El gobierno definió que la Procuración del Tesoro, encabezada por Carlos Zannini, sea parte querellante en representación del Estado nacional en la causa penal iniciada contra el ex presidente Mauricio Macri e integrantes de su equipo económico por el mega crédito acordado con el FMI en 2018. Además, el presidente Alberto Fernández instruyó a la Sindicatura General de la Nación para que "determine la existencia y la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada, en el marco del Acuerdo Stand-By".
La denuncia fue en su momento presentada por la Oficina Anticorrupción ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 y la causa está caratulada como “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”. Por detrás está el crédito de 57 mil millones de dólares de los cuales llegaron a desembolsarse 44 mil millones.
En los fundamentos del decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, que instruye a la Procuración y a la Sindicatura General a participar en la causa en contra de la administración anterior, se describe también el detalle la postura oficial en este tema. Ese diagnóstico fue elaborado en marzo de 2020 por el Banco Central y se denomina “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”.
Dicho informe permitió a la Sindicatura General determinar la siguiente serie de supuestas irregularidades:
1) no se cumplieron los procedimientos esenciales establecidos por la normativa vigente en ese momento para la formalización de un Acuerdo Stand-By;
2) los funcionarios actuantes suscribieron la Carta de Intención y los memorándums sin contar con los dictámenes técnicos y jurídicos previos exigidos por la normativa vigente;
3) la firma de los acuerdos no contó con las autorizaciones e informes exigidos por la normativa vigente para este tipo de operaciones de crédito público, ni con la autorización suficiente del Poder Ejecutivo;
4) se asumieron compromisos con el organismo internacional sin solicitarse previamente la emisión del informe obligatorio establecido en el artículo 61 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias para determinar el impacto de la operación en la balanza de pagos y la sustentabilidad del endeudamiento, y
5) se detectaron posibles incumplimientos de los objetivos fijados en la Carta de Intención de fecha 12 de junio de 2018 en forma concomitante con su celebración, en lo referido al destino de los fondos desembolsados por el FMI.
En paralelo a las anteriores supuestas falencias administrativas están los perjuicios para la economía nacional, lo cual pareciera en todo caso estar en el terreno de la mala praxis económica pero difícilmente tenga consecuencias judiciales. "Un monto similar a los desembolsos efectuados por el FMI fue adquirido en el mismo período para la formación de activos externos de libre disponibilidad, sin que se hubieran tomado medidas tendientes a limitar esta situación hasta septiembre de 2019", dice el gobierno.
La causa contra Macri y compañía por el acuerdo con el FMI tiene un curso legal pero también político, en un contexto de año electoral y de creciente polarización pero además se da en el marco de la renegociación de aquel préstamo que el ministro Martín Guzmán lleva adelante con el staff del Fondo y luego con el directorio del organismo.
El gobierno describe que antes de la apelar al Fondo, entre 2016 y 2017, "la desregulación --de la cuenta capital-- fue acompañada con menores requerimientos y para la operatoria en el mercado de cambios, eliminando en algunos casos la obligación de registro y reduciendo en otros los requerimientos de información. Todas estas acciones que debilitaron las tareas de fiscalización inherentes al Banco Central. Una porción importante de la salida de capitales se habría concentrado en un grupo reducido de personas humanas y jurídicas".
"La magnitud y velocidad de esta situación quedó en evidencia con el cierre parcial de los mercados internacionales para el país, apenas dos años después del inicio de la gestión del anterior gobierno, momento en el cual las autoridades de entonces optaron por recurrir al FMI, requiriendo el crédito más grande en la historia del organismo. A pesar de ello, los funcionarios y las funcionarias a cargo de la gestión política y económica no modificaron la flexibilización normativa que había generado dicha situación, tornándose esta insostenible para el país", agrega el decreto.
