El empresario Matías Huergo sumó un nuevo revés en la Justicia, ya que su denuncia contra empleados de la AFIP, funcionarios del Poder Judicial Federal y el diputado nacional Martín Grande, fue desestimada y archivada, según lo resuelto por el Juzgado Federal 2 de Salta.

La denuncia de Huergo refería a la causa que se tramita en el Juzgado Federal N° 1, a cargo del juez federal Julio Bavio, que en junio del año pasado lo procesó, junto a otras ocho personas, como integrante de dos asociaciones ilícitas creadas para evadir impuestos mediante la duplicación de facturas apócrifas.

El empresario apuntó contra Jaime Mecikovsky, ex director de Operaciones Impositivas del Interior de la AFIP; Guillermo Andrés Oro, ex director de la Dirección Regional Salta de la AFIP; Rodrigo Zambrano Echenique, ex Jefe de la Sección Penal Tributario de la AFIP y Andrés David Castellaro, ex Jefe de la División Investigaciones de la Dirección Regional Salta AFIP.

También involucró en su denuncia al fiscal federal Ricardo Toranzos, al juez Bavio, a los camaristas Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Santiago French, y al diputado nacional Martín Grande, "todos ellos por llevar adelante un proceso ilegal de espionaje para inculpar a su persona de delitos y a profesionales del derecho, ciencias económicas, funcionarios y políticos de la Municipalidad de la ciudad de Salta y provincia de Salta entre los años 2017 a 2021”.

Huergo argumentaba que hubo “una expedición de pesca para encontrar algo para incriminarlo y perjudicar al entonces intendente de la Municipalidad Gustavo Sáenz, quien había anunciado su candidatura a Gobernador”, y que “en forma permanente el Juzgado Federal, la Fiscalía y la AFIP filtraron información a la prensa" con el objeto de dañar su figura de empresario y la de Sáenz.

En cuanto a Martín Grande, con quien mantenía un vínculo de amistad, Huergo lo incriminó en una maniobra de extorsión ya que, según narró, lo fue a visitar cuando estaba detenido y le advirtió que si no denunciaba al intendente, iba a sufrir serias consecuencias legales.

Dicha denuncia había sido presentada en la Justicia provincial, pero la fiscala Verónica Simesen de Bielke la remitió al Ministerio Público Fiscal de la Nación, por considerar que "se hallan en juego intereses que podrían afectar en forma directa a la Nación, pues se trata de cuestionamientos en relación a las autoridades del organismo fiscal nacional (AFIP), de la Justicia Federal y de un Diputado Nacional”.

Ya con la denuncia en el fuero federal, que se declaró competente en la causa, el fiscal Carlos Amad sostuvo que “algunos de los hechos denunciados por Huergo efectivamente ocurrieron y que los mismos son de fácil constatación, sin perjuicio de considerar que no fueron llevados a cabo en el marco de la comisión de un delito, sino en el cumplimiento de un deber jurídico por parte de quienes Huergo pretende acusar”.

En virtud de ello indicó que los funcionarios de la AFIP mencionados en la denuncia “efectivamente habían realizado una investigación en relación a Huergo como contribuyente del fisco y que la misma tuvo sustento en una denuncia anónima realizada ante el organismo". Además, agregó que éstos también dieron Intervención de ello a la justicia, indicando que "en virtud de sus cargos se encontraban obligados a realizar ambas conductas”.

Espionaje y detención

Huergo había denunciado ser víctima de espionaje y sobre eso Amad señaló que las intervenciones telefónicas "fueron regularmente ordenadas por el magistrado competente”, en tanto el fiscal Toranzos, ante la presunta comisión de un ilícito “requirió se efectúen tareas de inteligencia para la identificación de las personas implicadas en la investigación, con el objeto de determinar el modus operandi y destino dado al dinero”.

Por ello concluyó el fiscal Amad que "las medidas fueron dictadas conforme a los estándares constitucionales y convencionales y que no se trataba -como pretendía sostener Huergo- de prácticas de inteligencia ilegales, sino de diligencias propias de una investigación penal”.

También justificó los más de 90 días que estuvo detenido Huergo, algo que el empresario había cuestionado, en tanto que la medida no fue ilegítima, “sino que fue ordenada por un juez competente en el marco de sus atribuciones y obligaciones de investigar los delitos tipificados por ley y sin perjuicio de ello, que el denunciante contó con todas las vías recursivas para garantizar la revisión de la medida de coerción que pesaba en su contra”.

Amad fue contundente al señalar que con respecto a "las amenazas y extorsiones que habría recibido", refiriendo que los dichos de Huergo "carecen de los requisitos mínimos de coherencia y verosimilitud necesarios para instar la acción penal”.

Entonces a instancias del fiscal federal, el Juzgado 2 consideró que “corresponde desestimar las actuaciones y ordenar el archivo de la causa".

La Causa Huergo

El empresario Huergo bautizó con su apellido al presunto hecho de evasión y corrupción por el que se investiga a empresarios, funcionarios de la gestión municipal anterior y también de la secretaría de Obras Públicas provincial y la empresa estatal Aguas del Norte.

La causa se inicia cuando la AFIP comenzó a indagar sobre una supuesta usina de facturas apócrifas que posibilitaba una maniobra de evasión fiscal de las empresas de Huergo, contratadas para múltiples obras públicas, facturas que se habrían emitido desde computadoras de la municipalidad de Salta.

Pero además en el transcurrir de la investigación, se fueron encontrando otros elementos para sospechar de pagos y desvíos de fondos para direccionar la obra pública o certificar trabajos sin la correspondiente verificación.

De esta manera el juez Bavio dispuso que la Justicia Federal solo se abocaría en avanzar con los delitos referidos a violaciones al Régimen Penal Tributario y el posible lavado de activos, pero remitió a la Justicia provincial las posibles causas de fraude a la administración pública provincial y municipal, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho y violación de los deberes de funcionario público.

En dicha causa surgieron los nombres del ex secretario de Hacienda municipal, Pablo Gauffin, así como también el anterior secretario de Obras Públicas, Francisco Agolio. La investigación luego de una serie de objeciones acerca de qué Justicia, si federal o provincial, debía tomarla, actualmente se encuentra frenada.