreso de trabajadorxs y jubiladxs para fortalecer la salida de la crisis se le suma un aspecto político-electoral.
No es secreto que una parte de los trabajadores alcanzados por este tributo votó en 2015 a Cambiemos por la promesa –que resultó finalmente falsa- de eliminar el Impuesto a las Ganancias.
La resistencia del gobierno de CFK a subir el mínimo no imponible estaba concentrada en que ese mayor ingreso disponible se destinaba a comprar dólares, presionando sobre las reservas e incrementando de ese modo la inestabilidad financiera. El saldo de esa decisión en las urnas para el entonces oficialismo, aunque no fue el único factor, fue negativo.
Ahora la posibilidad de adquirir billetes verdes está todavía mucho más limitada. En un evidente aprendizaje de esa experiencia desfavorable, con las cruciales elecciones de medio término en octubre próximo, la alianza de gobierno viene a dar respuesta a una demanda de una parte importante de su base electoral.
