Las familias de las comunidades que habitan en el amplio territorio de Pozo del Castaño, en el norte de la provincia de Santiago del Estero, esperaban que en la segunda semana de mayo hubiera novedades sobre la denuncia por agresión y amenazas de muerte que hicieron el 3 de mayo, vía virtual, en el marco de un conflicto territorial.
No pasó nada de eso y ese silencio es ahora "una de las preocupaciones” de la dirigencia campesina porque están conteniendo a la gente para evitar hechos de violencia, contó Roger Almaraz, integrante del equipo de comunicación del Mocase Santiago del Estero, quien responsabilizó al sojero Hugo Moschén por cualquier situación violenta que pueda surgir en ese territorio.
Los ánimos están agitados desde el 3 de mayo, cuando Cristian Serrano y Mauro Serrano fueron atacados por Carlos Cuba, a quien les campesines identifican como empleado del empresario santafesino Hugo Moschen, que disputa casi 8 mil hectáreas con las comunidades asentadas en ese lugar.
Los Serrano habían ido a ver sus animales en el monte, sobre la margen del Canal de la Patria, en una zona de pastoreo de vacas de varias familias, y cerca del lugar donde Cuba hizo un cerramiento y construyó una casa y un tinglado, violando una medida de no innovar que está vigente desde hace un año.
Según informó el Mocase, Cuba, a quien conocen con el apodo de "El Paraguayo", "interceptó en el camino, atravesando su camioneta y cerrándoles el paso" a los Serrano, quienes andaban en una motocicleta. "El violento se bajó del vehículo, y sin mediar palabras le dió un culatazo en la mandíbula con un rifle calibre 22 a Cristian, luego, colocándole el caño en la garganta comenzó a insultarlo y a amenazarlo de muerte". La agresión fue presenciada por otro vecino, Julio Álvarez, que pasó justo por ahí.
Despúés Cuba retrocedió, siempre apuntándoles con el rifle, hasta su camioneta y "desde allí sacó, una pistola y le realizó un disparo" que no impactó en el cuerpo de Cristian. "No se acerquen por aquí que si no, los voy a matar a todos, incluso con sus propios hijos", los amenazó antes de irse.
Como por la mala condición de los caminos no pudieron salir hasta la Comisaría de la ciudad de Tintina, distante 60 kilómetros, la denuncia se hizo de manera virtual, a través de la abogada de las comunidades, Elba Sorribas, ante el fiscal penal especializado en la problemática de tierras, Miguel Torresi.
A pesar de que inmediatamente se ordenaron medidas y la policía fue al territorio a tomar declaraciones, las familias esperaban alguna noticia más consistente para el 12 de mayo, la fecha tentativa que habían dejado los uniformados. Pero no hubo novedades. Encima, la pandemia obligó a suspender un viaje de miembres del Comité de Emergencia para la Atención de la Problemática de Tierras de Santiago del Estero.
La idea era “verificar estas cuestiones, el tema de los disparos y hacer un informe de evaluación de riesgos”, explicó Sorribas, quien detalló que la intención es cerrar esta parte del proceso y pedir al juez de garantías “otro tipo de medidas de protección, ya de prohibición de acercamiento”, porque entienden que se ha llegado a una instancia de gravedad, con un "atentado a la vida, ya no está en juego la propiedad”.
Por esas dificultades de la comunicación, en un pueblo al que se accede por caminos de tierra y que no tiene servicio de energía eléctrica ni señal de telefonía, la abogada no pudo hablar aún con Cristian Serrano, que tuvo que ser atendido por la lesión que le provocó el culatazo en la zona del cuello. Sí habló con otros campesinos, el 15 de mayo.
La justicia es muy lenta
El 18 de mayo el Mocase publicó un nuevo comunicado, esta vez advirtiendo que "La justicia es muy lenta". Fue tras una reunión de familias de los parajes El Retiro, Mercedes, 9 de Julio, El Aibal, El Puesto de los Santos Lugares.
"Con mucha preocupación", las comunidades recordaron que vivían pacíficamente en su territorio y por eso, ante este nuevo incidente, acudieron al fiscal Torresi, "para exigirle JUSTICIA, a través de su rápida intervención, ya que no podemos CONVIVIR con un sicario (Carlos Cuba alias el "paraguayo") que pone en riesgo la vida".
El Mocase aseguró que sus integrantes no quieren usar las "mismas estrategias" de Cuba, porque "esto se podría convertir en acciones muy violentas", por eso esperan respuestas del Poder Judicial, pero de no ocurrir así, advirtió que les pondrán "en la obligación de hacer valer nuestros derechos", por lo que responsabilizó a Moschén por cualquier hecho de violencia. Y tras denunciar que el empresario y sus empleados, "Aparte de que son violentos, violan sistemáticamente la orden judicial que existe por este conflicto de tierra", avisó: "No vamos a retroceder, ni para tomar impulso. Por la tierra, por el agua y el monte".
El Mocase denunció que El Paraguayo "es empleado y parte de la patota armada de Moschén", que incluso "contrató a patotas" y hasta alguna vez, a personas vinculadas con el narcotráfico, sostuvo Almaraz.
En el primer comunicado el Mocase destacó que Cuba transgrede la medida judicial de no innovar "sistemática y violentamente, con amenazas de muerte y abuso de armas de fuego en contra de la comunidad, incluídos los/las niños/as".
Un caso paradigmático
Distante más de 250 kilómetros de la capital provincial, Pozo del Castaño tiene características particulares que lo convierten en un caso paradigmático de defensa de la tierra por parte del campesinado. Es una extensión de 30.400 hectáreas que abarcan los departamentos Figueroa, Alberdi y Moreno, en el norte santiagueño. En ese lugar viven unas 60 familias, en 150 unidades productivas.
El conflicto territorial con Moschén viene desde 2010, y la discusión es por tierras de El Retiro, 9 de Julio, El Aibal y el Puesto de Los Santos Lugares.
El empresario llevó la disputa al terreno judicial, con un interdicto de recobrar posesión, dirigido contra los campesinos César Omar Acosta, Tito Orlando Almaraz, Roger Elijio Almaraz y Mario Hernán Figueroa, que acompañó con el pedido de que se dicte una medida cautelar de no innovar. A principios de 2020 la jueza civil Alicia Brim hizo lugar a esta última petición (mientras sigue sustanciándose la demanda civil) y prohibió a ambas partes realizar modificaciones en el lugar. “Los empleados de Moschén son los que incumplen, porque la medida es de no innovar, o sea, que las cosas se mantengan en el estado en el que se inicia la causa”, sostuvo la abogada de las comunidades.
Sorribas dijo que con "los aportes de la historia, de la arqueología de la antropología”, son "muy optimistas" sobre el resultado de esta disputa, porque las comunidades tienen la posesión desde siempre. Incluso, cuando la jueza mandó a hacer una constatación sobre "la posesión de la comunidad de Pozo del Castaño" se verificó también que "No hay ningún acto posesorio de Moschén que se verifique en esa acta de posesión hecha por ellos mismos, de hecho El Paraguayo es el que la guía a la jueza de paz” y “no verifica ningún acto de posesión de Moschén”.
Para demostrar su residencia ancestral en este lugar, la defensa de las familias campesinas presentó relevamientos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y de la Administración de Parques Nacionales, entre otros trabajos.
Estas familias, que integran la Unión de Pequeños Productores del Salado Norte (UPPSAN), organización de base del Mocase, se dedican a la cría de cabras, vacas, gallinas y ovejas, y a la producción agrícola. También extraen leña. Además, en Pozo del Castaño queda una de las reservas de bosques nativos santiagueños que deben ser protegidos, por lo que también se plantea la posibilidad de que se haga una reserva.
Además, en el lugar hay huellas del poblaciones indígenas (se han encontrado vasijas, hay un cementerio) y el investigador Luis Garay hizo un trabajo sobre el pasaje de estas personas de indígenas a hacheros y luego a campesinos.
“Es una comunidad melera y es un sistema de producción indígena, y se transmite de generación en generación, vos llegás y los chiquitos te muestran como ellos, cada uno tiene su palito y su lugar donde produce miel. Y después son quichohablantes y todos, todos son quichuistas”, tienen intacto el cementerio indígena, “hay muchos rastros arqueológicos, es una zona que está actualmente en tratamiento para ser una reserva desde la Dirección de Patrimonio de la provincia porque hay recursos arqueológicos, vasijas, cementerio”, afirmó la abogada.
Se trata de “una comunidad muy grande, de hecho creo que es una de las reservas campesinas más grandes de la provincia, tanto en superficies como en habitantes”. Y enfrenta conflictos con dos empresarios, Moschén, y Luis Resio, cuya disputa, por 4.500 hectáreas, es anterior y está en este momento en una mesa de negociación política, con la Dirección de Bosques y la Dirección de Relaciones Institucionales como veedores.
Estos organismos indicaron que la política del gobierno santiagueño está destinada básicamente a "acompañar a las familias que están en conflictos por la tierra", dando asesoramiento y acompañando estos procesos "como para equilibrar estas relaciones de fuerza a veces tan desiguales que existen entre grupos empresariales y las organizaciones compesinas".
