No es casualidad que dos años después de iniciada la mal llamada “Conquista del Desierto”, el concuñado de Roca y gobernador de Córdoba, Miguel Ángel Juárez Celman, haya sancionado una ley para expropiar las tierras comunes de las reducciones indígenas que se habían creado durante la Colonia en la jurisdicción mediterránea. Este acontecimiento, poco estudiado en las escuelas cordobesas, pero nodal en la memoria de nuestras familias, implicó el inicio de un nuevo ciclo de resistencia por parte de nuestro pueblo camiare (comechingón), ante una nueva avanzada de los poderosos, por entonces de signo liberal. Un ciclo más en la larga noche colonial, que generó que en 1885 –y ante el descontento frente a la anterior norma- se sancione la Ley n°1002, mucho más adversa para la realidad de nuestras familias, pues mandaba a expropiar “por razones de utilidad pública” las tierras comunitarias. En vano fue la lucha encarada por nuestros nawan Lino Acevedo, Juan Tulián y Félix Reyna (mi tatarabuelo). La modernidad era un proyecto civilizatorio, que por entonces, y de manera arrolladora, doblegó no sólo la resistencia camiare, sino la de otros pueblos pre-existentes a ese Estado-nación que se estaba consolidando, como el pueblo mapuche y los del Gran Chaco.

Nuestras familias ingresaron así al siglo XX, invisibilizadas bajo el ropaje ciudadano. Sin embargo, aquel ciclo de resistencia no había sido el único, pues en diferentes momentos, nuestros antiguos se mostraron tenaces frente al invasor. Prueba de ello, había sido el ajusticiamiento del encomendero Blas de Rosales en Ongamira, allá por el siglo XVI; o el levantamiento “comunero” de 1774 en la zona pochana.

Hoy, ante los avances de proyectos inmobiliarios, mineros, agropecuarios y turísticos –no sólo privados sino estatales- estamos en presencia de otro nuevo ciclo de lucha. Estas iniciativas no sólo ponen en riesgo el 3 por ciento de monte nativo que queda en la provincia, sino que amenazan Sitios Sagrados Ancestrales (que algunos se empecinan en llamar sitios arqueológicos) donde están enterrados nuestros muertos, y que se constituyen en sitios de memoria.

Ante esta penosa situación, muchas de las comunidades camiare le exigimos al Estado provincial que haga cumplir la legislación que nos tiene como sujetos de derecho. Sin ir más lejos, frente al proyecto “Autovía de Punilla”, el proceso de Consulta que sugiere la Ley Nacional 24.071, no ha sido puesto en acción todavía. Tampoco se ha instrumentalizado, en Córdoba, la Ley Nacional 26.160 de “emergencia territorial indígena”. Y, mucho menos, frente a otra temporada de seca en la que proliferarán los incendios intencionales se nos consulta cómo implementar un plan de reforestación, o qué daños han provocado los anteriores incendios.

Es fundamental entender las relaciones entre el Estado y los pueblos originarios, desde una perspectiva histórica. Pues corremos el riesgo de que se desdibuje nuestra entidad en tanto sujetos colectivos pre-existentes al Estado-nación. De esta manera, se vuelven inteligibles esos ciclos de luchas, que son visibles en momentos en que se avanza sobre nuestros derechos y territorios. Y podemos soñar la construcción de un Estado, ya no nacional, sino plurinacional.

*Licenciado en Historia y docente en la Universidad Nacionalde Córdoba. Nawan menor de la "Comunidad TimoteoReyna", Pueblo Camiare (Comechingón).