COVID-19 

Conocer la cuarentena del conurbano para pensar la pospandemia 

La Universidad de General Sarmiento hizo un relevamiento en distintos barrios bonaerenses para saber cuáles fueron las dificultades que atravesaron para poder cumplir con el aislamiento y el distanciamiento obligatorios.
Imagen: Bernardino Ávila.

La falta de seguridad y en el acceso a los servicios públicos junto a los problemas de financiamiento de las cooperativas son algunos de los problemas más notorios que reveló la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) en los resultados finales del relevamiento que realizó en el conurbano durante el 2020 para medir el impacto de la pandemia.

Desde los inicios de la cuarentena, la UNGS realizó a través del Instituto del Conurbano (ICO) una serie de relevamientos con para conocer el impacto de la pandemia a nivel social, sanitario y económico en distintos barrios bonaerense. Los resultados de la segunda etapa de esta investigación que abarcó desde julio a octubre son una radiografía de la evolución de la pandemia en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires.

Bajo el nombre “Habitar el conurbano: problemas, conflictos y estrategias en contexto de pandemia” el informe de esta segunda etapa de investigaciones cuenta con un balance de las demandas entre el primer cuatrimestre de marzo-junio, periodo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y el periodo de julio-octubre, momento del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO).

De acuerdo al informe, en la primera etapa se detectaron mayormente problemas relacionados a la inseguridad, en un 19 por ciento de los casos registrados; a la falta de asistencia alimentaria y al acceso a los servicios, en el 17 por ciento de los casos.

En el periodo que rigió el DISPO los reclamos por la falta de asistencia alimentaria se redujeron mientras que el reclamo por las irregularidades en los servicios públicos llegó al 20 por ciento. A su vez, emergieron los reclamos por derecho a la vivienda con un 16 por ciento de los registros durante el mismo periodo.

En diálogo con el Suplemento Universidad, Verónica Maceira, una de las investigadoras que trabajó en el proyecto, explicó que la fluctuación de las demandas entre ambos periodos se debe principalmente fueron “atendidas parcialmente a través de las políticas de transferencia sociales”, a la reactivación de la actividad económica y al fortalecimiento de la organización comunitaria.

“En cambio, otras problemáticas que si bien son estructurales pero no eran significadas como urgentes en ese primer trimestre, se hicieron presentes de manera acuciante a lo largo del año, como las restricciones en el acceso a la vivienda, la problemática de los servicios y el saneamiento básico”, detalló la investigadora de la UNGS.

En promedio, en el periodo marzo-octubre las problemáticas sociales de mayor incidencia de acuerdo al informe fueron: servicios públicos (20 por ciento), inseguridad (16 por ciento), viviendas (12 por ciento) y violencia institucional (11 por ciento).

Cooperativas en pandemia

Otro de los aspectos que quedó reflejado en los informes de la segunda etapa fue el impacto de la pandemia en la economía social del conurbano. De acuerdo a Gonzalo Vázquez, otro de los investigadores que participó en los relevamientos, una de las conclusiones a las que llegaron luego de entrevistar a más de 30 cooperativas fue “los pocos avances” en la asistencia a este sector. “Son vistos como actores sociales, no económicos”, sintetizó.

En este sentido, explicó que las cooperativas de la provincia de Buenos Aires no fueron incluidas dentro de la Asistencia al Trabajo y Producción (ATP) que benefició al 80 por ciento de las empresas relevadas en los municipios. En reemplazo de la ATP las cooperativas tuvieron el Programa de Trabajadores Autogestionados (PTA), aunque, como reconoció Vázquez, “era plata mucho menor” en comparación: entre ocho y 16 mil pesos en contraposición a los 18 mil de base que otorgaba el ATP.

Sumado a esto aparecieron dos problemas más: la falta de acceso a la tierra y de organización de la demanda pública. En el primer caso la situación se debe a la poca tierra disponible dentro de los cordones del conurbano. Por si fuera poco, Vázquez explicó que las cooperativas “deben competir junto a los barrios privados y populares” por esas tierras.

En el segundo caso el problema se debe a la falta de organización del Estado para realizar compras públicas a las cooperativas: “Las grandes empresas ganan la licitación, tercerizan la producción y les pagan a las cooperativas un porcentaje mucho menor”, ejemplificó el investigador de la UNGS.

Sin embargo, existe un saldo positivo en el informe. Tal como lo puntualizó el investigador Rodrigo Carmona, la actuación municipal “fue clave para contener la crisis” en la Provincia. “Empiezan a aparecer nuevos mecanismos de descentralización que plantean un nuevo marco a considerar y para desarrollar”, enfatizó.

En consonancia con esta idea, la Universidad anunció la puesta en marcha de una diplomatura en políticas sociales para la gestión y el desarrollo local enfocada en capacitar al personal municipal. “Está la necesidad de generar nuevas dinámicas de coordinación político-institucionales y de descentralización de los asuntos públicos”, señaló.

En la misma línea, adelantó que el objetivo de los futuros relevamientos es “desarrollar propuestas estratégicas para dar respuestas con los distintos actores” ya sean municipios, cámaras empresarias u organizaciones sociales. De manera similar, Vázquez indicó que ya trabajan junto a otras universidades públicas en “redes para producir desde las Ciencias Sociales estrategias y políticas para la pospandemia”. 

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