Denuncian a dos agentes que detuvieron a una joven por filmar un arresto irregular
Un freno al abuso policial
El fiscal Niklison acusó a un suboficial y a un cabo por privación ilegal de la libertad y falso testimonio. Aseguró que lo “engañaron” al utilizar la figura de “resistencia a la autoridad” por parte de una chica de La Garganta Poderosa.
Micaela Brambilla estuvo 8 horas detenida en la comisaría 11.Micaela Brambilla estuvo 8 horas detenida en la comisaría 11.Micaela Brambilla estuvo 8 horas detenida en la comisaría 11.Micaela Brambilla estuvo 8 horas detenida en la comisaría 11.Micaela Brambilla estuvo 8 horas detenida en la comisaría 11.
Micaela Brambilla estuvo 8 horas detenida en la comisaría 11. 

Los policías que el 26 de marzo se llevaron detenida a Micaela Brambilla, la chica de La Garganta Poderosa que los filmó cuando esposaban en un procedimiento irregular a un menor de edad, fueron denunciados por el fiscal Martín Niklison por privación ilegal de la libertad y falso testimonio. El dictamen señala que los agentes lo “engañaron” tanto a él como al juez Manuel De Campos al llevarlos con una descripción tramposa de los hechos a poner en marcha una causa penal contra la chica, que no había cometido ningún delito, lo que fue fácilmente comprobable con su propia filmación. La habían acusado de “resistencia a la autoridad”, como si ella les hubiera impedido hacer su trabajo. Es la figura comodín que usa la policía para hacer detenciones en protestas, ante la venta callejera o por simple portación de rostro, entre otras circunstancias. El escrito de Niklison es una señal de advertencia en días en que esa tendencia recrudece.

Micaela, de 25 años, pasó ocho horas detenida en la comisaría 11. El video que grabó se viralizó cuando recuperó la libertad. La escena era clara: se había puesto a filmar al advertir que dos policías detenían con virulencia a un menor y lo esposaban; con un tono indudablemente calmo les decía que no lo podían esposar; preguntó adonde lo llevaban. “¡Se estaba robando una moto!”, le advirtió uno de los agentes. Micaela le dijo que trabaja con “infancia” y que sabe que deben aplicar “otra metodología” por tratarse de un menor. Toda la conversación transcurrió en un tono sereno, incluso algunas respuestas de los policías, aunque en un momento, ante su insistencia de señalar una irregularidad, le pidieron su documento. Ella les retrucó que no tenían la identificación obligatoria en el pecho. “¿Por qué les tengo que dar mi documento?”, preguntó. Y la provocaron, diciéndole que ya que le gusta filmar, que “filme la moto que el chico se robó”. Resultado: se la llevaron arrestada.

Cuando los policías –el subinspector Leandro Gabriel Sánchez y el cabo primero Alfredo Bogado– dieron intervención al fiscal, denunciaron que la detuvieron por “resistencia a la autoridad”. Al detallar lo ocurrido dejaron asentado que Micaela se interpuso, quiso impedir que subieran al chico al patrullero, agarrándolo, que luego entorpeció filmando y gritando al personal policial, y que había riesgo de que se fugara. Así justificaron también la exigencia de DNI a la joven. A Niklison le bastó con ver la filmación en detalle para darse cuenta que nada de eso había ocurrido.

“Con su conducta el personal policial ha engañado al fiscal y al juez, puesto en funcionamiento el procedimiento judicial previsto para la comisión de delitos y, fundamentalmente, ha ocasionado que Micaela Brambilla se haya visto privada de su libertad durante varias horas”, afirma el dictamen de Niklison. En su presentación, el fiscal señaló que “en la filmación se ve que en el momento en que el menor ingresa al móvil no hay ningún estado de violencia y el oficial Sánchez lo único que le reprocha es que cuestione el procedimiento, pero el oficial tampoco pierde la calma y los demás miembros de la comitiva oficial responden a lo que les expresa la mujer pero siempre en un tono de diálogo tenso pero no violento, se evidencia que la actitud de éstos no tiene nada que ver con la reacción frente a alguien que ha tratado de impedir que se lleven detenido al menor”.

Luego explica que la “resistencia a la autoridad” tiene que ser una conducta que impida la acción policial pero Micaela, dijo, “se limitó a expresar su opinión sobre el procedimiento”. Y advierte que no entregar el DNI “nunca podrían constituir ese delito”, “ni siquiera existe la obligación de entregarlo”, aclaró. Si la policía cree que hubo algún motivo relacionado con un delito “que haga necesaria la identificación podrá llevar a esa persona a la comisaría a los fines de que sea identificada”. Por eso, la resolución incluye también el sobreseimiento de la chica. En cuanto a los policías dice: “El subinspector Sánchez y el cabo Bogado no sólo han cometido falso testimonio sino que además han privado ilegalmente de su libertad a la nombrada”. La nueva denuncia quedó a cargo del juez Guillermo Rongo.

En los episodios de represión más recientes, como la movilización del 8 de marzo que coronaba el paro de las mujeres y la paliza a los docentes frente al Congreso, la policía echó mano de la “resistencia a la autoridad”. O sea: reprimen y después alegan que los manifestantes se resisten. Lo mismo sucede cuando fajan a pibes o pibas en las estaciones de trenes o micros, por dar un ejemplo. Resistirse debe ser la reacción corporal más esperable de cualquier ser humano que es tratado con violencia. Lo que dice Niklison es que para que eso sea un delito deben darse muchas condiciones, y pone de relieve la arbitrariedad con la que es utilizada por las fuerzas de seguridad esa imputación. A juzgar por los sucesos recientes –también la represión en el comedor de Lanús o a los manteros en Quilmes– la policía se siente con margen para el abuso.