Un juez ordenó analizar a más de 300 vecinos de la mina Veladero
Los rastros de la contaminación
El juez penal de Jáchal ordenó que se analice la sangre de habitantes de ocho pueblos cercanos a la explotación de la Barrick Gold para buscar rastros de contaminación por metales después de los últimos derrames de la mina.
La asamblea Jáchal No Se Toca quiere que en los estudios participe la UBA.La asamblea Jáchal No Se Toca quiere que en los estudios participe la UBA.La asamblea Jáchal No Se Toca quiere que en los estudios participe la UBA.La asamblea Jáchal No Se Toca quiere que en los estudios participe la UBA.La asamblea Jáchal No Se Toca quiere que en los estudios participe la UBA.
La asamblea Jáchal No Se Toca quiere que en los estudios participe la UBA. 
Imagen: Télam

El juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, ordenó al Ministerio de Salud  sanjuanino que analice la sangre de más de 300 vecinos de ocho pueblos cercanos a la mina Veladero, para ver si hay rastros de contaminación tras los últimos derrames de la canadiense Barrick Gold, cuya explotación aún permanece suspendida. Ayer, el concejal de Jáchal Jorge Morales presentó un pedido de ampliación de los estudios y que se realicen junto con personal de la Universidad de Buenos Aires (UBA) porque “es a la provincia a la que no le creemos”. En el mismo sentido apuntó el abogado de los asambleístas jachalenses, Marcelo Arancibia: “Hace mucho que solicitamos esto. La medida es buena, pero tiene que ser implementada por organismos imparciales, sin vinculación con el controlado y el controlante, un Estado que ha tenido una actuación poco correcta”.

El juez Oritja explicó a PáginaI12 que dispuso primero “que los informes de las entidades que vienen monitoreando el río Jáchal depuren en un gráfico los metales que son de interés para la causa y presenten una serie con aquellas sustancias que pueden afectar a la salud de la población y que están relacionadas con la minera, para poder ver la evolución de esos metales en cada punto de muestreo y poder compararlos con la línea de base, y saber qué secuelas han quedado luego de los derrames”.

Además, continuó el juez, “solicité al Ministerio de Salud Pública la extracción de sangre a los pobladores, en toda las localidades al margen del río Blanco y el río Jáchal, para ver si se ha afectado la salud de esas comunidades. Pedí que se detalle si hay alguna intoxicación con metal y si esa intoxicación es de carácter crónica o aguda. Esa diferenciación nos va a dar el dato de si la presencia en la sangre fue paulatina o si ha sido en forma abrupta, es decir aguda, en un corto período”.

La búsqueda de rastros de mercurio, zinc, aluminio, cianuro, plomo, cromo, entre otros metales que pueden provenir de la minera se hará, según lo dispuesto por el juez, entre los pobladores de las localidades de Malimán, Malimán de Arriba, Chunguillo, Angualasto, paraje La Isla, Finca Buena Esperanza, La Represa y Dique Pachimoco.

Oritja también dispuso que se realice “una nueva evaluación del proyecto hidráulico y de la seguridad del sistema en el valle de lixiviación”, e informó que “la cautelar –que mantiene suspendida la actividad en la mina– sigue vigente hasta que no tenga un informe del Ministerio de Minería que diga que en el valle de lixiviación se han solucionado los problemas”.

Ayer a la mañana, el concejal Morales, quien había presentado el amparo vigente contra la minera luego del último derrame, solicitó una ampliación de las medidas dispuestas por Oritja.

“Hemos pedido –explicó el concejal a este diario– que las muestras de sangre en niños y adultos se extiendan a otros distritos: Villa San José de Jáchal, Tamberías, Villa Mercedes, Huaco, Mogna y algunas más, para que incluya a todas aquellas localidades que pudieron ser afectadas.”

“También pedimos que los estudios se hagan en forma conjunta con la UBA para que no haya suspicacias, porque es a los organismos de la provincia a los que no le creemos. Dada la actuación que han tenido tenemos derecho a dudar y poner peritos de parte”, sostuvo el concejal.

Saúl Zeballos, asambleísta de Jáchal No Se Toca, aseguró que “los análisis se los habíamos pedido al juez Casanello hace un año, pero quedó sin efecto porque el Juzgado Federal de San Juan no actuó. Oritja se lo solicitó ahora a organismos que pueden estar comprometidos en el ocultamiento de esa información. Necesitamos que quien los realice sea imparcial”, remarcó.

Por su parte, Arancibia señaló que “está muy bien que se hagan los estudios pero el problema es quién los va a hacer. Tiene que ser un organismo imparcial sin vinculación con el controlado y el controlante. El Estado provincial no es creíble. Además, el juez tiene los informes trimestrales que le envía la Uncuyo (Universidad Nacional de Cuyo) que viene marcando la presencia anormal de metales que antes no estaban”, y recordó que “entre el primero y el segundo derrame de la minera, la UBA realizó un análisis de sangre en una familia de Jáchal y encontró arsénico en niveles lógicos para un adulto de 40 o 50 años. El problema es que lo encontró en niños”.

El abogado sostuvo que “hay que entender que es una falla estructural en el valle de lixiviación y donde se está haciendo la escombrera porque es una zona periglaciar, y lo único que queda es cerrar la mina para que no haya más contaminación”.

En cuanto al pedido de Morales de incorporar a la UBA, Oritja explicó que en principio no tiene inconvenientes, pero “el problema es que el juzgado no maneja una caja como para este tipo de logística. La Corte nos tiene que autorizar, podría ser un trastorno y no quiero dilatar el procedimiento”, aseguró el juez, que aún espera su pase a un juzgado de flagrancia para el que se presentó a concurso.