La lucha por la despenalización del aborto es una lucha histórica en Ecuador y la despenalización del aborto por violación estaba en la agenda desde hace muchos años. Hubo tres momentos claves e históricos que preceden la lucha legal y de incidencia respecto a este tema, que tuvo un hito el 28 de abril, con el fallo de la Corte Constitucional. Un primer momento en 2013, cuando se empezaba a discutir la reforma del código orgánico integral penal. Lo que sucedió durante el debate fue que varios asambleístas del partido oficialista Alianza País, propusieron una votación del aborto por violación de manera aislada del código. Sin embargo, el presidente Rafael Correa amenazó públicamente con renunciar en caso de que se aprobara, por eso los asambleístas retiraron la moción. “Fue un momento bastante complejo”, cuenta Verónica Vera, de la organización feminista Surkuna, desde Ecuador. “Incluso, esos asambleístas fueron sancionados por haber hecho esa propuesta. Ese año solo cambió la causal que decía ‘El aborto no será punible en caso de violación a una mujer demente o idiota’, a ‘El aborto por violación no será punible en caso de violación a una mujer que tiene discapacidad mental’. El segundo momento se da en 2019, cuando se vuelve a discutir la reforma del código orgánico integral penal y sí logra pasar la despenalización del aborto por violación hasta el segundo debate con mayoría de votos. Pero esos votos no fueron los suficientes para que se aprobara la reforma. De nuevo, no se lograba la despenalización del aborto en casos de violación para todas las mujeres. Y un tercer momento es cuando la reforma del código penal va a presidencia, y presidencia no realiza ningún veto ni ninguna observación respecto a este tema”.

Con este panorama, las organizaciones de mujeres y feministas decidieron que había que buscar otros caminos. Interpusieron una primera demanda de inconstitucionalidad a la penalización del aborto en casos de violación y otra demanda de incumplimiento a las recomendaciones internacionales que existían al respecto. Luego interpusieron otras seis demandas más y una fue de la Defensoría de Pueblo. Eso hizo que la Corte Constitucional priorizara esta temática por sobre otras y la debatiera. “Es por eso que llegamos al 28 de abril de 2021, con esta posibilidad de que la Corte discuta el tema. El fallo que da la Corte Constitucional dice que la penalización del aborto por violación es una medida que no ha servido para prevenir los hechos de violencia, no ha servido para prevenir que se evite tener abortos y que la sanción penal a una victima de violencia sexual por tener un aborto no es proporcional. También dice que la violación es un atentado contra la integridad física, psíquica, moral, sexual, de la dignidad y la intimidad de las mujeres y que puede suceder mas allá de que la mujer tenga una discapacidad mental. Penalizar el aborto por violación obliga a las victimas a un sacrificio desmedido e injustificado al exigirles que continúen con un embarazo producto de una violación”. El fallo dice también que esta sentencia es de inmediata aplicación, entonces de aquí en adelante ninguna victima de violencia sexual puede ser denunciada o condenada por haber abortado. Y todos los procesos penales que estaban en etapa procesal o tenían una sentencia condenatoria deben ser revisados.

Desde Surkuna, la organización que trabaja por el acceso a la justicia de las mujeres con énfasis en la justicia sexual y reproductiva, dicen que este fallo “era urgente y que es lo mínimo”. Era urgente porque venían de muchos años de lucha para que se amplíe este derecho y se deje de restringir la posibilidad de acceder a abortos legales en caso ser víctimas de violencia sexual a las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad mental. Y es lo mínimo porque es un paso pequeño hacia la posibilidad de que el aborto sea libre, legal, seguro, cuidado y feminista para todas las mujeres. “Creemos que ninguna mujer debería ser denunciada y encarcelada por tomar la decisión sobre su vida, sobre su cuerpo, una decisión que es autónoma y pasa por pensar en toda la responsabilidad que significa maternar. Creemos que abortar es una decisión responsable y las mujeres son quienes más conocen sus historias de vida y cuando pueden o no continuar un embarazo. Este es un grito de esperanza en medio de un país tan doloroso y que ha sido tan cruel con las mujeres y niñas durante tantos años”.

Es un camino largo y difícil. “Hemos empezado por la despenalización de las conciencias, por la despenalización social. En este país se creía que la violencia sexual era algo que no sucedía, era un secreto a voces, un secreto que quedaba dentro de las familias. Lo primero que hicimos como organización feminista fue intentar hablar de la violencia sexual en primera persona, ponerle un rostro, hacerle frente y sacarla del closet. Para nosotras lograr vivenciar que la violencia era una realidad ha sido un paso fundamental. Ahora se sabe que en este país la violencia sexual existe, se ha trabajado para que exista prevención y para que no exista impunidad. Hemos planteado la despenalización del aborto por violación como una medida de restitución de derechos, de devolverles a las sobrevivientes la posibilidad de tomar una decisión sobre sus cuerpos y sus vidas que les fue arrebatada en el momento en que sufrieron esa violencia sexual. Eso marcó un camino muy importante: poder hablar de la decisión, poder hablar de lo que implica para una sobreviviente de violencia sexual ser forzada a un embarazo o tener miedo de ir al sistema de salud porque podía ser criminalizada”.

Se presentaron una serie de amicus curiae, organizaciones feministas, sociales, organizaciones de personas con discapacidad, mujeres indígenas, científicas feministas que apoyaban esta causa y con argumentos que permitieron llegar a este fallo para que esta vez sea posible. “Pero es un mínimo”, vuelve a subrayar Verónica.

Una de las primeras reflexiones luego del fallo es cómo van a lograr que la ley empiece a implementarse sin que se interpongan mayores dificultades. “Algo que debemos hacer es estar vigilantes de la actuación de la Defensoría del Pueblo que es quien tiene que proponer esta reglamentación de cómo va a ser posible y efectivizable el acceso a los abortos legales en caso de violación. Ahí hay un trabajo muy arduo. Un segundo paso es ir a la asamblea. No vamos a permitir que este derecho que ya se ganó en un fallo de la Corte Constitucional sea limitado por los y las asambleístas. Creemos que tienen que respetar los estándares que ya dio la Corte y reconocer que un sistema de causales como el que tenemos en Ecuador es incompatible con un sistema de plazos. Las sobrevivientes de violencia sexual se merecen una reglamentación que facilite el acceso”.