Los gobernadores de Salta, Catamarca y Jujuy, que integran el denominado Triángulo del Litio, conformaron ayer una mesa de trabajo con el objetivo de establecer una serie de puntos comunes para potenciar la extracción y comercialización de uno de los minerales más demandados por la industria electrónica a nivel mundial.

Básicamente el salteño Gustavo Sáenz, el catamarqueño Raúl Jalil y el jujeño Gerardo Morales, acordaron diseñar idénticas políticas de fomento para las inversiones, o por lo menos muy similares, y de esta manera generar un desarrollo conjunto de la región, y promover la competitividad en toda la cadena de valor asociada a este elemento.

Esto incluye también avanzar en condiciones de reciprocidad, evitando una competencia entre las tres provincias que podría desembocar en un desarrollo desigual que a largo plazo afecte todo el crecimiento de la industria minera en la zona del Noroeste Argentino.

Por eso, uno de los puntos expresa que se aplicarán beneficios fiscales y de fomento para la radicación de nuevas industrias en la región, especialmente apoyados en el proyecto de ley de electromovilidad anunciado por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante la última apertura de sesiones del Congreso. Dicha iniciativa consiste en un paquete de medidas para impulsar la fabricación de autos eléctricos en la Argentina y la producción local de baterías con iones de litio.

Con respecto a la relación con Nación también hubo un apartado especial. Del acto participó la secretaria de Relaciones con las Provincias, Silvina Batakis, y vía zoom hubo una reunión con el embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello, que se comprometió a intermediar entre las provincias y los eventuales inversores, así como también acercar propuestas para agregar valor a través de la tecnología.

Los tres gobernadores manifestaron que hay una necesidad de trabajar junto al Estado Nacional y al resto de las entidades federales en el desarrollo de la actividad minera nacional, en el entendimiento de que los minerales son críticos para el crecimiento íntegro de toda la industria nacional.

Sin embargo, en el acta firmada tras el encuentro de ayer, las provincias dejaron expresamente fijado el dominio originario que tienen sobre los recursos naturales existentes, tal como lo establece el artículo 124 de la Constitución Nacional.

De esta manera remarcaron que el manejo de la extracción del mineral, y por lo tanto la adjudicación de las zonas de exploración y explotación, así como su control y fiscalización, queda en manos de cada distrito.

Al respecto, el mismo artículo 124 señala que “Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional”.

Seguridad jurídica

Otro compromiso de los mandatarios radica en garantizar la seguridad jurídica de los actores que participan en los procesos mineros. Esta demanda es uno de los requisitos exigidos por las empresas para invertir en la región y es un aspecto que permanentemente los propios gobiernos se encargan de destacar, especialmente en los foros internacionales de minería de los que participan.

Uno de los puntos principales que vendría a resolver estas mesas de trabajo y que generan ruido a las inversiones son las cuestiones limítrofes pendientes de resolución entre las provincias, justamente en la zona de la Puna y salares.

Dichos inconvenientes se remontan a 1943 cuando la Gobernación de Los Andes (que abarcaba la región de la Puna) se disuelve y se reparte su territorio entre Salta, Jujuy y Catamarca, quedando establecidos los actuales límites. Algunos de esas demarcaciones resultaron difusas o fueron objetadas, pero los reclamos permanecieron aplacados durante largo tiempo, hasta que el auge de la minería en esa zona reavivó la polémica.

Quizás la más compleja es la disputa por el Salar del Hombre Muerto. Catamarca considera a esos 586 kilómetros cuadrados como parte de su territorio, mientras que Salta sostiene el reclamo de por lo menos 134 kilómetros cuadrados de ese espacio, que actualmente tiene varios emprendimientos mineros en marcha.

La solución provisoria llegó mediante un acuerdo entre Sáenz y Jalil para trabajar la zona en forma conjunta y en paralelo crear una comisión interprovincial para tratar de resolver la cuestión de fondo en materia de límites, que le acerque una propuesta al Congreso para que finiquite el conflicto. 

Si bien la comisión ya fue constituida, se estima que dicha solución llevará un largo tiempo, especialmente luego de que se acordará la operatoria que llevarán adelante las provincias en la zona, lo que era considerado como prioritario por ambas.

En tanto, entre Salta y Jujuy existen aún cuatro puntos limítrofes pendientes de validación definitiva por parte del Congreso, uno de ellos comprende la zona de las Salinas Grandes que comparten ambas.

Hace 10 años la por entonces senadora Sonia Escudero, presentó un proyecto para crear en el Congreso la comisión bicameral prevista por la ley 15.290, sancionada en 1960, para que dictamine en relación con el conflicto de límites existente entre las dos provincias. La iniciativa caducó sin tratamiento en 2013.

Algunos memoriosos recuerdan que el ex gobernador de Salta, Roberto Romero, en la década del 80 hizo pavimentar el tramo de camino salteño que atraviesa las Salinas Grandes, lo que se consideró en su momento como una especie de “acto de soberanía” sobre ese territorio.

Conflicto ambiental y pueblos originarios

Dos temas que aún no fueron puesto en consideración por la mesa de trabajo interprovincial refieren a la cuestión ambiental y a los reclamos de los pueblos originarios que viven en los lugares donde se concesionan las áreas de explotación del litio.

En cierto punto ambos están interrelacionados, ya que uno de los principales temores radican en el manejo que se haga de los recursos naturales, especialmente el agua.

Si bien la explotación del litio es considerada de bajo impacto ambiental ya que es un proceso basado principalmente en la extracción del cloruro de litio mediante una perforación de la que se bombea la salmuera que se deja en piletones para que se evapore, es justamente esa disolución del agua lo que preocupa a las comunidades que conviven en medio de un ambiente desértico como el de la Puna.

Pero el principal reclamo de los originarios es la falta de espacios en los puedan dar su opinión ante el avance de la explotación del litio, y reclaman se haga valer el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece la consulta a las comunidades por cualquier acción que pudieran afectar sus territorios.

Igualmente la visión de las comunidades no es absolutamente negativa respecto a la minería, o por lo menos no de manera unánime, ya que hay sectores que centran el reclamo en la falta de integración a la actividad económica que generará en la zona. Existen casos, por ejemplo en Salta, en donde ya se organizaron como proveedores de los emprendimientos mineros asentados en la región e inclusive se agruparon en la Cámara de Proveedores de servicios Mineros y Turísticos de la Puna (Caprosemitp). De allí que se le solicite a los gobiernos sean inflexibles en garantizar que tanto para la mano de obra como como para los insumos necesarios se priorice a los locales.

Asimismo, solicitan que las capacitaciones y las carreras técnicas, necesarias para poder trabajar en una mina o como proveedor, se den en las localidades de la zona y que los interesados no deban trasladarse hasta las capitales para tomar esos cursos.

Provincias favorables para las inversiones

Actualmente, en las tres provincias del NOA existen unos 50 proyectos de litio en marcha, la mayoría en fase de exploración, pero una decena ya está produciendo o en etapas previas a iniciar la extracción.

Cálculos iniciales estimaban que para el año que viene Argentina podía llegar a las 200 mil toneladas anuales, más de cinco veces lo que se extrae hoy. Pero el retraso de algunos proyectos por la pandemia podría retrasar esa proyección un par de años.

En el último ranking del Instituto canadiense Fraser publicado hace veinte días, Argentina mejoró su puntaje en el relevamiento sobre regiones mineras y se ubicó en el quinto lugar entre los países de América Latina más atractivos para las inversiones en este sector.

En el desagregado por provincias Salta fue la mejor calificada y Jujuy la que experimentó el mayor aumento en el puntaje del Índice de Percepción de Políticas. Argentina mejoró su puntaje de 64,36 en 2019 a 74,67 en 2020.

El informe del Instituto Fraser, un centro de investigación de Canadá especializado en temáticas relativas al sector minero, clasifica 77 jurisdicciones en todo el mundo según su atractivo en minerales y metales y las políticas gubernamentales que fomentan o disuaden la exploración y la inversión.