Disputa entre privados y comunidades originarias  

Titular registral desmontó dos hectáreas sin autorización en el Valle Calchaquí

Por el desmonte en el paraje San Lucas del municipio de San Carlos se iniciará un sumario para determinar las responsabilidades.

Un desmonte de dos hectáreas en el departamento San Carlos, realizado en el camino que va desde el pueblo cabecera homónimo de esta jurisdicción hasta el paraje San Lucas sobre la ruta provincial 11, reavivó la disputa por el territorio que la Comunidad Diaguita Calchaquí Condorhuasi mantiene con titulares registrales.

La tala del monte bajo fue suspendida por guardaparques de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Marcelo Cuevas, jefe de los agentes ambientales, contó a Salta/12 que el sábado último se detuvieron las máquinas que realizaban un “desbarejado”, que es un desmonte selectivo, en una zona de casi dos hectáreas.

Cuevas contó que tras detectar las acciones, los guardaparques solicitaron la autorización al titular registral a cargo de esa deforestación. Pero éste les dijo que desconocía que precisaba de una autorización para realizar los trabajos. 

En esas circunstancias, el titular registral detuvo las máquinas y recibió el acta de fiscalización de los guardaparques. Ahora se espera el inicio de un sumario administrativo y la consecuente resolución de Ambiente.

Según Cuevas, la zona en la que se detuvieron las máquinas era destinada al sembrado y cosecha de pimiento, y hace siete años que estaba sin uso, por lo que la flora del lugar se había empezado a regenerar.

Entre el territorio y la parcela

El desmonte expuso las diferencias que surgen entre quienes solicitan el reconocimiento del territorio de uso ancestral (según lo dispuesto por la Ley 26.160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena) y aquellos que aducen ser dueños de catastros o parcelas por haber comprado las tierras.

“El desmonte fue en la finca de un vecino”, dijo Eduardo Serrano a este medio. Su nombre surgió de las denuncias que hicieron vecinos de la Asamblea por el Agua Sana de San Carlos, San Lucas y El Barrial, que trabajan junto a la comunidad para solicitar que el agua de vertiente llegue a los pobladores del pueblo.

Serrano afirmó que compró la finca San Carlos hace 10 años y consta de 1538 hectáreas. Informó que esa superficie fue subdividida “en 3 o 4 parcelas”, ante la Dirección General de Inmuebles. Añadió que tiene un permiso para desmontar 300 hectáreas, y que logró contar con luz y agua por las gestiones realizadas ante Recursos Hídricos de la provincia y la empresa EDESA, a cargo de la prestación de la energía eléctrica en Salta. “Y lo pude hacer porque los títulos están perfectos”, añadió.

Afirmó que empezó a tener “problemas” de ocupación de sus tierras cuando comenzó a realizar inversiones. “Hay un montón de gente que se autopercibe de una comunidad y que no son lugareños. Es todo una cosa muy rara”, añadió. 

Sostuvo que en la finca que compró “nunca vivió nadie”, y que incluso en la Justicia se dispuso un desalojo a quienes habían empezado a ocupar su catastro luego de que él llegó para realizar mejoras. Aseguró que el registro catastral de la finca que compró data de 1912, en aquel momento asentada como Finca Buena Vista.

Por ahora la Comunidad está a la espera de la aprobación de la carpeta técnica que traza un territorio de uso ancestral que involucra a la finca de Serrano, y de quien desmontó. Desde Ambiente se aclaró que por temas legales no se podía brindar la identidad del propietario de las tierras que fueron desmontadas.

“Antes de ingresar Serrano ya tenía un pleito con la familia Mamaní”, contó Hector Mamaní, cacique territorial de Condorhuasi. Afirmó que pese a que la familia contaba con escrituras que datan de 1879, “aparecieron con planos y cédulas parcelarias que para nosotros son falsificadas”.

En cuanto al uso del territorio, Mamaní afirmó que este se delimitaba entre las familias según el reconocimiento de la vegetación, dado que ellos se manejaban con el pastoreo de sus animales. Denunció, por otra parte, que en 2019 se desalojó a una familia de la Comunidad pese a la prohibición establecida por la Ley 26.160.

En cuanto al desmonte de dos hectáreas, dijo que los integrantes de la Comunidad realizan guardias con el fin de evitar que se termine de deforestar la zona ya dañada.

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