No hay pruebas de obras no hechas o no terminadas normalmente. No hay tramos de obras que se hayan cobrado de forma irregular en Santa Cruz. El mismo nivel de concentración de obras en una empresa (el Grupo Báez) se verifica en casi todas las provincias argentinas porque las empresas se hacen fuertes en sus distritos. No hay una sola demanda de competidores por licitaciones mal convocadas o mal adjudicadas. No hay evidencia de rutas construidas con sobreprecios, salvo un cálculo general y con un error grosero hecho por las autoridades del macrismo en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Estos son los argumentos centrales que todas las defensas presentaron ayer y en días anteriores ante la Sala I de la Cámara Federal –Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Leopoldo Bruglia– para responder al procesamiento por la obra pública vial dictado por el juez Julián Ercolini contra Cristina Fernández de Kirchner y buena parte de sus funcionarios. Las defensas consideran que toda la investigación es un armado político dibujado a las apuradas por el gobierno de Mauricio Macri en connivencia con los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques y algunos medios. Las defensas, que contestaron detalladamente todas las acusaciones, sostienen que no hay irregularidades y reclaman una pericia judicial, no en base a informes del macrismo, algo básico en cualquier expediente, sino con ingenieros independientes y con control de las partes. Si van a acusar a alguien por un sobreprecio en una obra se debe hacer una pericia que lo pruebe. Si le dieron una extensión en el tiempo a esa obra debe probarse si fue justificado o no. El recurso será tratado ahora por la Sala I, pero la realidad es que en Comodoro Py rige la ley del conglomerado judicial-mediático-político que está en línea con la Casa Rosada. En los pasillos ya se habla de que los camaristas confirmarán los procesamientos.
Las defensas están encabezadas por Carlos Alberto Beraldi, por Cristina Fernández de Kirchner; Fernando Díaz Canton, por el ex titular de Vialidad, Nelson Periotti; Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, por Lázaro Báez; Lucio Simonetti por el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; Alejandro Rúa y Graciana Peñafort por Carlos Kirchner (primo del fallecido ex presidente) y muchos letrados más. Es que en total se imputa a unos 30 ex funcionarios por una descomunal asociación ilícita.
Acusación
A la causa por la obra pública se le caen por todos lados las evidencias de que fue un armado político.
- El 12 de enero de 2016 Mauricio Macri designó al nuevo titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Javier Iguacel.
- Al día siguiente, el 13 de enero, por la resolución 1 de Iguacel, se ordenó una auditoría únicamente en la provincia de Santa Cruz. O sea, no le interesó ningún otro distrito y, menos todavía, las provincias en las que se adjudicaron obras Angelo Calcaterra o a Nicolás Caputo, primo y “hermano de la vida” del actual presidente. El objetivo fue, desde el inicio, político. Iguacel había sido candidato a intendente de Cambiemos en Capitán Sarmiento.
- A los ingenieros auditores se les dieron 15 días hábiles para que concluyan el informe, que abarca 81 obras. Es decir, que debían revisar casi cuatro obras por día, teniendo en cuenta que abarcaban centenares de kilómetros, decenas de contratos y obras a enormes distancias.
- El 15 de marzo, los tres ingenieros encargados presentaron el informe. Justo Romero, Ramón Martínez Oria y Marcelo Bianchi coincidieron en que no tuvieron tiempo de hacer un informe real, pero además no encontraron irregularidades relevantes.
- Aun así, el 26 de abril, Iguacel presentó una denuncia que quedó a cargo del fiscal Eduardo Taiano.
- Taiano pidió la realización de una pericia amplia –con la intervención de las partes– en la que no sólo se investigaría a Lázaro Báez sino también a las demás empresas contratistas de obras viales. Orientó su investigación primero a ver si había irregularidades en las obras, verificar qué pasaba con todas las empresas en cada obra y recién después iba a establecer si los funcionarios incurrieron en irregularidades.
- No bien pidió esas medidas amplias de investigación, que por supuesto llevarían su tiempo, el juez desplazó a Taiano con una maniobra procesal y le dió la investigación a Pollicita y al fiscal especial, Ignacio Mahiques, hermano del secretario de Relaciones del Ministerio de Justicia con el Poder Judicial.
- Los fiscales, sólo dos días más tarde, pidieron la declaración indagatoria de CFK y los demás ex funcionarios kirchneristas.
Está claro que Taiano quería investigar qué pasó en las obras. El viraje consistió en sacar a Taiano y poner a quienes estaban listos para la acusación política, en especial contra CFK y los ex funcionarios kirchneristas.
La acusación en sí misma es asombrosa. Que Cristina, Máximo y luego también Florencia fueron los jefes de una asociación ilícita integrada por decenas de funcionarios que convocaron licitaciones, hicieron las adjudicaciones, verificaron las obras e hicieron los pagos. Buena parte de esos funcionarios dependían de la provincia de Santa Cruz, pese a lo cual no fue acusado ninguno de los gobernadores. También hubo redireccionamiento de los presupuestos, firmados por los jefes de Gabinete, que tampoco fueron acusados. Y las obras fueron planeadas y aprobadas por el Congreso Nacional, sobre lo cual se hacen menciones que, insólitamente, rozan la responsabilidad de diputados y senadores.
Obras
El primer obstáculo que encontró la acusación es que la auditoría hecha por el macrismo, a las apuradas por necesidades políticas, consignó que: “no se evidencias deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse…”. Pero, además, los tres ingenieros que hicieron el informe a pedido del Gobierno declararon en la causa como testigos. González Oría fue categórico: “lo que figuraba como pagado estaba hecho”. Romero coincidió: “No conozco a ningún funcionario de Vialidad, sea nacional o provincial, en la Provincia de Santa Cruz, que haya participado en alguna falsa certificación de obra a consecuencia de la cual se haya autorizado indebidamente un pago de Vialidad Nacional”. Y Romero invocó también el trabajo de auditoria firmado por los tres ingenieros: “si nos ceñimos estrictamente a los aspectos técnicos que formaron parte de la encomienda que me fue asignada, y observamos que los desajustes no fueron relevantes con relación a las respectivas obras, estamos hablando de desajustes del 0,1%, también es que podemos decir que, pese a sus escasos recursos, los supervisores obtuvieron un correcto resultado de su tarea, lo cual tiene que ver, estimo yo, con el celo profesional de los mismos”.
Sobreprecios
La lógica en cualquier imputación por sobreprecios es que se haga una pericia, con participación de las partes, en la que se verifiquen los presupuestos, se comparen con otras obras similares y en lugares comparables, ya que la construcción en zonas inhóspitas es muy distinta a las zonas con climas templados. Ninguna pericia se hizo y ni siquiera fue pedida por los fiscales. Todas las acusaciones se basan en datos provistos por la administración macrista de Vialidad.
Lo curioso es que los fiscales hicieron un cálculo de sobreprecios que, según las defensas, incurre en un error básico y bochornoso, que exhibe también el caracter político del expediente. Dicen Pollicita y Mahiques que tres tramos de la realización de la Ruta 3 son el ejemplo de los sobreprecios. Sostuvieron que los presupuestos de las empresas de Báez totalizaban 2.800 millones de pesos y, en cambio, con las nuevas licitaciones, las empresas que ganaron con sus ofertas presupuestaron 1900 millones. De eso, los fiscales concluyeron que Báez tenía un sobreprecio de 928 millones de pesos, es decir, un sobreprecio del 64 por ciento.
Sin embargo, las defensas, en especial la del ex director de Vialidad, Nelson Periotti, les marcó que se olvidaron de un dato elemental: las empresas de la actualidad no tienen que hacer la totalidad de los tres tramos, sino que parte ya fue hecha por las empresas de Báez. Lo que el constructor facturó por esas partes ya hechas suma algo más de 803 millones de pesos y esas obras por supuesto que no entraron en la nueva licitación porque ya fueron hechas. Es decir que no existe el sobreprecio de 928 millones, sino que la diferencia es 125 millones. Pero las defensas ni siquiera convalidan para nada esa diferencia: sostienen que está dibujada mediante actualizaciones y cálculos sin ningún control, hechas por el macrismo.
Sur
Uno de los argumentos de los fiscales es que la prueba del delito es que se le adjudicó a Santa Cruz el 12 por ciento de las obras viales, “más que cinco provincias sumadas”. El enfoque demuestra el carácter político de la acusación ya que los presupuestos fueron votados en el Congreso y reflejan el objetivo de reforzar obras en las provincias con menos rutas. Pero, además, Santa Cruz ocupa casi el 11 por ciento del territorio, lo que muestra que la asignación no era desproporcionada.
El ex administrador general de Vialidad, Nelson Periotti, agregó un dato que no había surgido hasta ahora: “durante mi gestión, la provincia de Buenos Aires tuvo 455 obras, Córdoba 167, Santa Fe 139, Entre Ríos 129, Río Negro 104, Mendoza 102, Salta 99, Chubut 88, Santa Cruz 83, Santiago del Estero 82, Catamarca 82, etc. En todo el territorio nacional se concretaron 2310 contratos de obra desde el 2003 hasta 2015, dato que figuraba en el link del sitio web de Vialidad y que desapareció misteriosamente”.
Licitaciones
Los fiscales aducen que Néstor y Cristina Kirchner encabezaron una asociación ilícita cuyo objetivo fue beneficiar a Báez. Por lo tanto, le adjudicaron 52 de las 80 obras de Santa Cruz.
Las defensas sostienen que el mismo fenómeno se da en numerosas provincias en las que hay empresas que cuentan con el personal y las maquinarias para hacer las obras y por lo tanto consiguen más adjudicaciones que las otras. No es casual que Báez no haya ganado prácticamente ninguna licitación fuera de Santa Cruz. En un largo dossier presentado por Periotti se remarca que “JCR es dominante en Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos; la firma Sapag en Neuquén y Río Negro; las empresas Lossi, Pitón, Pietroboni en Entre Ríos y Santa Fe; Codi-Conevial en Neuquén; Dos Arroyos en Tierra del Fuego; Roggio en Buenos Aires, Córdoba y Jujuy; Iecsa –del primo del presidente Macri– en Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba”. Se entregó un largo listado, provincia por provincia.
Pero, además, las defensas señalan que a nadie se le impidió entrar en las licitaciones. En el largo enumerado de las obras de Santa Cruz se verifica que participaron de los concursos otras empresas como Petersen, Thiele y Cruz, Equimac, Contreras y Esuco. En los 12 años no hubo ninguna demanda presentada por alguna empresa a la que se le hubiera impedido entrar en una licitación ni tampoco denuncias por una adjudicación irregular. Periotti se pregunta: “¿por qué algunas de las empresas de otras zonas no se presentaron en obras de Santa Cruz? Básicamente porque, frente a las locales, tienen un alto costo por la distancia, el desconocimiento del terreno, inexperiencia frente las inclemencias del tiempo, la nieve, el barro, el viento y las características específicas que tienen que tener las obras”.
En el procesamiento, se aduce que desde Buenos Aires debieron controlarse algunos aspectos que Pollicita-Mahiques consideran decisivos.
En primer lugar, por qué hubo demoras en las obras. En esencia en algunos casos se trató de demoras que debieron justificarse en el respectivo expediente y en otros hubo una extensión del tiempo. Por ejemplo, licitaciones que tenían un plazo de dos años para terminar la obra y luego ese plazo se extendió a dos años y medio o a tres o a más.
Las defensas argumentaron que eso ocurrió en todo el país y la razón es que hay obras a las que se le agregaron más elementos, aparecieron obstáculos del terreno; obras en las que se pidieron extensiones por razones climáticas y un largo listado de otras razones. Por ejemplo, que la provincia no expropió a tiempo los terrenos, que el lugar fue ocupado por pobladores con casas precarias. Esto fue lo que declaró González Orla, uno de los tres ingenieros de Vialidad, ya con gestión macrista. “Un atraso en una obra es algo totalmente normal, en cualquier lugar y con cualquier empresa. Hay motivos para una demora en una obra que son justificables, como puede ser un fenómeno climático, problemas con la provisión de materiales, es algo normal y, en la provincia de Santa Cruz, es algo más normal todavía, por el tema de las distancias, a veces no hay asfalto”.
Más allá de la controversia, lo que corresponde es una pericia, con participación de las partes, para evaluar obra por obra.
Valores
Los fiscales sostuvieron en su acusación que casi todas las obras tuvieron aumentos sobre los presupuestos originales de las licitaciones. El mismo ingeniero Bianchi, propuesto como testigo por la gestión macrista, sostuvo que “los montos de contrato de una obra pueden sufrir variaciones en su cuantía, principalmente por dos grandes motivos: modificaciones de obra propiamente dicha o redeterminaciones de precios. La redeterminación de precios es un sistema mediante el cual se ajustan los precios de cada uno de los ítems de obra por el transcurso del tiempo, en función del incremento de determinados costos, teniendo la metodología específica para su cálculo. Todo plan fue necesariamente ajustado, atento a las modificaciones en los plazos de la obra y en las curvas de inversiones”. Los tres auditores designados por el macrismo coincidieron en no dar un dictamen ni sobre el atraso ni sobre los mayores costos porque eso requiere un estudio de cada uno de los contratos. Eso es lo que dicen las defensas: no hay diagnóstico posible sin una pericia de cada obra.
Finalmente, los fiscales objetan que Báez tenía un mismo director técnico en 18 obras, el ingeniero José Carlos Pistán. Las defensas afirman que eso está expresamente permitido en el Pliego FTN, que es el que rige todas las contrataciones del Estado. También las otras empresas, como Petersen o Esuco tenían en Santa Cruz un único director técnico en las distintas obras.
Pollicita-Mahiques señalan que las empresas de Báez no certificaron las maquinarias y que utilizaban las mismas en distintas obras. Las defensas contestan que eso no está comprobado técnicamente y que Austral tiene una de las más grandes dotaciones del país. El propio Estado está pretendiendo quedarse con las 986 máquinas de Austral, una cantidad más que suficiente –dicen los defensores– para las obras que le fueron adjudicadas. Igualmente se cuestionó que las empresas de Báez no tenían certificados de capacidad de contratación. La respuesta es que la propia auditoría de Vialidad demostró que las obras se hicieron, con problemas sólo en el 0,1 por ciento del total, y en todo caso debería demostrarse con una pericia. Finalmente, los fiscales afirman que sólo Austral se benefició con una especie de pronto-pago, pero las defensas contestan que el sistema de pronto-pago está establecida en todos los pliegos y que implica que el contratista cobra el certificado de obra rápidamente, pero se le descuentan intereses. Las defensas afirman que todas las obras licitadas en 2016, ya bajo el macrismo, también tienen esa cláusula.
Política
Como suele suceder en los últimos tiempos en los tribunales de Comodoro Py, el objetivo de la causa sobre la obra pública consiste en involucrar a la ex presidenta –ahora con el agregado de sus hijos– como supuesta jefa de una gigantesca asociación ilícita integrada por 30 personas o más. La realidad es que en las operaciones de obras viales participaron decenas de funcionarios a lo largo de 12 años y en ningún momento hubo demandas de otros empresarios ni de la Cámara de la Construcción.
Las defensas se presentaron ante la Cámara Federal reclamando la nulidad del procesamiento dictado por Ercolini. Respondieron punto por punto a las acusaciones y ahora habrá que esperar la resolución de los camaristas, seguramente durante mayo.
El macrismo pudo haber hecho un estudio general sobre la obra pública y luego una pericia judicial como corresponde, con todas las partes participando y supervisando. Sin embargo, la urgencia del conglomerado judicial-mediático-político era conseguir la tapa de los diarios y una condena lo antes posible.
